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Academia de Ciencias Políticas y Sociales: Proyecto de ley de fiscalización configura una grave e inaceptable amenaza a las ONG

“Este nuevo proyecto de ley configura una grave e inaceptable amenaza a las organizaciones de la sociedad civil, a los derechos humanos y a la democracia”.

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales alerta sobre la nueva amenaza que representa el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional el 24 de enero de 2023.

“No es un hecho aislado, sino que forma parte de una política sistemática de Estado dirigida a restringir, inhibir, criminalizar y perseguir el accionar libre e independiente de las ONG”.

La Academia se ha pronunciado con anterioridad, sobre otros instrumentos que han sido dictados para restringir indebidamente el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, como fue el caso de las Providencias Administrativas número 001-2021 y, su reemplazo, identificada con el número 002-2021, dictadas por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a través de las cuales se creó y reguló a la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), con el objetivo de someter a las ONG a su “control, supervisión, fiscalización y vigilancia”.

Señala que, por medio de su inscripción en el Registro Unificado de Sujetos Obligados, se le imponone las cargas de demostrar que no han cometido ilícitos ni se han asociado para delinquir. “Se enfrenta así a las ONG a un órgano administrativo de carácter policial; así como a otros mecanismos de vigilancia de sus actividades, todos contemplados en el acto administrativo antes referido, actualmente vigente”.

“Proyecto de Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las ONG y afines busca el cierre del espacio civil”

En ese mismo sentido, este órgamo colegiado resalta que el documento también criminaliza y persigue el accionar libre e independiente de las personas defensoras de derechos humanos y de actores humanitarios, expresada en los proyectos de Ley de Cooperación Internacional presentadas en los años 2006, 2010, 2015, 2021 y 2022.

“Este nuevo proyecto de ley configura una grave e inaceptable amenaza a las organizaciones de la sociedad civil, a los derechos humanos y a la democracia”.

Lea la argumentación que hace la Academia sobre el proyecto de ley aquí: