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Conozca las críticas y los cuestionamientos de las expertas de la Cedaw a la delegación venezolana

Este mes se celebra el 85º período de sesiones del Comité. En este lapso, los países que se han convertido en parte del tratado (Estados parte) deben presentar informes periódicos sobre cómo se están aplicando los derechos de la Convención. A Venezuela le tocó esta semana

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Está formado por 23 expertas en derechos de la mujer de todo el mundo.

Básicamente, es una herramienta que ayuda a las mujeres de todo el mundo a provocar cambios en su vida cotidiana.

Este mes se celebra el 85º período de sesiones del Comité. En este lapso, los países que se han convertido en parte del tratado (Estados parte) deben presentar informes periódicos sobre cómo se están aplicando los derechos de la Convención.

Está previsto que se examinen Alemania, China, Eslovaquia, España, Hong Kong (China), Islandia, Macao (China), Santo Tomé y Príncipe, Timor-Leste y Venezuela.

A Venezuela, representada por la ministra de la Mujer e Igualdad de Género, Diva Guzmán, quien encabezó la delegación del Estado venezolano durante la revisión del noveno Informe, le tocó esta semana presentar su reporte y aquí las observaciones del grupo de expertas:

✅Leticia Bonifaz:  En Venezuela existe una pobreza generalizada, que el Banco Mundial calcula en un 89 % de la población, muchas personas agotaron sus medios de vida y sufren deficiencias en los servicios básicos

  • Venezuela es el segundo país del mundo con más personas desplazadas, sólo por detrás de Siria. Hay un millón de personas venezolanas solicitantes de asilo en el mundo.
  • Nos preocupó que Venezuela abandonara el Sistema Interamericano, porque dejó sin protección a muchas personas.

Bonifaz consultó cómo están funcionando las casas de abrigo para la atención y protección integral de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia de género. “¿Qué medidas se están tomando para evitar políticas conciliatorias en caso de violencia?”.

También preguntó ¿cómo se está capacitando a jueces y a fiscales para que exista perspectiva de género en los juicios de los que son parte las mujeres? ¿Está llegando la justicia también al campo, a las mujeres rurales? ¿Cómo se están atendiendo en particular las medidas de protección y reparación en los casos donde las mujeres son parte de algún juicio?

La experta preguntó qué pasa con las mujeres defensoras de derechos humanos, qué protección se tiene prevista para ellas y para que cese cualquier acto de intimidación y cómo se va a realizar la investigación y enjuiciamiento de todos los casos de intimidación y represalias.

En las cárceles las mujeres están en lugares sin luz solar, sin ventilación, sin agua, no hay condiciones de higiene y son víctimas de constantes vejaciones, qué atención se les está dando para que reciban un trato digno y mejores condiciones de permanencia”, señaló.

Insistió en cuál es el papel que están jugando las mujeres y particularmente las mujeres indígenas y rurales en prevención y combate del cambio.

Por su parte, Marion Bethel dijo que el Estado parte (Venezuela) no ha interactuado en base a la resolución del Consejo de Seguridad 1325 para establecer un plan de acción nacional.

“Aunque Venezuela tiene un marco jurídico que prohíbe la discriminación por género, las mujeres venezolanas siguen enfrentando prejuicios sociales e institucionales sustantivos, sobre todo en el ámbito político”.

Señaló que al menos 40 % de los más de 5 millones de venezolanos que han abandonado el país son mujeres, “la demografía de las migrantes venezolanas corresponde a mujeres y familia con menor estatus socioeconómico. Más del 37 % de las migrantes venezolanas han sido víctimas de algún tipo de violencia sexual y se teme denunciar esos incidentes, con inclusión de trata y explotación laboral, debido a las eventuales repercusiones negativas en su situación migratoria”.

Preguntó ¿está de acuerdo el Estado parte en que la participación de las mujeres y su liderazgo son esenciales para lograr una paz sostenible y evitar conflictos futuros? ¿Está de acuerdo en que es esencial incorporar una perspectiva de género en las negociaciones nacionales? ¿Contempla el Estado parte adoptar un plan de acción nacional que demuestre su compromiso con la agenda de mujeres, paz y seguridad, en consulta con las organizaciones de la sociedad civil?

