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Mujeres privadas de libertad sufren hacinamiento que supera el 180 %, dice OVP

Las encarceladas son jóvenes o mujeres menores de 40 años; 80 % son madres y cabezas de hogar, tienen baja escolaridad y están inmersas en la pobreza

Aún cuando la población penitenciaria de mujeres es mínima, en comparación con la de los hombres, no hay una infraestructura adecuada para mantenerlas retenidas. Actualmente, existe un hacinamiento de alto riesgo de 188,94 %, que sobrepasa el 20 % de la capacidad real instalada.

La información la suministró Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y defensor de derechos humanos, durante su participación en el foro virtual Mujeres en Prisión “un enfoque diferenciado con perspectiva de género”, realizado este 12 de abril.

En ese espacio, Prado destacó que en Venezuela existe una sola cárcel para mujeres y es el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicado en el estado Miranda, mientras que en todo el territorio nacional hay 16 anexos femeninos, seis de ellos con medidas provisionales en los estados Aragua, Monagas, Lara y Mérida.

El Estado ha hecho caso omiso a los mandatos de la Corte Interamericana y, lamentablemente, las mujeres que están en estas prisiones no son asistida de acuerdo al mandato de las medidas provisionales de la Corte Interamericana”.

La cifra que maneja el OVP es que en el país hay 33.558 personas presas, de las cuales 2.560 son mujeres, lo que equivale a 7 % de la población penitenciaria. Además, de la totalidad de mujeres en prisión, 82 son extranjeras.

“Cuando esto pasa vienen consecuencias como el incremento del ocio (porque no se pueden hacer actividades de educación, de formación para el trabajo); también se da un aumento y la propagación de enfermedades. Ocurre no solo en el campo de las cárceles, también en los calabozos, donde la situación es peor, pues no tienen derecho al sol ni acceso a medicamentos. Esta situación es muy crítica y dantesca y no es un problema de una instalación o del funcionario, es que falla todo el sistema”, señala.

Algunas cifras:
  • La cárcel de mujeres de Los Teques está por encima de la capacidad instalada y tiene un hacinamiento de 187.14 %, y en el anexo femenino de occidente es de 331 %.
  • En las cinco cárceles citadas, la capacidad construida es para 750 reclusas y hay, en conjunto, un hacinamiento por encima de 222.13 %, “es un riesgo crítico”. Y, aunque hay más condenadas que penadas, el problema es la desatención, no hay enfermerías ni medicamentos por lo menos para una mujer que tenga a su hijo en la prisión. Tampoco tienen papel higiénico, toallas sanitarias, jabón, alimentos. Además, son sometidas a tratos crueles, degradantes y discriminatorios. La violencia sexual también se ve en esos recintos.
  • Las encarceladas son jóvenes o mujeres menores de 40 años; 80 % son madres y cabezas de hogar, tienen baja escolaridad y están inmersas en la pobreza.
Las cárceles en las Américas

Por su parte Carolina Girón, abogada, activista de DDHH y directora adjunta de OVP, informó que la situación de las privadas de libertad en las Américas es muy similar, no existe un país -a excepción de México, EEUU, Panamá y Colombia-, que tenga un registro e información de las internas.

Destaca que existe opacidad en la información y, a pesar de que existen entre al menos 12 instrumentos jurídicos que protegen los derechos de las privadas de libertad, “no son aplicados y muchos menos respetados en los sitios de reclusión”.

Menciona un estudio que hizo la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos en razón de una consulta de enfoque de género sobre personas privadas de libertad en grupos vulnerables en las Américas, y resalta que las Américas las mujeres y niñas representan el 8,4 % de la población carcelaria, a excepción de EEUU donde la población es más de 30 %; luego le sigue Brasil; México y El Salvador que tienen la mayor cantidad de encarceladas.

La situación es alarmante no existe ni en las Américas ni en el mundo estadísticas que sean realmente fiables sobre la situación de las mujeres presas. Hay una población de niñas tras las rejas y está invisibilizada. Hasta 2020, la tasa de encarcelamiento de mujeres subió 53 % con respecto a 2019 y a los años anteriores. Muy diferente al incremento de la tasa porcentual de los hombres que se mantuvo alrededor de 20 %. Esto se vio relacionado con su participación en producción y comercialización de sustancias ilícitas y por consumo”.

