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«Los mitos siguen porque la salud pública no ha cambiado», dice Edgar Carrasco experto en DDHH, género y VIH

ACCSI |Caracas, 5 de mayo de 2023: Salud pública, derechos humanos y enfermedades transmisibles o infecciosas, deben ser temas del dominio de la ciudadanía.

Y son los focos que Edgar Carrasco, miembro de la junta directiva de Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI), abogado y experto en derechos humanos, género y VIH, nos explica jurídicamente.

Nos dice detalladamente que quién debe tomar decisiones sobre planificación, ejecución y control de los servicios e instituciones de salud pública es el Estado, y qué pasa cuando ese deber constitucional no se cumple en detrimento de la calidad de vida de los venezolanos.

—¿Por qué debemos hablar de las enfermedades transmisibles con enfoque de derechos humanos?

—La salud tiene rango constitucional como obligación del Estado venezolano, quien la debe garantizar como parte del derecho a la vida (artículos 83-85).

En este sentido con la rectoría del Ministerio de Poder Popular para la Salud (MPPS) se deben promover y desarrollar políticas que procuren elevar colectivamente la calidad de vida de la ciudadanía. Entendiéndose como crucial el acceso a los servicios creados para tal fin, que se rige por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad. En su deber, constitucionalmente en la salud debe primar la prevención de las enfermedades, garantizando en ese marco el tratamiento oportuno y la rehabilitación de calidad. Novedosamente, la Constitución reconoce el derecho de participación, lo que incluye promoción, defensa y cumplimiento de las medidas sanitarias por parte de las comunidades. Así como la toma de decisiones sobre planificación, ejecución y control de los servicios e instituciones de salud pública.

Hay que destacar que el financiamiento del sistema público nacional de salud es obligación del Estado, quien a través de recursos fiscales debe proteger entre otras contingencias las llamadas enfermedades catastróficas, tales como: SIDA, Covid-19, tuberculosis, malaria entre otras. El MPPS ha reconocido en 2019, que concentró su inversión para la respuesta al VIH/SIDA en la cancelación de los honorarios del recurso humano y el mantenimiento básico de las estructuras operativas para la provisión de los servicios.

Igualmente, el Estado se obligó y, por tanto, está obligado legal y moralmente, a crear un sistema de seguridad social universal nutrido de contribuciones directas e indirectas.

Asunto que continúa en el ámbito de lo aspiracional por parte de una gran parte de la poblacional venezolana.

El cumplimiento de estas obligaciones en salud por parte del Estado fortalecerán el cumplimiento del principio y norma fundamental de nuestra constitución y leyes vigentes, como lo es la igualdad.

—Enfermedades transmisibles como el Covid-19 y la TB, generan rechazo social, pero también inhibición de quienes padecen estas patologías, ¿qué otros efectos causan en la salud menta?l.

—Existen evidencias sobre el efecto negativo que la discriminación y el estigma generan en las personas afectadas directa e indirectamente por enfermedades epidémicas como el Covid-19, VIH y la tuberculosis. ONUSIDA reconoce el estigma y discriminación hacia las personas con VIH/SIDA como la principal barrera que limita el acceso a los servicios de salud y apoyo social. Igualmente, ha revelado que se perjudican los vínculos sociales, se generan sentimientos de desesperanza, aislamiento, baja autoestima, crisis de identidad y falta de interés hacia la prevención.

El rechazo social por VIH que en nuestro medio se hace realidad con la denegación de prestación servicios, negativas al empleo y el acceso al estudio, conflictos en la comunidad, desahucios e inseguridad alimentaria entre otros males, generan profundas crisis emocionales en las personas afectadas, que en nuestra realidad continúan ignoradas y no tratadas como un asunto que compete a la salud pública.

Se ha obviado por completo la obligación constitucional de prevención y apoyo social, focalizando la atención solo con medicamentos, sin tomar en cuenta la salud mental.

Durante la pandemia del Covid-19, la mayoría de las recomendaciones sanitarias se vinculan a la prevención con uso de mascarilla, lavado de manos y aislamiento, pero poco se apoyo en cuanto a los efectos en la salud mental.