  • Venezuela señaló en su informe que realizó una reforma a la Ley Orgánica del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y que están en proceso de adecuación de las 6 casas de abrigo que existen en Venezuela donde han transitado 21 personas, entre mujeres y niños.
  • Venezuela aseguró que en algunos casos establecidos en la Ley Orgánica del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia queda prohibida la conciliación.
  • Venezuela dijo que jueces y juezas y el funcionariado técnico “está siendo educado con perspectiva de género”. “En Venezuela tenemos en todo el territorio nacional garantizada la justicia de género”.

El resto de las preguntas la delegación dijo que respondería por escrito.

No obstante, Bethel expresó que hizo referencia a la Resolución 1325 sobre la necesidad de elaborar un plan de acción y una agenda en consulta con la sociedad civil para abordar la crisis en curso en Venezuela, y manifestó que le gustaría que el Estado parte le informara en concreto sobre esto.

La representación de Venezuela respondió que en el país no existe ningún conflicto, ni una crisis humanitaria, que implique una reintegración de mujeres, ni una rehabilitación de mujeres, ni una perspectiva de género sobre la base de la existencia de un potencial conflicto.

Sin políticas

 La experta Genoveva Tisheva destacó no conocer cómo funcionan, cómo están coordinados, cuáles son los recursos y los cambios positivos que han aportado para la mujer los diferentes consejos y comités que se han establecido desde el Estado para garantizar una vida libre de violencia.

No hay un sistema de datos desglosados y no se permite tener en cuenta los aspectos de la situación de la mujer en su diversidad, por lo tanto, no puede ser una base para tomar decisiones fundamentadas ni estrategias y planes en distintos ámbitos de la igualdad de género. Tampoco se mencionan planes o programas futuros”.

Expresó que, a falta de un mecanismo con buenos recursos, que funcione y esté bien equipado es difícil afrontar la protección de mujeres y niñas y respetar sus derechos y empoderamiento.

  • ¿Cómo se garantiza que se cumplan las políticas de género con los mecanismos existentes y todas las problemáticas como problemas humanitarios, feminicidios, violencia contra la mujer, derechos sexuales y reproductivos, migración, empleo de distintos grupos vulnerables?

“Den un plazo, porque en 2023 la Comisión Nacional de la Ley Orgánica contra la violencia entrará en vigor para garantizar la coordinación y la supervisión de todas las acciones para las mujeres víctimas de violencia”.

Consultó si se prevé establecer un observatorio sobre el feminicidio y sobre las desapariciones, incluidas las desapariciones forzadas de las mujeres, y recopilar y analizar los datos existentes periódicamente.

En su intervención preguntó ¿cuál es el órgano de coordinación y los mecanismos institucionales, cómo interactúan con otros órganos y cómo funcionan entre sí? ¿Cuál es la relación del Poder Ciudadano en Venezuela con el mecanismo de igualdad de género? ¿Cómo prevén reforzar el mecanismo institucional de igualdad de género alrededor del Ministerio de Igualdad de Género con recursos financieros, técnicos y humanos?

Además, ¿cuál es el presupuesto asignado para 2023? ¿cuál es el presupuesto que se va a asignar en los próximos dos o tres años? ¿cuándo prevén redactar su próxima estrategia de igualdad de género y su respectivo plan? ¿en estos qué planes van a mencionar explícitamente en la integración de cuestiones de género, la presupuestación de género, la recopilación de datos estadísticos desglosados por género? ¿las ONG están implicadas en este trabajo? ¿cómo se les consulta?

 Tisheva indicó al Estado venezolano que, mirando sus respuestas en el informe respecto al mecanismo de avance para la mujer, se pregunta si prevén acelerar el proceso de democratización de Venezuela a través de un prisma femenino.

“¿Se está pensando en reconceptualizar y rediseñar los mecanismos para el avance de la mujer en línea con las observaciones finales y las recomendaciones del Comité Cedaw y la aplicación de los ODS respectivos? ¿se hará en consulta con las ONG de mujeres? ¿Se está pensando en una nueva ley sobre igualdad de género?”.

 Durante su turno, Rangita De Silva De Alwis consultó a Venezuela si incluirá el artículo 4 de la Cedaw como una herramienta interpretativa de la Constitución al hacer la denominada “revolución judicial” en Venezuela.

