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“Proyecto de Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las ONG y afines busca el cierre del espacio civil”

El proyecto, llamado Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines, fue presentado el 24 de enero por el diputado Diosdado Cabello y aprobado en primera discusión con el respaldo del oficialismo, mayoría en el Parlamento.

Este 27 de enero, la comunidad de ONG venezolanas dedicadas a la defensa y garantía de los derechos humanos elevaron la voz para fijar su posición de rechazo y crítica al proyecto de Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las ONG y afines, pues la califican autoritaria, improvisada y persecutoria.

El proyecto, llamado Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines, fue presentado el 24 de enero por el diputado Diosdado Cabello y aprobado en primera discusión con el respaldo del oficialismo, mayoría en el Parlamento.

Este avance del proyecto, que ya tiene sus antecedentes con la ley de cooperación internacional, de nuevo abre el debate sobre el derecho cívico, que es el ámbito en el que las ONG actúan en beneficio de la población, tal como se dijo durante la rueda de prensa de este viernes.

El abogado Alí Daniels, codirector de la ONG Acceso a la Justicia, vocero de la concertación de ONG, dijo que los derechos humanos no son ni capitalistas ni socialistas, “son derechos, y deben cumplirse. Ellos carecen de ideología, y catalogarlos como ‘liberales’ como se hizo en la discusión de la ley es un sinsentido

“¿Por qué se regula a las asociaciones civiles y no a agrupaciones como los colectivos? ¿Solo interesa investigar a los que defendemos derechos humanos? Condicionar el cumplimiento de los derechos humanos a la regulación de una ley es en sí mismo una violación a esos derechos”.

A su juicio el proyecto de Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las ONG y afines establece sanciones y multas que buscan la anulación y el cierre de las organizaciones de la sociedad civil. “Se estatizaría a las organizaciones y favorecería que estás se vieran infiltradas por el Gobierno, ello viola el derecho de asociación”.

Sostuvo, frente a un puñado de defensores y defensoras venezolanas, que la ley es ontológicamente represiva y niega la existencia misma de las ONG, lo que hace de esta norma un texto retroactivo, agrega requisitos que no existían al momento de la constitución de las organizaciones.

Por su parte, Lexys Rendón (Laboratorio de Paz) destacó que el proyecto busca inhibir cualquier organización social para exigir derechos y no tener que dar respuesta.

“No no son nuevas las continuas amenazas recibidas por parte del Gobierno venezolano. Desde hace años todo aquel que disienta es tratado desde la mirada del enemigo interno, del traidor a la patria. Absolutamente contrario a las libertades democráticas y a las garantías de los derechos de los venezolanos y venezolanas” señaló.

“La criminalización de las ONG es solo la punta del iceberg del contenido de ese texto; con esa ley se busca el control de todos los aspectos de la sociedad venezolana.

Foto principal Provea