Ley de Cooperación Internacional anula derechos de asociación y participación

Caracas, 10 de julio de 2022. “A partir del año 2005, desde las esferas del gobierno, de los actores en el poder, se ha planteado una idea de proyecto de ley, que sustituyera la ley vigente sobre cooperación internacional, que data de 1958”, comienza por poner en contexto Deborah Van Berkel, presidenta de la AC Sinergia.

Fundamentalmente –dice- en un giro para darle piso a la posibilidad de establecer un control de la acción propia desde la sociedad venezolana, y la sociedad civil, en los procesos de interacción, intercambio y apoyos; para lo que se denomina acciones de cooperación y que para Sinergia son acciones de solidaridad entre los pueblos.

“Es decir, el intercambio de conocimiento, de metodologías, técnicas, recursos humanos y financieros para el desarrollo, la atención humanitaria; y la realización de proyectos que signifiquen el intercambio entre distintos actores, entre países”, expone.

En el sentido estricto, avanza la activista, una ley de cooperación debe regir en función de regular la actuación desde el Estado; en su relación con otras naciones; y no se centrarse –como se espera que este proyecto trata de cristalizar- en la acción propia y autónoma de los sectores de la sociedad, del sector privado en procesos de cooperación.

Viene desde atrás

Van Berkel echa la cinta atrás: “Esas iniciativas que se presentaron en 2005-2006, luego en 2010, no llegaron a aprobarse en la Asamblea Nacional (AN); y ahora nuevamente aparece en el escenario del parlamento (electo en 2020) un anteproyecto de ley que está siendo discutido en la Comisión de Política Exterior”, cae en el ahora.

“Allí se está dando la preparación de un documento que recoge el articulado de la nueva propuesta, con una exposición de motivos, que le da el marco a cuáles son en realidad los propósitos de esta nueva ley”.

“El proyecto que hemos conocido contiene un conjunto de disposiciones muy preocupantes para las organizaciones de sociedad civil; para todo el sector de la sociedad venezolana, porque implicaría una limitación, un control y una anulación de la capacidad autónoma de la sociedad para establecer estas relaciones de apoyo e intercambio entre distintos actores”, relata.

Lo anterior –dibuja el marco- en país donde estamos en una situación humanitaria tan compleja; y donde se están desarrollando iniciativas y aportes desde las organizaciones sociales; para atender población vulnerable, atender la gente en las situaciones tan graves que enfrentan tanto en salud, como en alimentación, educación, entre otros puntos.

La respuesta que se da al país

“Es decir, toda esa red de trabajo de organizaciones en los barrios, en las comunidades más apartadas, con las poblaciones indígenas, con los adultos mayores, con niños, niñas, adolescentes, madres embarazadas; toda esa red solidaria que en este momento funciona en atención a las necesidades de la gente; estaría amenazada en la posibilidad de seguir implementando proyectos e inciativas, lo cual afectaría la respuesta que se está dando al país”, da con el Nudo Gordiano.

Este proyecto contiene 26 artículos, “y varios de ellos tienen disposiciones muy preocupantes”.

Una de ellas –comenta- es que establece un nuevo registro para las organizaciones de la sociedad civil.

“Ya en 2021 nosotros enfrentamos la posibilidad de ser aprobada una providencia administrativa (002); que también es un instrumento que afecta la acción de las organizaciones, en tanto las coloca como posibles autoras de hechos contra la Nación, por la vía de la legitimación de capitales”.

Y en ese marco de la ley se estableció esta providencia que tiene también ente sus disposiciones un registro para las organizaciones.

Un nuevo registro

Este proyecto de ley establecería otro nuevo registro, apunta la vocera, que no reconoce el que ya las organizaciones tienen, porque están formalizadas ante un registro público; tienen constituidas sus actas, sus estatutos, están actuando legalmente en el país.

“Esto sería otro registro, que obligaría a que para poder realizar cualquier acción de cooperación primero debe acudir a este registro para que le sea aprobado, y si no lo tiene no puede ejercer ninguna acción”, indica.

Van Berkel pone picante al asunto: “Junto a eso da al Ejecutivo la potestad de establecer un reglamento, el cual va a definir cuáles serían los requisitos, los mecanismos; y eso restringe los derechos de asociación y participación en Venezuela; ya que el Ejecutivo nacional aprobaría quién puede y quién no, establecer relaciones de cooperación”, topa con el talante militarista de la administración de Maduro.

“No hablamos solo de las ONG, sino de todas las organizaciones de la sociedad venezolana; sindicatos, gremios, organizaciones religiosas que tienen programas y proyectos de atención social; estamos hablando de organizaciones académicas, medios de comunicación, estamos hablando de cualquier iniciativa desde la sociedad venezolana en función de realizar acciones de intercambio y cooperación”, expresa la entrevistada.

Organizaciones nacionales e internacionales

Esto es la actuación tanto de las organizaciones nacionales, como internacionales, que vienen a apoyar en Venezuela, con la situación humanitaria.

Afectaría a todos los organismos internacionales que establecen proyectos de apoyo a la población.

Esto sería centrar solo por la vía del gobierno la posibilidad de canalizar recursos para el desarrollo integral del país; para el desarrollo, para la posibilidad de que de manera autónoma las instituciones y organizaciones sociales ejerzan la solidaridad.

“También establece que el Estado puede auditar en cualquier momento, y de acuerdo a las normas que se establezcan en el reglamento a las organizaciones, pueden –cualquier ciudadano o el Estado- solicitar toda la información de lo que realiza la organización, es decir, crea un mecanismo muy riesgoso”, roza un borde peligroso.

Cualquier hijo de vecina

Por ejemplo, las organizaciones que defienden a víctimas de violaciones de DDHH; esa información tan sensible y delicada tendría que ser entregada a cualquier persona que llegue a solicitarla; “esto viola todos los DDHH fundamentales del país. No podría significar más que un control y una limitación a la defensa de derechos en Venezuela”.

Estos son solo algunos de los ejemplos. “Este proyecto genera una total preocupación y rechazo por parte de las organizaciones cívicas y no gubernamentales en Venezuela, y que cerraría el espacio de lo público donde tendríamos en una sociedad democrática de ejercer todas nuestras acciones. Esto significaría un cierre más del ejercicio de derechos en Venezuela”.

“Por lo tanto estamos en una campaña para difundir este anteproyecto como una limitación a los derechos de asociación y participación, y nuestro planteamiento es que no se apruebe”, enfatiza.

Y dice que si Venezuela necesita una nueva Ley de Cooperación Internacional eso es comprensible, pero debe regirse por estándares internacionales, para que todos los venezolanos sepamos cómo se manejan los recursos que el país entrega por la vía de cooperación y los que recibe, pero no en el control de la sociedad.

“Es necesario impulsar mecanismos de rendición de cuentas y transparencia. Pero más allá de la supervisión de los cooperantes internacionales, hay recursos humanos, tecnología y conocimiento que también estaría afectado. Esto limita el libre intercambio entre actores nacionales e internacionales”, remata la presidenta de Sinergia.

Fuente: puntodecorte.net