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El intento por controlar a las ONG

Las recomendaciones del GAFI sobre cómo monitorear las actividades de las agrupaciones de la sociedad civil en el sistema financiero son ignoradas en países como Venezuela, donde desde hace años las autoridades lanzan campañas sistemáticas contra activistas y organizaciones civiles, a los que se acusa de «desestabilizar» y de «traición a la patria».

Bajo el pretexto de evitar que las ONG sirvan de vehículo para supuestas interferencias extranjeras en los asuntos internos, se les han impuesto o se les quieren imponer nuevas regulaciones, algunas de ellas supuestamente amparadas en lo estipulado por el GAFI.

Ejemplo de lo anterior son:

  • El proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, que la Asamblea Nacional electa en 2020 aprobó en primera discusión a principios de este año, o la reactivación de las discusiones del proyecto de Ley de Cooperación Internacional.
  • La providencia n.º 001-2021, modificada por la n.º 002-2021, la cual obliga a las organizaciones sin fines de lucro a registrarse ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft) y la circular que en 2020 emitió la Superintendencia de Bancos (Sudeban), en la cual le pedía a los bancos vigilar especialmente las cuentas de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y sus transacciones.
  • La regulación especial aplicable a las ONG constituidas o registradas fuera del país, que pretendan realizar actividades no lucrativas en el país, establecida en la resolución conjunta de los ministerios de Interiores, Justicia y Paz y de Relaciones Exteriores, publicada en la Gaceta Oficial n.° 41.994 del 27 de octubre de 2021, de acuerdo con la cual para laborar en el país deben obtener «la correspondiente certificación de inscripción en el Registro Especial Automatizado de Organizaciones No Gubernamentales No Domiciliadas, Regong» (artículo 3), que tendrá una vigencia de un año, por lo que deberá ser renovada anualmente (artículo 8).

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