Sin derechos humanos no hay desarrollo sostenible posible
**La comunidad internacional celebra el Día de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de cada año. El mismo día que, en 1948, la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero, ¿Cómo estamos en Venezuela?
La Declaración Universal de Derechos Humanos establece una amplia gama de derechos y libertades fundamentales a los que todos los ciudadanos tenemos derecho.
Garantiza a todas las personas en cualquier lugar, sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, religión, lengua o cualquier otra condición vivir con dignidad.
Pero ¿Cómo estamos en Venezuela? Evidentemente, en situaciones críticas, dice Ana María Carrasquero, socióloga investigadora de la organización Cedice. “En Venezuela, la amplia gama de derechos políticos, civiles, sociales, culturales y económicos, tipificados en la Constitución de 1999, no son garantizados. Una muestra clara y que a diario se hace visible por las redes sociales es el precario servicio de agua potable”.
Los DD.HH. se quedan atrás
El informe de Amnistía Internacional-2021 (AI) reseña que la continuada crisis de derechos humanos se vio agravada por los efectos de la pandemia de COVID-19.
Dice además que siguió la política de represión aplicada por el gobierno que administra Nicolás Maduro, y que se conocieron nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y tortura y otros malos tratos contra personas a las que se consideraba críticas con el gobierno.
Además, destaca que se sometió a intimidación, hostigamiento, agresiones y detención a defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y activistas.
Y que empeoró la emergencia humanitaria y persistían las violaciones de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con un sistema de salud cada vez más debilitado y escasez de agua, combustible, alimentos y electricidad.
“La impunidad por violaciones de derechos humanos continuó siendo la norma. La Misión de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela documentó y condenó la impunidad sistémica, y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (FCPI) determinó que había motivos para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad y anunció la apertura de una investigación formal”, refleja AI.
En ese contexto, Carrasquero expresa que el país sigue padeciendo una emergencia humanitaria compleja que compromete cualquier posibilidad de desarrollo sostenible, a pesar de que se superó la hiperinflación, se registró crecimiento económico y la reactivación de algunos sectores”.
Para la socióloga, el primero de los ODS es la erradicación de la pobreza, que en nuestro caso afecta a 8 de cada 10 hogares venezolanos (Encovi, 2022).
“La única vía posible para que esto suceda es la generación de riqueza, para ello se requiere, entre otras cosas, de instituciones que favorezcan la libertad y el desarrollo de sus ciudadanos. Reglas del juego claras, estables y aplicadas a todos por igual, hacen posible que los seres humanos sean productivos, se desarrollen y progresen, porque cuentan con oportunidades para mejorar sus niveles de vida”.
La comunidad internacional celebra el Día de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de cada año. El mismo día que, en 1948, la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Carrasquero trae al tapete lo que dice la meta 1.4 del Objetivo 1: “Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación”.
Y argumenta que la condición sine qua non para la consecución de esa meta es la libertad. “Libertad para elegir el proyecto de vida que cada uno quiere para sí mismo y cómo labrarlo, sin intervención o imposición alguna del poder. Razón por la cual se requiere que tengamos derecho a elegir, a intercambiar voluntariamente y a que nuestro derecho de propiedad sea respetado”.
El ser humano, comenta, tiene incentivos para estudiar, trabajar, producir, crear, innovar e invertir tiempo y dinero, únicamente si tiene la certeza de que los frutos de sus acciones están protegidos y nadie puede arrebatarlos.
“Es así, como la propiedad, derecho humano fundamental, es el mecanismo más eficaz para garantizar los derechos y las libertades, así como frenar al poder. Corresponde a los ciudadanos articulados el rescate de la libertad para hacer posible el desarrollo sostenible”.
Crece la desigualdad
El Informe Anual de Provea, presentado en mayo de este año, documenta que entre enero y diciembre de 2021 los hechos que tuvieron influencia en la situación de los derechos humanos en Venezuela se agruparon en cuatro tendencias:
- El afianzamiento de la crisis de la institucionalidad democrática, a pesar de la realización de las elecciones parlamentarias, junto a una erosión de la representatividad de las fuerzas políticas polarizadas.
- El ajuste económico de Nicolás Maduro que está generando una desigualdad histórica.
- La actuación de los organismos internacionales obligó a las autoridades a tomar decisiones para intentar evitar el escalamiento de sus mecanismos de protección y monitoreo.
- Amenazas y hostigamiento a la sociedad civil e intentos de mayor clausura del espacio cívico.
Manuel Gómez, director General, de la organización Acción Campesina, indica (tomando como referencia la situación descrita) que no solo no se ha avanzado en materia de DD.HH. sino que además se ha retrocedido, principalmente en el mundo rural.
“Ahora la gente está en un proceso de recuperación de los medios de vida, que poco a poco fueron perdiendo. Y en todo ese proceso, hemos notado que todos los elementos como sostenibilidad ambiental, hoy en día estamos ante una destrucción de esos valores naturales, pues se ha hecho un tratamiento inadecuado de los recursos naturales”.
Además, complementa, nos encontramos con una situación de desinstitucionalidad, “no hay políticas públicas, no hay financiamiento público y hay muy poco privado, sin contar que se desmontó todo el apoyo técnico para el desarrollo”.
Gómez, en todo este panorama, no deja a un lado la política cambiaria que no favorece la producción; el deterioro de los servicios públicos (electricidad, transporte, agua) que limita el desarrollo y las iniciativas productivas.
“Todo esto nos aleja de objetivos de la agenda 2030 como la erradicación de la pobreza y el hambre 0”, acota.
9 de diciembre de 2022