La CPI está investigando casos de persecución política, detenciones arbitrarias y violencia sexual en Venezuela desde 2014. Ha llegado la hora de abordar la historia de impunidad para los crímenes de género según el derecho penal internacional”.

Destacó que, para la prevención de estos crímenes, lo único que se puede hacer es tener a mujeres representadas en las agencias de aplicación de la ley, en el enjuiciamiento público y en el sector judicial.

“¿Se van a considerar medidas especiales temporales para las mujeres en el ámbito de la justicia? ¿Cuáles son los pasos que se están dando para que haya justicia de transición? ¿Cómo van a participar las víctimas en los procedimientos judiciales futuros? ¿Cuáles son los pasos para adoptar medidas especiales temporales para mujeres víctimas?”

Señaló que Venezuela es uno de los países más violentos del mundo. “Ya se han registrado casi 6 millones de personas venezolanas refugiadas y migrantes. ¿Cómo usan las cuotas y la participación de la mujer como forma de control de la crisis? Un Estado parte como Venezuela debería volver a dar forma al escenario político y económico para acelerar el crecimiento. La igualdad sustancial de las mujeres es la clave para desencadenar ese crecimiento”.

Pidió medidas especiales para que haya paridad y liderazgo de la mujer como parte de la legislación de Venezuela.

Al respecto, la delegación venezolana aseguró que se duplicó la cantidad de fiscales con competencia en femicidios y señaló que se piensa establecer casas de paso para que las víctimas permanezcan durante la investigación.

 Bandana Rana, sin embargo, consideró que el marco reglamentario para la aplicación de la ley todavía no se ha promulgado. Preguntó cuándo se promulgará y solicitó fecha.

“Se menciona que la violencia de género es prevalente en los cuerpos de seguridad y los procedimientos judiciales ¿Qué medidas se adoptan para evitarlo? Los casos de femicidios se han duplicado. Desde 2016 no hay datos oficiales precisos sobre los femicidios . ¿Cómo planean abordar y enfrentar esta cuestión? ¿Cómo planean poner estos datos a disposición del público?”.

Refirió que hay muchos casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes que no se denuncian, porque no se obtiene protección por parte del Estado. “¿Cómo planean organizarse para que se pueda denunciar más y sea más fácil hacerlo?”.

Dijo que el Estado venezolano no ha avanzado en la protección de la población LGBT. “¿Qué planean hacer para aumentar la protección de la que deben gozar estas personas? ¿Cómo planean organizarse para que se denuncie más y se garantice la protección en espacios públicos?”.

Rana consultó si los centros de abrigo que ha mencionado el Estado venezolano funcionan. “La ley menciona que tiene que haber al menos un centro por municipio. ¿Contempla el Estado venezolano ampliar estos servicios y equiparlos mejor?”.

Interrogó sobre si la consulta pública sobre el Plan Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres ya concluyó. ¿Cuál ha sido la participación de la sociedad civil en ese proceso y su aplicación? ¿Los datos de violencia de género que figuran en el informe presentado ante la Cedaw por parte del Estado venezolano son públicos? ¿Cómo planean tener un sistema estadístico sobre VbG que incluya no solo datos, sino indicadores en este campo?, fueron otros de los cuestionamientos.

 Mientras que a la experta Daphna Hacker le preocupó la falta de atención que se confiere a la prostitución y su explotación.

Me rompe el corazón escuchar informes alarmantes de mujeres venezolanas que son explotadas con fines de prostitución y que han sido víctimas de trata. Las mujeres que han salido de Venezuela en condiciones “complicadisimas” están expuestas a graves riesgos. El desfase entre las estadísticas oficiales y las de las ONG es preocupante. Tampoco hay estimaciones de la cantidad de mujeres que se prostituyen y las situaciones de explotación en el marco migratorio”.

Pidió saber más sobre la situación de la prostitución en Venezuela y qué planea hacer el Estado para obtener mejores datos sobre trata de personas. Indagó sobre si el Plan Nacional contra la trata ha sido publicado y señaló que tampoco se centra en sancionar a los autores de ese delito ni aborda la protección de las víctimas.

