Sinergia y Odevida dictan talleres sobre DDHH en la Gran Sabana
25 indígenas pemón recibieron inducción, durante dos días, sobre los derechos ambientales y sobre la importancia de que Venezuela suscriba el Acuerdo de Escazú
Benilde Fernández caminó 18 horas (9 de ida y 9 de regreso) para poder llegar a Santa Elena de Uairén, al sur del estado Bolívar, y así poder asistir al taller de dos días sobre derechos humanos.
Se veía visiblemente cansada, pero no escatimó esfuerzo para sonreír y agradecer que estaba en medio de esa sala llena de sus hermanos ancestrales. “Todo lo que aprenda en este taller me comprometo a llevarlo a mi comunidad, cerca del Esequibo”.
Su testimonio fue uno de los primeros que se escuchó cuando se dió inicio a la jornada. De inmediato los aplausos se escucharon y la admiración se dejó sentir en el grupo de talleristas.
En mi comunidad el gobierno no tiene mucha presencia, algunos cruzan la frontera y van a Guyana para ir a trabajar, estudiar, para ir a los hospitales. Venir a este lado (se refiere a Bolívar) implica salir a las 5:00 a.m., caminar toda una montaña, cuidarse de los peligros y llegar a Sifontes, cerca del kilómetro 88, donde uno se encuentra con otros peligros. Por eso quiero formarme y llevar el tema de los derechos humanos”, dijo la mujer que llegó al taller en compañía de su hija Marina.
Esos otros problemas a los que se refirió Benilde, se fueron exponiendo y discutiendo durante el tercer taller sobre derechos humanos (ambientales e indígenas, específicamente) dictado por la Red Sinergia y su aliada Odevida, como parte de la implementación del proyecto Rostros y luchas de la Venezuela profunda, que se desarrolla desde noviembre de 2022 y que ya abarcó grupos étnicos en el Zulia, Amazonas y, ahora, en este sector de Bolívar.
La capacitación que tuvo lugar los días 17 y 18 de octubre en Santa Elena de Uairén, municipio Gran Sabana, reunió a 25 representantes de comunidades distintas y distantes del pueblo Pemón.
Maritza Acuña, con doctorado en Educación Ambiental, y el abogado Luis Bello, estuvieron a cargo de la agenda de contenidos, cuya temática inició con la definición de los derechos humanos.
Antes se hizo una dinámica de presentación: los asistentes llegaron de Sifontes (cerca del kilómetro 88), de Maurak, de Parkurik (en las proximidades de Icabarú), de San José de Wana, Kavanayen, de San Miguel cerca del Esequibo, de Kaikan de Venamo, de San Ignacio de Yuruaní, de San Antonio de Morichal. Pero todos con el marcado interés de aprender y fortalecer el liderazgo para ayudar en sus hábitats.
En total, fueron 25 indígenas pemón que recibieron capacitación, hablaron y comprendieron sobre la importancia de que Venezuela suscriba el Acuerdo de Escazú y, a la vez, tuvieron un espacio para mostrar sus modos de vida.
Aunque el taller tuvo una estructura programática por horas y objetivos, el espacio (fue en un salón abierto en medio de una montaña) favoreció el cooperativismo y la cercanía.
De las mesas se pasó muy rápidamente a un círculo en donde cada uno pudo hablar en confianza de lo que hacen, de cómo defienden los derechos, de cómo se cuidan de la persecución política y de los llamados “sindicatos” que operan en las minas y de cómo alzan voz para impedir la degradación del ambiente.
Sobrevivir en un estado abandonado
Entre el grupo de beneficiarios que llegó de Sifontes estaban Ítalo y Ana, ambos docentes de profesión, fieles promotores de la diversidad ecológica de sus zonas.
De Sifontes hasta Santa Elena de Uairén se trasladaron por más de una hora y media en transporte público (60 $ ida y vuelta cada uno). Ellos viven en una zona económicamente cara, donde todo se paga con grama de oro.
