Opinión

Visiones comunes, lenguajes diferentes

Así resumió el representante de Paraguay las presentaciones hechas sobre Venezuela en el 52° período del Consejo de Derechos Humanos, por parte del Alto Comisionado Volker Turk el 21 de marzo de 2023, y por la Misión Internacional Independiente de Establecimiento de Hechos sobre Venezuela (MII) al día siguiente.

Volker Turk se refirió a los presos políticos, las torturas, la reforma judicial y de seguridad, las ejecuciones por parte de fuerzas del orden, el cierre del espacio cívico, con especial mención al proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines, al acoso a defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas, así como a las retaliaciones contra campesinos e indígenas en sus exigencias de respeto a sus tierras en el marco del extractivismo, e hizo un llamado a la liberación de todas las personas detenidas de forma arbitraria. También hizo mención a la crisis de servicios de electricidad y agua, así como a la falta de alimentos y medicinas y al impacto que toda esta situación tiene sobre la salud mental de la población.

El Alto Comisionado no se adelantó a aplaudir las promesas que le hizo el gobierno durante su visita, sino que pidió resultados, especialmente en reforma judicial e investigación de casos de tortura y ejecuciones. Además, demandó avances en la creación de mecanismos para la investigación de femicidios y de la discriminación contra la población LGTBIQ+ y consideró el próximo informe ante la CEDAW como una oportunidad para alinear la legislación sobre abortos con los estándares internacionales en la materia.

A diferencia de la MII, sin embargo, se refirió a unas supuestas señales de recuperación económica sin mayores detalles y volvió a referirse a los efectos de las medidas coercitivas unilaterales, aunque reconoció que estas solo han exacerbado una crisis preexistente. Igualmente, apostó por el diálogo de México como mecanismo para la solución pacífica de la crisis política. Al contestar preguntas hizo una importante alusión a la necesidad de que los derechos humanos sean parte de la respuesta humanitaria.

Por su parte, la MII reconoció que han bajado las cifras de torturas y de ejecuciones, pero recordó que los casos anteriores no han sido investigados ni sancionados y que la reducción de la represión guarda relación con una merma en la movilización social que resulta de un «efecto inhibidor de la protesta que ha conseguido atemorizar a la población civil y desmovilizar la disidencia política». También tuvo presente la persistencia de las detenciones arbitrarias, haciendo referencia a los casos de Javier Tarazona, Roland Carreño, Jesús Medina y los seis activistas sociales encarcelados desde julio de 2022.

La MII dedicó un largo tiempo a las restricciones al espacio cívico y los efectos que tendría la aprobación de la ley de fiscalización de ONG por implicar un «control abusivo» de la actividad de las ONG, recordando el comunicado que había publicado al respecto en enero de 2023.

Además, la MII reiteró los efectos negativos del Proyecto del Arco Minero del Orinoco en el ambiente y en los territorios indígenas, lo que ha traído como consecuencia incluso asesinatos como el de Virgilio Trujillo.

La Misión envió un mensaje claro al gobierno de Venezuela al recordar que sus informes y hallazgos guardaban similitud con los de la Corte Penal Internacional y que esta tomaba los informes de la MII como insumo importante para su trabajo, con lo cual dejó establecido el marco de cooperación entre ambos mecanismos.

En ambos diálogos interactivos hubo temas recurrentes por parte de los Estados y las OSC, entre los que destacan la bienvenida a la renovación de la presencia de la OACNUDH en el país por dos años, la reciente visita a Venezuela, la fuerte amenaza al espacio cívico por la posible aprobación de la ley de fiscalización de las ONG, la liberación de los presos políticos, con especial referencia a Javier Tarazona, la importancia de avanzar en condiciones para unas elecciones justas y libres en 2024 y la necesidad de que Venezuela coopere efectivamente con el sistema de derechos humanos de la ONU y cumpla con las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado y de la MII.

También llama la atención que los Estados, salvo aquellos de carácter autoritario aliados con Venezuela, no se han comprado las tres principales líneas discursivas del gobierno: que Venezuela se arregló, que el país coopera con el sistema de derechos humanos de la ONU y que las sanciones son las responsables de todos los males del país. Por otro lado, hubo un par de referencias críticas al carácter confidencial de la carta de entendimiento que extiende por dos años la presencia de la OACNUDH en Venezuela.

Dos días, dos lenguajes y una sola visión y un mismo objetivo: avanzar hacia la efectiva protección de los derechos humanos en Venezuela, más allá de los anuncios, y con compromisos reales de lucha contra la impunidad y la reparación a las víctimas.

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