Para Hacker la cantidad de casos de trata en Venezuela no incluye situaciones como las que ocurren en el Arco Minero. “¿Cómo se adecuará ese plan a las normas internacionales? ¿Planea el estado venezolano crear abrigo para víctimas de trata? ¿Planea Venezuela abordar la trata de menores y reforzar la legislación anti trata en las minas para proteger a mujeres y niñas indígenas? ¿Qué hace el estado venezolano para combatir a los grupos delictivos que atentan contra mujeres del país y para protegerlas? ¿Qué hace Venezuela para bloquear las ofertas de empleo virtuales, tras las cuales acaban prostituyéndose? ¿Qué hace Venezuela para que sus ciudadanos no sean víctimas de trata, sobre todo cuando migran?.

¿Qué hace el Estado para que las personas puedan identificarse como víctimas? ¿El Estado parte ayuda a las personas que desean emigrar, dotándolas de los documentos que necesitan y los diplomas educativos de manera que puedan encontrar un empleo que no sea el trabajo sexual?

Por su parte, Venezuela reconoce que el Plan Nacional de Trata no es público.

 Marianne Mikko, se inclinó por saber más sobre el tema de la participación y consultó qué ha ocurrido desde la última evaluación de Venezuela en el 2014 en relación al tema de promover la paridad de género en las elecciones.

Señaló que en las últimas elecciones parlamentarias se eligieron 92 mujeres sobre un universo de 277 diputados, lo cual significa que representan solo un 33 %.

“¿Cómo comparten el poder las mujeres en el Parlamento?, pues lógicamente debería haber distintas comisiones encabezadas por mujeres”, infirió.

Comentó que al revisar las estructuras básicas de los partidos políticos se constató que había más de 100 organizaciones políticas y que solo seis estaban encabezadas por mujeres.

También se constató que solo hay sólo 76 mujeres alcaldes y 96 % de los cargos políticos están representados por hombres y por lo tanto existe una considerable brecha.

La participación política de las mujeres conlleva riesgos, lo cual desalienta su participación, puesto que se atenta contra su persona, miembros de la familia, e integridad. 70 % de las mujeres que participan en política enfrenta amenazas, detención arbitraria, descalificación política y actos de violencia. Las mujeres ven obstaculizado el disfrute de su derecho a la participación política. Es necesario garantizar la proporcionalidad de las candidaturas. Solo se aplica la paridad verticalmente, es decir que se nombra a los hombres como titulares y a las mujeres como suplentes”.

Consultó qué impide al Estado parte optar por un sistema de paridad de género en su legislación nacional para que las mujeres estén representadas en la vida política y pública adecuadamente.

Citó que una de cada dos mujeres políticas han sido víctimas de violencia. “El acceso a cargos públicos se ha limitado a mujeres embarazadas o con hijos y las propuestas hechas por mujeres se descartan, ridiculizan o critican”.

Venezuela respondió que el debate legislativo dentro de la Asamblea Nacional tiene como desafío garantizar la paridad.

✅Brenda Akia habló de los desafíos que enfrentan muchas mujeres y niñas en las escuelas, “que siguen siendo objetos de acoso y abuso sexual, pornografía. Muchas niñas abandonan la escuela. Las mujeres y niñas con discapacidad siguen estando discriminadas. En algunas escuelas no se educa en temas sexuales a las niñas”.

  • ¿Qué pasos está dando el Estado parte para enfrentar los retos que existen en el sistema educativo para eliminar la discriminación de las niñas y niñas con discapacidad en todas las instituciones educativas?
  • ¿Qué está haciendo el Estado para combatir, castigar y ofrecer una solución a la explotación, acoso y abuso sexual que enfrentan las mujeres y niñas en las instituciones educativas y que están haciendo para incrementar el acceso a productos de higiene menstrual?
  • ¿Qué están haciendo para ofrecer educación de calidad en igualdad de condiciones para las mujeres y las niñas?
  • ¿Qué medidas está adoptando el Estado para poner en práctica medidas de modo que se impartan cursos de educación sexual y de igualdad de género, y que esas medidas sean efectivas?
  • ¿Qué están haciendo las instituciones educativas para combatir el embarazo y que haya una repercusión positiva en la salud de las niñas y las mujeres en general?

 Sobre ese mismo tema, Rhoda Reddock mencionó que ya en 2014 la Cedaw expresó preocupación por los altos índices de mortalidad materna y embarazos adolescentes; así como por los servicios de salud sexual y reproductiva inadecuados y discriminación para mujeres con VIH.