La OPS con la campaña #SanosEnCasa-Salud mental, recomendó mantenerse informado, seguir rutinas, contactos sociales acordes con la situación, no consumir drogas ni alcohol, solidaridad y cooperar con el personal sanitario, entre algunas acciones que ayudaban a cuidar la salud mental.

En el país (desde la acción pública) todo se limitó a un foro durante el Día Mundial de la Salud Mental, registrado en la web del MPPS y realizado el 10 de octubre de 2022.

—Con el VIH aún hay mitos a pesar del acceso a la información, ¿qué pasa que como sociedad no se avanza en la concienciación de que es una condición con la que se puede vivir sanamente?

—Esos avances que reclama la sociedad venezolana están vinculados con las obligaciones del Estado de educar y formar a las poblaciones para la salud.

Vivimos tiempos donde las autoridades sanitarias están obligadas a recuperar la confianza de la población para hacerlas parte de los programas que procuran una mejor calidad de vida. La salud pública nacional sigue siendo una entelequia para muchos. Cuando aparece es para ejercer acciones de policía sanitaria, que no reconoce la diversidad y las realidades de la población, y mucho menos la equidad en la prestación de los servicios.

Los mitos persisten porque la salud pública no cambia. A la presente fecha las autoridades nacionales de salud no han tenido una campaña, que se recuerde, para la prevención del VIH y la tuberculosis, una que haya promovido cambios, derrumbando prejuicios y desinformación. La prevención atendiendo a los más vulnerables y excluidos, como hombres gay, personas trans, privados de libertad, indígenas, mujeres.

La salud pública en Venezuela continúa con un rezago enorme que no reconoce ni menciona las nuevas medidas sanitarias mundiales, entre ellas la profilaxis pre exposición en la prevención del VIH, conocida como PrEP. Asimismo, se deconoce el funcionamiento de la profilaxis post exposición para mujeres que han sido víctimas de la violencia sexual.

—¿Cuál sería la caja de herramientas en el ámbito legal para contrarrestar la discriminación y el maltrato cuando una persona tiene VIH? Es decir, ¿cómo protegerse y hacer valer esos derechos?

—Las herramientas son el sistema nacional e internacional de protección y promoción de derechos humanos. ACCSI ha tenido experiencia utilizando esos recursos, en especial el amparo, logrando reivindicación y reconocimientos individuales y colectivos en los ámbitos de: salud, trabajo, familia, prestación de servicio de salud, educación, niños, niñas y adolescentes, entre otros.

Actualmente, se cuenta con la Ley para la promoción y protección del derecho a la igualdad de las personas con VIH/SIDA y sus familiares (30/12/2014), lo que supone un instrumento con base en los derechos humanos que debe funcionar para promover y proteger el derecho a la igualdad de las personas que viven con VIH (PVV) y sus familiares, en todos los ámbitos.

La ley reconoce la inamovilidad laboral (artículo 25) considerando que la condición de VIH no es una causal para justificar el despido laboral.

Por otro lado, invierte la carga de la prueba (artículo 40) determinando que el presunto agraviante le corresponde demostrar los motivos y razones que fundamentaron sus actuaciones y actos denunciados como discriminatorios.

La ley legitima para la acción, además de las PVV y sus familiares, a la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Defensa Pública.

En el ámbito de la sociedad civil las organizaciones Acción Solidaria y ACCSI, en Caracas, apoyan a los afectados con orientaciones jurídicas. Sin embargo, no se cuenta con evidencias que los recursos o reclamos interpuestos ante los entes públicos legitimados por ley, hayan dado curso efectivo y reparador a quienes los hayan interpuesto.

—Desde ACCSI, ¿cómo se ha avanzado en la defensa de estos derechos? ¿Cuáles han sido los logros?

—Hablar de logros en materia de derechos humanos en el área de la salud y de las personas con VIH, nos obliga a decir que estamos frente a reconocimientos jurisprudenciales y legales que no han sido sostenibles en el tiempo, ni que tampoco han sido progresivos en su alcance y efectividad. El típico ejemplo es la situación retrógrada que vivimos en cuanto al derecho a la salud y en especial la salud pública. Por ejemplo, las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y tribunales de instancia, en intereses colectivos y difusos, que reconocen novedosamente el acceso a los medicamentos y atención integral a las personas con VIH, no se han cumplido, ni se cumplen.

