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Feliciano Reyna: Nueva ley contra ONG perjudicará a 19 millones de venezolanos

El venezolano Feliciano Reyna ha sido reconocido con el premio internacional Martín Ennals 2023 por su trayectoria como defensor de los derechos humanos. Fundador de Acción Solidaria y Codevida considera muy grave por sus consecuencias la ley en marcha en la Asamblea Nacional que pretende prohibir y limitar el trabajo de las organizaciones civiles.

El activista por los derechos humanos Feliciano Reyna relata que desde 2006 comenzaron en Venezuela los intentos de crear una ley que prohibiera la cooperación internacional. El modelo era una legislación aprobada entonces en Rusia, la cual establece que recibir recursos internacionales convierte automáticamente a la organización receptora en un agente extranjero, con el entendido de que se buscaría actuar contra el Estado.

A partir de esa primera amenaza, se generó un puente entre las organizaciones de derechos humanos y un espacio de discusión sobre el derecho cívico, que es el ámbito en el que las ONG actúan en beneficio de la población.

En Venezuela hay cerca de 700 ONG trabajando a favor de los más vulnerables, en diversas áreas. Sus actividades incluyen el trabajo de acompañamiento con víctimas de violaciones de derechos humanos.

“En aquel momento yo formé parte de un proyecto que identificó que en 14 países se comenzó este tipo de intentos de cerrar el espacio para la sociedad civil. En Venezuela no ha terminado de pasar pero los daños ya son enormes. Cuando comienzan los quiebres del sistema de libertades, si tienen callada la voz de la gente y la reprimes, todos esos termómetros que nos podrían llevar a gestionar los conflictos se pierden”, explica Reyna en entrevista con El Estímulo.

El fundador de Acción Solidaria en VIH/Sida; Civilis DDHH; Codevida (Coalición de organizaciones venezolanas por los derechos a la salud y a la vida) y el ICNL (Centro Internacional de Derecho sin Fines de Lucro) destaca que las protestas que se están produciendo en Venezuela tienen absoluta razón de estar ocurriendo.

Expresa su preocupación porque, de una manera selectiva, tanto en la región de Guayana como en otros lugares del país se van seleccionando a quienes tienen algún liderazgo y se les va amedrentando y hostigando, como una forma de acallar la protesta.

En la ciudad industrial de Puerto Ordaz, estado Bolívar, donde están las quebradas empresas de la estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG), han apresado a dirigentes sindicales que protestan para pedir mejores condiciones laborales y aumentos de sueldo.

“Lo que debería hacerse es gestionar estos conflictos. Nosotros esperamos que no terminemos en un espacio cerrado, férreo, como en Nicaragua y Cuba, y podamos retomar la senda en la que estos conflictos puedan tramitarse de una manera no autoritaria y sin las consecuencias tan graves que ha tenido hasta ahora el manejo de la disidencia ciudadana”.

Amenaza contra las ONG

La Asamblea Nacional (congreso) chavista ya aprobó en primera discusión el proyecto de ley -presentado por el influyente radical Diosdado Cabello- para intervenir a las ONG que trabajan en el país y rastrear su financiamiento.

«Con esta ley el daño será intenso en todas las ONG que trabajan temas fundamentales que son esenciales en un país en donde hay una crisis de atención al ciudadano. Hay gran cantidad de organizaciones trabajando en temas alimentarios, educativos, salud, en distintos tipos de vulnerabilidad. Estimamos la existencia de 700 organizaciones de ONG de derechos humanos que trabajan en el terreno humanitario y derechos civiles», señala Reyna.

«El hecho de que se haga una selección para permitir que solo trabajen una, dos, tres o cuatro organizaciones civiles, al final termina haciéndole daño a un ecosistema de ONG que están haciendo un trabajo positivo en una situación de país muy grave”, indica.

Cita datos obtenidos en 17 estados más el Distrito Capital por la Plataforma de Información Humanitaria, de la sociedad civil venezolana @HumVenezuela, de la que él forma parte:

“En una población total estimada de 28,7 millones de personas para 2021, los resultados de la medición de HumVenezuela sobre los impactos de la Emergencia Humanitaria Compleja, hasta marzo 2022, arrojan un alza de personas con necesidades humanitarias: son 19,1 millones en salud, en agua y saneamiento, y 18,7 millones en alimentación», explica.

Además, hay 6,2 millones de niños niñas y adolescentes que tienen serias dificultades para recibir educación básica o están fuera del sistema educativo.

«De todas estas personas, 55%, en promedio presenta necesidades humanitarias severas: 65,7% en alimentación, 56% en salud, 55,5% en agua y saneamiento, y 54,8% en educación”.

 —¿Qué importancia tiene el premio Martín Ennals 2023 en un contexto mundial con países inmersos en una compleja situación de conflictos y en Venezuela que vive una crisis humanitaria?

