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A 30 años de Haximú, las comunidades indígenas siguen vulneradas

En Venezuela nunca fue investigado el caso ni juzgados los atacantes, destacó la abogada Elienai González, documentadora e investigadora legal en Provea.

Precariedad, violación a sus derechos fundamentales, extractivismo minero, violencia, drogas, trata de personas, un Estado ausente, son algunas de las situaciones expuestas por los abogados Elienai González y Fernando Fernández, durante el foro: Crímenes en la Amazonía: lecciones no aprendidas de la masacre de Haximú, organizado por Sinergia, Odevida, Monitor Indígena y Provea.

El evento, moderado por el abogado Diego Ponce de León, coordinador e Incidencia de Sinergia, realizado este 10 de agosto en los espacios de Transparencia Venezuela, fue una clase magistral de cómo se ha ejecutado la violación de los derechos humanos fundamentales a las comunidades y pueblos indígenas en el país.

Entre los meses de junio y julio de 1993, en el estado Amazonas, en el sector conocido como Haximú, se produjo mediante dos ataques el asesinato de 16 indígenas yanomami, ocho de ellos niños y niñas incluyendo un niño de menos de un año.

Las investigaciones apuntan a que la masacre fue hecha por 22 mineros de nacionalidad brasileña que realizaban labores de minería de manera ilegal. Al cometer los asesinatos huyeron hacia territorio brasileño.

En Venezuela nunca fue investigado el caso ni juzgados los atacantes, destacó González, documentadora e investigadora legal en Provea.

Por el contrario, dijo, en Brasil las investigaciones avanzaron. Allá condenaron a seis personas (de los 22) a 20 años de cárcel.

Dijo que, por la parte venezolana, el Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, Provea, el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional y Human Rights Watch Americas presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se promovió un acuerdo amistoso “que se cumplió parcialmente”. También hubo otro suscrito, que tampoco se ha cumplido, que incluía la coordinación de los estados de Venezuela y Brasil para controlar la minería ilegal en la zona yanomami; y un nuevo compromiso con la salud.

En estos momentos, alertó, los pueblos indígenas venezolanos, están mermados por la extracción minera, la droga, la acción de los grupos armados y la trata de persona.

Posición también compartida por el abogado Fernández, autor del libro “Crímenes contra los pueblos indígenas afectados por el arco minero del Orinoco”, quien señaló que la situación ha emporado dramáticamente y más con el desarrollo del Arco Minero, y acotó que “el genocidio no se da sólo por el asesinato, sino también por la persecución”.

Lo que está ocurriendo ahora, comentó, es que la selva es un gueto para los indígenas, no su hábitat. “Sobre la masacre de Haximú el Estado venezolano tuvo medidas poco asistenciales. Hay un vacío legal y Venezuela no tipificó el genocidio”.