Cita que es el continente americano el que tiene el más alto índice privadas de libertad: para el 2021 308.000; Asia: 263.000 y Europa: 102 mil. “En Latinoamérica la situación es terrible, esa falta de estadísticas ha influido en la formulación de políticas públicas con respecto a los sistemas penitenciarios. Estos centros fueron creados por hombres y para hombres se han olvidado de las mujeres”.

“Las mayores causas de encarcelamiento de las mujeres en las Américas son la violencia, la coerción, el aborto, las políticas antidrogas, la actividad política. Lamentablemente, entre 40 % y 75 % están relacionadas con el tráfico de drogas. Vemos que, con respecto al tráfico de drogas, no es que sean las jefas de estas de estas organizaciones criminales, sino que son utilizadas para el transporte, las famosas mulas”.

Hablar con enfoque 

Magaly Vázquez, secretaria general de la UCAB, individuo de número de la ACIENPOL, también participante en este encuentro virtual, destaca que el sistema penal venezolano no está concebido con una perspectiva de género.

“Una información levantada por la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos HUmanos de la ONU reportaba que, en Venezuela, las mujeres son sometidas a violencia sexual, de género, a humillaciones. En un documento de paz del año pasado, que recoge algunos datos de 2021, se reflejaba que son objeto de persecución y criminalización. Reportaron 73 casos y, si bien en el informe se reconoce que no fue por motivos de género, se trata de mujeres en cuyos casos sobresalen algunas actitudes discriminatorias, incluso configuran acciones de violencia que sí son basadas en el género”.

En este contexto, resalta que es importante señalar que la Constitución nos habla de un sistema de justicia y de uno penal, “pero no escuchamos hablar con frecuencia de la perspectiva de género, que ellas tengan el mismo valor, igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones”.

Indica que, aunque se han mostrado avances en la creación de la Ley Contra la Violencia de la Mujer y la Familia en 1999 y que luego fue sustituida por la Ley Orgánica del Derecho de la Mujer a una Vida Libre de la Violencia, “hoy día en Venezuela seguimos viendo la permanencia de un derecho sexista, porque hay diferencias en el derecho donde son favorables para los hombres y discriminatorios para las mujeres, sobre todo en la aplicación y es donde se evidencia que no existe una igualdad”.

Para Vásquez debería existir una investigación de delitos con perspectiva de género, así como juzgar de la misma forma y aplicar la ejecución de la pena con perspectiva de género.

La secretaria general de la UCAB aseguró que Venezuela debería ajustar todos los procesos a perspectiva de género, aunque cuando en el Tribunal Supremo de Justicia se habla de ello, no es aplicado.

Vivir con discriminación

Entre el panel estuvo Dianet Blanco, activista de DDHH y expresa política, quien relató su vivencia tras las rejas durante más de un año en la sede del SEBIN en El Helicoide.

Se vive mucha discriminación al trato de privadas de libertad, solo había una celda para mujeres, no había clasificación entre presas políticas o comunes, poca ventilación, no había atención médica al menos que la persona recluida este en situación crítica

Los centros de detención preventiva las celdas son custodiada por hombres y no por femenina, allí viene el intercambio de sexo por un derecho humano, aunque la presa lo ve como un beneficio como la visita, un medicamento o simplemente una salida al sol, contó Blanco.

La expresa política manifestó que ellas eran excluidas aún más de estos llamados “beneficios”, como el acceso al agua potable, a productos de limpieza o a un baño. “Terminanam haciendo que no nos  bañáramos, usábamos toallas húmedas para limpiarnos e, inclusive, hacíamos nuestras necesidades en bolsas. Todo esto se traducía a enfermedades de la piel y respiratorias”.

Blanco indicó que la mujer, a veces, ve estos tratos impartidos por sus cuidadores eran normales o merecidos, por eso a las horas de las requisas observaba como eran más violentas con ellas que con los hombres, “nos destrozaban todo, nos revisaban hasta las partes íntimas, mientras a ellos no”.

De la misma forma expresó que las mujeres que llegaban a encargarse de su cuidado eran mucho más violentas y ofensivas, incluso más que los hombres y veía que no existía una preparación del personal para el trato hacia las privadas de libertad.

Texto Mabel Sarmiento

Con información de OVP