—Es sorpresivo porque en el mundo hay una cantidad de situaciones muy críticas y el hecho de que se nos considerara, porque, más allá de una carrera personal, también tiene que ver con la situación de los derechos humanos en Venezuela. Es un reconocimiento a todos los defensores de los derechos humanos del país. Hemos visto que han ido creciendo las organizaciones y las personas que cada día se involucran, incluso muy jóvenes, entrando a la defensa de los DDHH con enorme compromiso, preparación y dedicación en una serie de temas muy esenciales que tienen que ver con los derechos de la mujer, personas con discapacidad, privadas de libertad, condiciones de salud, indígenas, temas ambientales, entre otros.

Este reconocimiento lleva el nombre de Martín Ennals, activista de DDHH del Reino Unido y el primer secretario ejecutivo de Amnistía Internacional. Él creó la HURIDOCS (Human Rights Information and Documentation Systems) con el propósito de apoyar a organizaciones en la documentación exhaustiva y rigurosa que pueda servir de sustento, en casos de violación de DDHH, ante órganos internacionales.

 —Es significativo que se haya escogido a un venezolano, especialmente en este momento en el que el gobierno está siendo calificado como no democrático y está investigado en la Corte Penal Internacional por las permanentes violaciones a los DDHH.

—Venezuela ha estado por lo menos desde el año 2016 en un contexto de emergencia humanitaria, en el que se produce un enorme sufrimiento para gran parte de la población. Hay claramente una vulneración de derechos a la alimentación, salud, educación, entre otros. Estamos hablando de millones de personas afectadas en su derechos. Y hemos visto que Venezuela también está siendo vulnerada con el derecho a la asociación, a la manifestación pacífica, la libertad de expresión, los derechos económicos y sociales, que han tenido como respuesta detenciones arbitrarias, casos de torturas y tratos crueles, desapariciones y al final de cuentas se trata de una situación estructural de afectación de DDHH.

 —Se ha calificado la crisis venezolana de “estructural”. ¿Qué consecuencias tiene esa calificación?

—Venezuela es uno de los cuatro países que aparecen en el Capítulo Cuarto de los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que tienen que ver con situaciones estructurales de violaciones de DDHH. Es decir no son áreas particulares en las que hay que poner cuidado, sino que es ya calificado como una situación sistémica.

Desde 2002 Venezuela ha estado en ese nivel. Esta categoría la hemos compartido con Honduras, Cuba, Nicaragua, Guatemala. Venezuela desde 2002 requería la presencia de la CIDH. Diversas organizaciones pedimos a la Comisión hiciera informes particulares sobre Venezuela, y no solo el informe anual que cubre todos los países, y se documentara mejor la situación del país. El informe de 2009, más allá de decir que había una situación en materia de DDHH estructural de vulneración, también introdujo el tema de la democracia, algo que hacían normalmente. Ese informe en particular se refirió a la situación de la democracia y los derechos humanos en Venezuela, de cómo el Estado de Derecho, el sistema de justicia, el funcionamiento de las instituciones también estaba fallando. Era muy importante que la CIDH introdujera la vinculación entre la necesidad de un sistema democrático para poder tener garantías reales de vigencia en los DDHH.

 —Acción Solidaria comenzó a trabajar en 1995 en la era democrática pero su trabajo fundamental se desarrolló en el período del chavismo. ¿Desde ese nacimiento hasta esta etapa cómo ha sido su trabajo en un tema tan complejo como ha sido el del VIH?

—Cuando nosotros comenzamos en 1995 con Acción Solidaria en Caracas y en Valencia, el lema global era silencio es igual a muerte. En 1998 habían aparecido ya tratamientos que eran claramente efectivos para prevenir la mortalidad que hasta aquel momento era devastadora. En los países occidentales, especialmente en Estados Unidos y Canadá, comenzaron a aparecer tratamientos denominados “coctel” porque la combinación de varios tenía un efecto antiretroviral importante en el organismo.

Desde aquel momento pudimos hacer que las personas tuvieran acceso a esos tratamientos que no se conseguían en el país entre los años 1997 y 1999. Estos tratamientos estaban salvando la vida de muchas personas con VIH por lo que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) falló a favor y estableció que el Estado venezolano tiene que dar el tratamiento con base al derecho a la salud y a la vida. Tuvimos una excelente relación con el primer ministro de Salud de Hugo Chávez, y la sentencia de la CSJ fue ratificada como derecho difuso por el Tribunal Supremo de Justicia.

Fueron momentos en que podíamos trabajar sobre el tema. Después se fue cerrando, el Ministerio de Salud empezó a fallar en sus respuestas y esto se convirtió para las personas con VIH y con problemas de salud crónicos complejos en una situación terrible. La crisis comenzó en 2009 con el ministro Jesús Mantilla (militar). Allí empezamos a ver la conexión entre corrupción y deterioro de la garantía del derecho a la salud.

Junto a otras organizaciones, activistas en Venezuela y colegas internacionales, como la Sociedad Venezolana de Infectología, ante la situación de emergencia humanitaria del país hemos venido trabajando para que el Fondo Mundial de la lucha contra el Sida, la tuberculosis y la malaria provea los tratamientos, reactivos e insumos. Esto comenzó en el año 2019 a 2021 con un programa a tres años y estamos en el proceso de 2022 a 2024. Ya estamos trabajando como país, en la presentación del proyecto que permitiría cubrir el tratamiento para el período 2025 a 2027. Hasta este momento la cobertura de estos tratamientos está dependiendo principalmente de este fondo más que de la movilización de recursos internos.