Estos desafíos siguen presentes en Venezuela, pero de manera más extrema. Actualmente, las mujeres embarazadas en Venezuela no reciben vacunas ni medicamentos y no cuentan con servicios médicos ni vacunas para sus recién nacidos. Tampoco tienen acceso a métodos de planificación familiar ni pueden acceder a métodos seguros para la interrupción del embarazo”.

  • ¿Cómo garantiza el Estado el acceso universal a contracepción segura y efectiva en zonas urbanas y rurales e indígenas?
  • ¿Cuál es la situación del plan nacional de salud sexual y reproductiva y los derechos al respecto para 2014 – 2019.
  • ¿Habrá un nuevo plan con el apoyo de la sociedad civil?
  • ¿Hay algún plan para sensibilizar a los hombres con relación a su responsabilidad en la salud sexual y reproductiva.

“Las esterilizaciones se producen a veces en condiciones inhumanas y sin el consentimiento previo e informado y los abortos no seguros se han convertido en métodos de contracepción”.

Preguntó si se ha tratado de solucionar la escasez de medicamentos vitales para las mujeres y niñas, así como para mujeres embarazadas y mujeres privadas de libertad y para protegerlas de enfermedades infecciosas y crónicas.

 Citó que hay un incremento de la mortalidad materna de 98,7 muertes por mil nacimientos vivos, 55% de mujeres son forzadas a tener partos naturales, sin anestesia ni medicamentos.

 Consultó si ha habido alguna evaluación del Plan Nacional de parto humanizado, si se han incorporado las recomendaciones del Comité de 2014 y si hay planes de desarrollar un nuevo plan.

 Por su parte, a la experta Esther Eghobamien le preocupó la falta de reglamentos y protocolos para aplicar la legislación, desafíos que persisten en materia de derechos humanos y la falta de acceso a bienes y servicios esenciales.

Se interesó por saber cuál es el estatus de la reforma de la seguridad social de 2012. Solicitó información sobre las prestaciones sociales, la cantidad de beneficiarios y los beneficios disponibles para las mujeres en el sector informal.

Igualmente, quiso saber el porcentaje de la población y de hogares que viven en pobreza crónica y cuáles son las medidas que se han adoptado para revertir la situación de pobreza entre distintas categorías de mujeres incluidas las mujeres rurales, indígenas y vulnerables.

  • ¿Cuáles son las medidas para garantizar la igualdad y el derecho a la alimentación para mujeres y niñas en zonas rurales y urbanas y cuáles son los planes que existen para fortalecer las políticas de igualdad de género y el emprendimiento?

El proyecto de explotación de carbón acelerado ha causado significativos daños a los ecosistemas forestales. ¿Cuáles son las medidas para que las empresas del sector protejan a la población y rindan cuentas? ¿Cuáles son las medidas para prohibir y sancionar el uso del mercurio? ¿Cuáles son las medidas que se han tomado para compensar a las poblaciones indígenas en estos sectores? ¿Qué va a hacer el Estado venezolano para alinearse mejor y garantizar la protección de la salud humana y el medio ambiente de las afectaciones del mercurio?

 Al final, Yamila González pidió saber qué avances ha hecho el Estado hacia una prohibición total del matrimonio de menores y responder de esta forma las recomendaciones que le han formulado los comités de la Cedaw y de los derechos del niño.

  • ¿Qué acciones están tomando para prevenir estos matrimonios? ¿Se han tomado las medidas legislativas necesarias para reconocer los bienes intangibles en el matrimonio se han de dividir en caso de divorcio? ¿Está previsto garantizar el derecho al matrimonio a las parejas de personas del mismo género? ¿Se han hecho avances para el registro de hijos de parejas del mismo sexo o registrar el cambio de nombre de personas no binarias?

González se refirió a las medidas coercitivas unilaterales del Estado, “unas tienen lugar a partir del 2014, pero otras informaciones refieren que es a partir de 2017, ¿pudieran precisar al respecto cuando empezaron a tener un impacto en la población y las mujeres?”.

También consultó cuál es la proyección en materia de sistema de cuidados que trae esta nueva ley aprobada en 2021 y qué políticas públicas se prevén para que su implementación; se interesó por el alcance tienen en la práctica los tribunales especializados en violencia basada en género y si son suficientes, accesibles y eficientes para cubrir las necesidades de tramitación y solución de los casos de violencia familiar desde una mirada interseccional.