En estos poblados se compra el pan, el papel higiénico, un teléfono, se paga la gasolina, incluso los salarios se cancelan con grama de oro: una grama son 240 reais brasileños, que son cerca de 40 dólares, ésta última moneda casi no se ve en el mercado, al igual que el desaparecido bolívar venezolano.
Un pollo entero puede costar 20 dólares, que son 100 reais. Por eso muchas comunidades hacia el sur del estado se benefician de la cría de gallinas y del conuco, pues tampoco pueden contar con la frecuencia de las bolsas de comida entregadas por el gobierno nacional.
Los de Araimatupü, en el sector 4 Cuyuní, también en las cercanías de Sifonte denunciaron la presencia de pranes, falta de maestros y de insumos en los hospitales, prostitución, drogas y pérdida del idioma ancestral.
Hay casos de comunidades como Parkupik, una zona a 20 mil metros de altura, de donde es Omar Silva uno de los jóvenes beneficiarios, a las que se llega más frecuentemente por vía aérea (250 dólares el boleto). Por tierra o por mar son viajes de más de tres días. Por eso sus habitantes justifican la minería como la forma más directa para cubrir sus necesidades.
En esa zona, del sector 7, han construido carreteras y su pista de aterrizaje, escuelas (ya tienen más de 5 promociones de bachilleres) aunque carecen de materiales educativos, un ambulatorio tipo 1 al que le faltan insumos (abunda la malaria y escasea la fumigación), tienen electricidad e Internet.
Tienen incluso normas ciudadanas. No permiten el consumo excesivo de alcohol, las drogas están prohibidas y, a pesar de la minería, tratan de mantener el medio ambiente, principalmente hacia la parte de Icabarú, cuyos ríos están siendo afectados por el mercurio.
En las comunidades San Ignacio de Yuruaní, de San Antonio de Morichal las vulneraciones son en todos los ámbitos: pérdida de la identidad cultural, ancestral, migración, a los enfermos los deben llevar a Brasil, deserción escolar y de profesores, avance de la minería y la deforestación.
Estos modos de vida fueron contados durante unas de las actividades que incluyó la capacitación en la que los pemón debían hablar sobre las fortalezas y las debilidades de sus comunidades.
Aunque la problemática tomó más tiempo, al final del taller se logró la acción, a que se movilizaran por el cambio. Ellos mismos se llevaron la tarea de mejorar viendo las experiencias de autogestión que tienen algunos grupos.
Esperanza, defensa, fuerza, unión, seguimiento y educación fueron algunas de las palabras con las que cerraron estos dos días de disertación sobre los derechos humanos y su importancia para preservar la vida.
Los 25 pemón se fueron incluso con el discurso del Acuerdo de Escazú en sus conversaciones. Muchos escucharon ese tratado por primera vez. Pero, al final todos entendieron que si Venezuela lo suscribe los pueblos ancestrales permanecerán y tendrán un desarrollo sostenible.
Estado minero
- Para el 2014, de acuerdo a proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el municipio Gran Sabana se calculaba una población de 36.728 habitantes, de los cuales 7.000 aproximadamente trabajaban en las minas de Icabarú, dato que documenta el informe de Sos Orinoco “Minería en Icabarú, Cuenca Alta del Caroní: De la Incoherencia a la Anarquía Criminal de Estado”.
- El mismo informe reseña que esa situación cambió drásticamente con el anuncio presidencial del “Arco Minero del Orinoco” en febrero de 2016: “a partir de esa fecha llegaron miles de personas al eje Santa Elena de Uairén-Icabarú para trabajar en las minas. Desde entonces se agudizaron tanto los daños ambientales y sociales en la zona, como la inseguridad, asesinatos y los conflictos con las comunidades pemón, pobladores originarios de estos territorios”.
Texto y fotos: Mabel Sarmiento Garmendia