—¿En esa acción el gobierno venezolano tiene algún tipo de participación?

—Sí, a través del Ministerio de Salud, que se encarga de la distribución de medicinas antiretrovirales gratuitas en el país por la red de farmacias del sistema de salud público, lo que hemos planteado como absolutamente necesario. Hay 52 farmacias en el país, en los hospitales, que dependen del Ministerio de Salud y los pacientes con estas patologías están registrados y tienen su atención médica.

—¿Tienen datos del número de personas que reflejan la situación actual y son atendidas mediante este sistema?

—En el caso del VIH hemos tenido muchos problemas con los datos porque en Venezuela no se ha hecho un estudio nacional que permita precisar la cifra. Pero hay un estimado de la ONU que señala que en el país oscilan en 120 mil personas con VIH entre las que ya tienen el diagnóstico y las que no se lo han hecho. Hemos tenido fallas severas para hacer diagnósticos por falta de reactivos y en algún momento el ministerio de Salud dio algunas cifras y pudimos concluir que 10 mil personas salieron de Venezuela en este período de la emergencia humanitaria a partir del 2016 por no tener acceso a tratamientos y quedaron aproximadamente 70 mil personas necesitadas de tratamiento.

Este acuerdo con el Fondo Mundial de la lucha contra el Sida, la tuberculosis y la malaria ha permitido cubrir a 50 mil personas, incluyendo niños. El objetivo es llegar también a personas que tienen años con la enfermedad. En este caso el virus se ha hecho resistente a tratamientos básicos y requieren medicinas más complejas que son más costosas y hay que trabajar para que también puedan acceder a ellas.

—¿En qué punto se encuentran en este momento para atender la grave crisis de Venezuela que la han ubicado como crisis sistémica o estructural en emergencia humanitaria?

—En el sistema de Naciones Unidas hay un mecanismo que se llama el Examen Periódico Universal por el que pasan todos los países cada cuatro años en el Consejo de Derechos Humanos. Son examinados por los miembros del Consejo y por otros países. Nosotros hicimos como país la presentación de informes de sociedad civil que es uno de los mecanismos: presenta el Estado, pero también participan otros organismos internacionales de Derechos Humanos, la UNICEF, Unesco. Nosotros presentamos informes en 2011 y 2012 y ya la situación era compleja. Cuando se hicieron los informes para los años 2015 y 2016, la situación de Venezuela empezó a reflejar un franco deterioro, antes de las sanciones internacionales. A partir de allí nos quedó claro que la situación de crisis de Venezuela era estructural, como identificaba la CIDH.

—¿Cuáles son las áreas más preocupantes en esta crisis humanitaria?

—Las organizaciones venezolanas empezamos a definir lo que estaba pasando en el país y encontramos que este término lo empezó a usar la ONU a finales de los años 80 en casos de conflictos políticos, abusos de poder, corrupción, sin controles institucionales que van erosionando las capacidades de los Estados y generan estas situaciones de necesidad humanitaria que se expresan en el caso venezolano por lo menos en cuatro formas principales:

La primera son los problemas de salud y la incapacidad de atender a la población en grandes números con el deterioro total del sistema, infraestructura, escasez de personal. Empiezan los incrementos de epidemias. Venezuela estuvo en un momento a partir de 2016 y 2017 como cuarto país en el mundo en situación más grave de malaria.

La segunda es la inseguridad alimentaria. Si bien podemos decir que Venezuela no ha llegado a una situación de “hambruna” sí tenemos una situación muy importante de inseguridad alimentaria con acceso limitado a alimentos en la población más vulnerable. Un estudio del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en Venezuela realizado entre julio y septiembre de 2019 indicó que 32% de la población estaba en situación de inseguridad alimentaria y advertía que ese renglón se elevaría en 62% más y eso fue antes de la pandemia.

La tercera es la educación. En Venezuela comenzamos a perder ese espacio protector para la niñez y adolescencia que es el área educativa con la deserción escolar y docente y los daños que se originan como generación son irreversibles cuando la educación comienza a no estar accesible.

La cuarta que despertó por primera vez la mirada internacional fue la migración forzosa (7,13 millones de personas según ACNUR). Cuando se presentan situaciones de esa naturaleza tienes a sectores enormes de la población en una situación de necesidad humanitaria, cuando ya no se puede sobrevivir en tu territorio y te tienes que ir a otro país para ver cómo subsistes.

En 2016 exigimos que se atendieran con mayor rigurosidad toda esta situación humanitaria y le mandamos una carta a Ban ki-moon, entonces secretario general de la ONU, exigiendo un papel distinto a las agencias del organismo presentes en el país en la cual planteamos nuestro rechazo a su actuación porque no advertían lo que estaba pasando. Fue una carta muy dura que llevó a que se generaran cambios en las direcciones de las agencias en 2016 y en 2017. A partir de allí se comenzó a ver más movimiento de la ONU a favor de la labor humanitaria en Venezuela.

Por Francisco Olivares

Texto publicado en El Estímulo