Rostros y Voces de la Venezuela Profunda
Es un proyecto que lidera la Red Sinergia, en alianza con Odevida y La Vida de Nos, en el que se visibilizan los liderazgos indígenas, los derechos humanos y el ambiente. Así mismo, el proyecto trabajará en alianza con organizaciones ambientalistas que hacen vida en los estados Bolívar, Amazonas, Delta y Zulia.
Bajo la promesa de “No dejar a nadie atrás”, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas incluye metas a favor de los pueblos indígenas, que están vinculadas al respeto de sus derechos humanos y de los protocolos existentes para brindarles protección especial.
En Venezuela, diversas ONG y activistas han advertido una escalada de violencia al sur del país, donde habitan 197 comunidades de pueblos originarios, desde el lanzamiento del proyecto oficial Arco Minero del Orinoco en 2016, como parte de la nueva política económica extractivista del Estado venezolano.
Los indígenas han sido los principales afectados con el avance del proyecto: las condiciones de salud de las comunidades locales se han deteriorado debido a la contaminación de las aguas; abunda la explotación laboral por parte de bandas mineras ilegales; así como también se reportan dinámicas de esclavitud moderna, explotación sexual y trata de personas.
Más de 35.000 hectáreas habían sido afectadas hasta 2018 por la actividad minera ilegal en Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, según la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada.
80 defensores de derechos ambientales y del territorio en Venezuela han sido víctimas de violencia y represión entre 2013 y 2021, según un monitoreo del Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida).
De los 32 asesinatos a defensores o líderes, 21 están atribuidos a sicarios mineros o miembros de organizaciones guerrilleras colombianas, y 11 a efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
“En general, el Estado no ha adoptado medidas tangibles, concretas y progresivas para remediar las violaciones a los derechos humanos, combatir la impunidad y reparar a las víctimas mediante investigaciones y enjuiciamiento domésticos. La información oficial es escasa, pero todos los indicios disponibles apuntan a que el número de procesos nacionales por delitos relacionados con violaciones de los derechos humanos es bajo y se limita a los partícipes de bajo rango”, concluyó en septiembre de 2021 el Informe de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos de la ONU sobre la República Bolivariana de Venezuela.
Por estos motivos, es necesario abordar la situación en que se desarrollan las actividades de defensa del ambiente y del territorio, por parte de líderes y lideresas indígena.
Esta alianza plantea brindar protección a líderes/as indígenas que se vean obligados a abandonar sus comunidades por razones de seguridad, capacitarlos en el conocimiento de los instrumentos internacionales de protección a derechos humanos, potenciar el alcance comunicacional de las experiencias de líderes/as y grupos organizados indígenas y ambientales, para la concientización nacional e internacional de sus problemas en Venezuela.