Hemos vivido catastróficos episodios de desabasto de antirretrovirales y otros insumos para la salud; como pruebas serológicas y medicamentos para enfermedades oportunistas. Tal ha sido el desabasto que la situación cobró visos humanitarios y hasta el Fondo Mundial para SIDA, Tuberculosis (TB) y Malaria, tuvo que aprobar financiamiento para un país que no era elegible para esos fondos. Con ello en el marco del llamado Plan Maestro se logró el acceso limitado a un medicamento antirretroviral (ARV). Hoy, Venezuela se hizo elegible y los medicamentos e insumos para la salud de las PVV dependen totalmente de la cooperación internacional.

En el ámbito legislativo podemos decir lo mismo. Sí, tenemos una ley, pero no se implementa. No basta con charlas y foros, ni con la designación de un funcionario en la Defensoría del Pueblo, que quizá deba atender a todo el país. Son logros truncados, leyes que no se instrumentan, que no se monitorean y evalúan periódicamente, que no cuentan con recursos, financieros, técnicos e institucionales que la hagan aplicable en provecho de la gente.

Organizaciones como ACCSI, deben entonces ser estratégicas e innovadores para abordar estos escenarios de regresividad e inoperancia, para continuar brindando el apoyo que requieren las personas con VIH y sus familiares. Las estrategias hoy puestas en marcha son el trabajo en red nacional e internacional y la mayor preparación para participar de los programas de cooperación globales que persiguen mitigar la inercia del sector público.

—¿Qué medidas para la salud pública recomienda?

—Las medidas de salud pública tradicionales, tales como: notificación obligatoria, seguimiento de contactos, testeos obligatorios y masivos, confinamientos/cuarentenas, difusión de información objetiva para la prevención, profilaxis y atención integral, identificación de grupos vulnerables para la priorización de las medidas a aplicar y participación de las comunidades, son fundamentales y deben aplicarse tomando en cuenta un balance que apoye a minimizar los efectos negativos en los derechos individuales y sociales de la comunidad.

Ya hemos sido reiterativos en que debemos abandonar el enfoque de policía sanitaria, para orientarnos a un enfoque de derechos humanos, que tome en cuenta, para la aplicación de las medidas sanitarias, la dignidad de las personas. Lo que redunda en el fortalecimiento de la confianza y la participación de la comunidad.

—Cuando se habla de ética en el campo de la salud, ¿cómo garantizar eso, cuando no hay un sistema de salud decente?

—La ética y los derechos humanos aparecen como un elemento de contención para aminorar el impacto restrictivo y negativo que puedan tener las medidas sanitarias en las personas y sus comunidades. En el caso de la deontología médica y otro personal de salud, supone que, para el cumplimiento de ésta, en parte debe darse en un ambiente laboral acorde a facilitar una prestación digna de los servicios en provecho de la comunidad y la contención de epidemias. La deontología busca disciplinar éticamente al individuo, pero la bioética como parte de la ética incluye los problemas que tienen que ver con la vida en general, en especial lo relacionado con el medio ambiente y el trato debido a las personas en los servicios hospitalarios. Por tanto, el ente rector en salud, léase MPPS, debe prestar mucha atención al estado en que se encuentran los servicios de salud para lograr trabajadores del sector más éticos en su proceder.

—¿Cómo fomentar la confianza en la ciudadanía?

—Los elementos para fomentar la confianza de la ciudadanía, en el control de epidemias son:

  • liderazgo efectivo del ente rector, lo que comprende: promover y aplicar eficientemente el conocimiento y la investigación, utilizar los recursos adecuados, promover la ética y bioética en la prevención, profilaxis y prestación de los servicios y fomentar eficientemente la cooperación
  • brindar servicios eficientes y equitativos
  • dar a conocer transparentemente los objetivos de la salud pública y
  • promover la participación de la comunidad en la prevención.

Texto: Mabel Sarmiento