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Análisis: costos-beneficios del proyecto de ley anti ONG

 

Son varios e intensos los costos advertidos en la LFRAFONG en perjuicio de los particulares. A continuación, se identifican y analizan los más evidentes y contrarios a las asociaciones civiles, como el hecho de que duplica competencias que ya ejercen organismos de supervisión existentes y eleva costos de funcionamiento de la Administración.

Luis Alfonso Herrera Orellana, abogado, profesor universitario e investigador de Cedice-Libertad (Observatorio económico-legislativo) hace un análisis del proyecto de Ley de Fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines, e identifica los costos y los beneficios que, de forma previsible, derivarían de la puesta en vigencia de esa legislación.

Destaca que, en uno de los puntos de la exposición de motivos (EM) del proyecto se afirma que “existe una tendencia a abusar de la libertad de asociación mediante estas figuras en beneficio del moderno imperialismo, reafirmando las premisas del neoliberalismo y, al mismo tiempo, actuando para promover o apoyar las intervenciones militares”.

Asimismo, en otro de los párrafos de la EM, dice el experto, se indica que “la regulación jurídica de estas actividades debe desarrollarse, tal como se ha promovido en Europa desde el Consejo de Europa, pero particularmente desde los países clasificados como receptores de estos agentes para promover un ‘tercer lado’ impuesto por una voluntad foránea”.

De acuerdo a su interpretación, este proyectp contiene costos para los particulares obligados a cumplir con sus cargas, obligaciones y prohibiciones, y beneficios solo para el Estado venezolano, “debido a las premisas ideológicas en que ella se apoya, y que aparecen declaradas en su Exposición de Motivos. El impacto de la puesta en vigencia de esa ley puede suponer que se impida el ejercicio de múltiples derechos humanos protegidos por la Constitución que rige en Venezuela y por Tratados Internacionales que tienen vigencia en el país.

“Junto a la libertad de asociarse, se verán desconocidos o severamente restringidos los derechos a la libertad de pensamiento, expresión, educación, culto, a sindicarse, etc., así como a la no discriminación, a la presunción de inocencia y debido proceso. El documento es contrario a la Ley Orgánica de Administración Pública, ya que implica duplicar o triplicar tareas que hoy ya realizan otras autoridades del Estado, si de supervisar se trata, lo que implica costos innecesarios para los obligados a cumplirlas y más gasto público en burocracia y funcionariado”.

Además, dice, se pretende aplicar un régimen “regulatorio” a acciones particulares sin fines de lucros que no generan riesgos como las acciones particulares con fines de lucro, y que en todo caso ya están sujetas a la supervisión de autoridades como Sudeban, los Registros y Notarías del Saren, el Osfin y el BCV, entre otras.

La finalidad de esta ley es lograr “la uniformidad de las normas” aplicables a todos los privados en el país que actúan en el ámbito de lo público, es decir, extender el tipo de normas que ya rigen en el sector económico, político, social y cultural, a la sociedad civil, las cuales se caracterizan por eliminar la autonomía de organización, funcionamiento y decisión de las asociaciones privadas

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