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Venezuela en la Cedaw: más de 30 informes alternativos presenta la sociedad civil organizada

Estos documentos buscan complementar y rebatir la situación de los derechos de las mujeres venezolanas

 

Venezuela, como Estado, está en la fase de revisión ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw).

La Cedaw es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por las Naciones Unidas en 1979.

Este mes se celebra el 85º período de sesiones del Comité. En este lapso, los países que se han convertido en parte del tratado (Estados parte) deben presentar informes periódicos sobre cómo se están aplicando los derechos de la Convención.

Está previsto que se examinen Alemania, China, Eslovaquia, España, Hong Kong (China), Islandia, Macao (China), Santo Tomé y Príncipe, Timor-Leste y Venezuela.

En el caso de Venezuela, más de 50 organizaciones de la sociedad civil entre ellas la Alianza Con Ellas, Acción Solidaria, Civilis, Funcamama, Pepara Familia, Cepaz, Acceso a la Justicia, Accsi y Transparencia Venezuela, Unión Afirmativa, Voto Joven y Uniandes van a tener la oportunidad de enviar y presentar (en el sitio) varios informes alternativos (informes sombra) en cuanto a la observancia de los compromisos derivados del Cedaw por parte del Estado.

Y este 16 de mayo, en un evento paralelo voceras de seis de estas organizaciones presentaron datos relevantes sobre la afectación diferenciada de la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC); el acceso a la justicia, participación política y liderazgo; migración; población indígena vulnerable, entre otros temas.

“El trabajo que están haciendo las organizaciones de la sociedad civil está siendo escuchado en la Cedaw. El informe que presente el Comité reflejará el diagnóstico de la situación de derechos de las mujeres en el país”, dijo Cristina Ciorda, coordinadora de Incidencia de Cepaz,  durante la presentación del evento “Los derechos de las mujeres venezolanas: una promesa incumplida”.

En nombre de la alianza Con Ellas intervino Luisa Rodríguez Táriba, vicepresidenta de la Red Sinergia y presidenta de Funcamama, quien señaló que en el año 2022 se estableció que existen 18 millones de personas con necesidades humanitarias en Venezuela, de las cuales 9.5 son niñas, adolescentes y mujeres.

Hay una vulneración del derecho a la vida de las mujeres venezolanas. Las afectaciones se ven no solamente en la actualidad, sino que se verán en las próximas generaciones”.

Sobre el derecho a la alimentación, dijo que las mujeres no tienen acceso a alimentos y presentan severos casos de desnutrición. Además, mencionó que siguen enfrentando barreras para movilizarse dentro y fuera del territorio.

Basándose en el informe de Con Ella, recalcó que las adolescentes están invisibilizadas de las estadísticas, y que el 61 % de la población LGBTI está afectada por la falta de acceso a alimentos. “En el caso de las mujeres trans, la cifra aumenta a 74 %”.

Los datos de los diagnósticos comunitarios hasta marzo 2022 muestran que 1 de cada 4 mujeres no cuentan “nunca” o sólo “algunas veces” con toallas desechables sanitarias para su higiene menstrual, dijo Luisa Rodríguez Táriba. Esta información puede ser consultada en el informe.

Sociedad articulada 

La ONG Cepaz, junto a Women’s Link Worldwide, lideró el proceso de articulación, formación y orientación de múltiples organizaciones de la sociedad.

Este proceso resultó en el envío de más de 10 informes de la lista de cuestiones y más de 22 informes sombra.

Venezuela no cuenta con una ley nacional que reconozca y garantice efectivamente la participación de mujeres y hombres de forma paritaria en los procesos electorales, señaló Luisana Subero, de Voto Joven y en representación de la Red Electoral Ciudadana, quien habló sobre los derechos políticos.

“De más de 100 organizaciones políticas venezolanas, solamente 6 están lideradas por mujeres“; y dijo que, en 818 casos de persecución y criminalización registrados en Venezuela en el año 2021, 73 ocurrieron contra mujeres, 211 contra hombres y 534 casos no pudieron ser desagregados por género.

El principal perfil de estas mujeres perseguidas estaba conformado en 57 % por trabajadoras de la comunicación y 17 % por mujeres vinculadas directamente con la política”.

Citó que en las elecciones regionales y municipales de 2021 se documentaron 28 inhabilitaciones arbitrarias por parte de la Contraloría General de la República, aplicadas luego de la inscripción ante el CNE, afectando a las pocas mujeres que lograron ser candidatas.

Mencionó que, de 277 escaños, la Asamblea Nacional está integrada solo por 93 mujeres, la representación de mujeres en el Parlamento es de 33,57 %, estando muy lejos de la representación paritaria. De igual manera de 23 gobernaciones, solo dos son ocupadas por mujeres, hay 273 alcaldes y solo 62 alcaldesas, 1312 concejales y solo 1035 concejalas.

