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SOSorinoco denuncia desastre ambiental en mina en río Icabarú 

“Esta zona está protegida como Reserva HIdráulica y está aportando toneladas de sedimentos, por la extracción minera, a través el río Caroní al sistema hidroeléctrico Guri, contribuyendo así a disminuir su tiempo de vida útil”

La organización no gubernamental SOSorinoco denunció en su cuenta X que cerca de la comunidad indígena de San José de Wadamapá, en el sector 7 en el estado Bolívar, estaba ocurriendo un desplome programado o provocado para obtener más material aurífero para el procesamiento. La ONG calificó esto como “un desastre ambiental”.

La mina, según publicación de este 12 de noviembre, es “propiedad” de un brasileño llamado Paraiba, quien ha introducido clandestinamente toda la maquinaria tipo “jumbo”, a través de caminos verdes que atraviesan la frontera con Brasil.

Esta zona está protegida como Reserva Hidráulica y está aportando toneladas de sedimentos, por la extracción minera, a través el río Caroní al sistema hidroeléctrico Guri, contribuyendo así a disminuir su tiempo de vida útil .

Días antes, Cristina Burelli, fundadora de la organización SOS Orinoco, aseveró que la minería ilegal condena a las personas a una pobreza de la cual no pueden salir, ya que para involucrarse en esta actividad ilícita deben endeudarse con la compra de los materiales. 

“Cada gramo de oro que ellos producen terminan pagándolo al jefe de la mina, que muchas veces es un pran, un guerrillero o mafioso. Entonces, nunca salen de ese círculo vicioso en el que entran. Es un poco como el negocio del narcotráfico”, dijo Burelli durante su participación en el programa Háblame Bajito de Radio Fe y Alegría Noticias.

De acuerdo con la representante de SOS Orinoco, “Venezuela es prácticamente el epicentro de la trama criminal de la minería, ya que a diferencia de otros países, el Estado y las Fuerzas Armadas venezolanas estarían inmersos en el negocio”. 

Desplazamiento de garimpeiros

Por este motivo, a pesar de que los garimpeiros fueron desalojados de Brasil, estos se trasladaron al lado venezolano, específicamente a la zona de Ikabarú y el Alto Orinoco, porque “saben que pueden hacer negocios con las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional”, que son quienes custodian la frontera. 

Además, señaló que los indígenas locales se desplazaron hacia el sur, a lugares como Río Negro y Autana. En este sentido, reiteró que tanto desalojar a los mineros como reforestar las áreas destruidas es muy complejo, por lo que requiere planificación, organización y el respaldo de expertos en biodiversidad y agroforestería. 

“Hay marcos regulatorios ambientales, el problema es ponerlos en práctica, identificar la parte criminal y ver cómo se apoyan los Estados democráticos para combatirla”, añadió.

Burelli recordó que los derechos humanos están siendo vulnerados con la proliferación de situaciones de esclavitud moderna, trata de personas y otras formas de abuso. 

No obstante, enfatizó que con la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del pasado 8 de noviembre se logra mayor visibilidad para el tema y se logra comprender la situación real del impacto de la minería ilegal en los derechos humanos. “En la unión está la fuerza”, concluyó.

Foto: José Díaz

Con información de Fe y Alegría