De su análisis se desprende que hay una escasa representación de mujeres jóvenes en los cargos de representación popular, con solo 17,64 %,

Otro de los focos que se presenta en los informes sombra es el relacionado con el acceso a la justicia. Sobre esto habló Victoria Capriles, de la Coalición de Justicia y violencia basada en género, quien se refirió a que durante la pandemia existieron barreras estructurales de acceso a la justicia para víctimas de violencia basada en género.

Estos obstáculos se han profundizado por las fallas del sistema de justicia venezolano. Las mujeres denunciantes reciben amenazas, maltratos y violencia verbal y son objeto de acoso por parte de funcionarios a causa de sus esfuerzos por encontrar justicia. En Venezuela no existe un mecanismo de justicia que trabaje sobre el impacto diferenciado en este grupo de víctimas mujeres y atienda sus necesidades multidimensionales”.

Resaltó que la definición de femicidio adoptada en la Ley, deja de lado la responsabilidad del Estado, por ello es una deuda importante que mantiene la normativa la extensión del término a feminicidio.

Además, acotó que no hay información sobre la planificación, estructuración y ubicación de las fiscalías para el proceso de denuncia. “La impunidad agrava los efectos de la violencia contra la mujer. El Estado se convierte en agresor cuando tolera actos de violencia, no actúa en el marco legal interno e internacional de protección y cuando los hechos de violencia se cometen en contexto de persecución”.

Recomendó al final de su exposición instituir un mecanismo especial de justicia y atención a mujeres víctimas, que opere bajo un enfoque de género e incorporar este enfoque en sus políticas dirigidas a asegurar el acceso a la justicia.

También recabar y publicar información desagregada sobre violencia basada en género específicamente pero no excluyente, sobre femicidios y fenómenos asociados.

Migrantes y la participación

Sobre la situación de las migrantes Carolina Cortes, refirió que es importante la adopción de mecanismos de regulación desagregados y la recopilación y desagregación de datos que aborden las necesidades y desafíos de las personas migrantes venezolanas.

El nivel de vulnerabilidad en los países de destino es alto. Las mujeres se encuentran en condiciones de subsistencia al llegar y sin redes de apoyo en el destino”

 Además, la regularización puede llevar meses, lo que incrementa el riesgo. La falta de protección contribuyó en el aumento de las tasas de femicidio contra las venezolanas en el exterior. Es necesario facilitar el acceso de las mujeres a los documentos de regularización de su situación migratoria y publicar datos desagregados sobre los flujos migratorios.

En el evento se dio espacio para hablar de la sociedad civil en Venezuela. “Las defensoras de derechos humanos se encuentran en riesgo”, dijo Andrea Duarte de Joven Pride.

“El ejercicio del derecho al voto en Venezuela se encuentra, generalmente, influenciado por el acceso a programas sociales del gobierno, hay legislaciones restrictivas referidas con la salud sexual y reproductiva, el trabajo de los grupos feministas y LGBTI es perseguido y criminalizado”, fueron algunos de los puntos tocados por Duarte quien recomendó eliminar las restricciones para el registro de organizaciones de la sociedad civil y no limitar el derecho de asociación y participación en los asuntos públicos.

También María Cecilia Ibáñez de Women’s Link Worldwide, habló sobre la emergencia humanitaria compleja y dijo que desde antes que se impusieran las primeras sanciones ya venía ocurriendo un deterioro muy grande en materia de acceso a la salud y específicamente a la salud sexual y reproductiva.

En la revisión anterior, de 2014, la Cedaw indicó su preocupación por la escasez de servicios y productos de salud sexual y reproductiva. “En Venezuela no existe una política clara en materia de educación sexual y reproductiva. La opacidad de la información dificulta aún más tener información sobre la situación de las mujeres en Venezuela. El Estado venezolano ha sido negligente para solucionar la situación de escasez de métodos anticonceptivos”.

Denunció que Venezuela tiene una de las regulaciones sobre el aborto más restrictivas de América Latina y esto tiene un impacto negativo en la salud de las mujeres, quienes además son perseguidas por abortar.

Por su parte Deborah Van Berkel, presidenta de la Red Sinergia, resaltó el resultado de este trabajo y el compromiso de las asociaciones. Destacó que no es la primera vez que la sociedad venezolana participa en la Cedaw y propuso que se publicara en las distintas páginas web una presentación en la cual se dé información de cómo ha sido el crecimiento cualitativo y cuantitativo de esa incidencia, y con ello que se demuestre que las organizaciones hacen este trabajo sin sesgo político, sino que lo hacen por la defensa, en este caso de las mujeres.

Desde Sinergia, dijo, se trabaja en la elaboración de un informe completo para el foro de alto nivel de la Naciones Unidad en el marco de la Agenda 2030 y uno de los elementos que sustentan la investigación son los derechos que tienen que ver con las mujeres y cómo han crecido las desigualdades.

Vamos a tomar como elemento estos informes que están bien argumentados desde el punto de vista de la data y el análisis, indicó la defensora.  

Para ver el evento completo: