Las investigaciones de la Misión de Determinación de los Hechos serán fundamentales en un futuro proceso de justicia transicional

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Publicado el: 29 de junio de 2022

La necesidad de renovar el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela fue el punto de coincidencia en la ponencias presentadas durante el evento «El impacto de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela». Este side event fue realizado el pasado 28 de junio en Ginebra.

El evento fue llevado a cabo en el marco del 50 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Estuvo organizado por Amnistía InternacionalCentro de Justicia y Paz (Cepaz)Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés BelloCentro de Derechos Humanos de la Universidad MetropolitanaGlobal Center for the Responsibility to Protect (GCR2P)International Service of Human RightsFederación Internacional por los Derechos HumanosFreedom House y Provea.

En la presentación del evento, Elisabeth Pramendorfer, oficial principal de derechos humanos del GCR2P, señaló que es necesario darle una voz a las victimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Eso se logra a través del trabajo de la Misión de Determinación de los Hechos.

Simulacro de cooperación

A juicio de Sara Fernández, coordinadora de Incidencia Internacional de Cepaz, las autoridades venezolanas han cambiado su enfoque y la respuesta que están dando a los mecanismos internacionales. Han iniciado un simulacro de cooperación que no es real.

De las 43 recomendaciones efectuadas por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos al Estado venezolano desde 2019, este “no ha cumplido a cabalidad con ninguna de ellas”. Por el contrario, en 33 de las recomendaciones, “se ha producido un aparente retroceso. En especial en las referidas a las detenciones arbitrarias, la separación de poderes, la situación del arco minero del Orinoco y los derechos económicos, sociales y culturales”.

La falta de una cooperación real se demuestra, por ejemplo, en la designación del nuevo Tribunal Supremo de Justicia. El 60% de los exmagistrados fueron reelegidos, el 85% pertenecen a grupos progubernamentales y el 55% son personas con sanciones.

Así mismo, las autoridades venezolanas no han realizado investigaciones por posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde 2014. Así lo notificó el Fiscal de la CPI, Karim Khan a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI en abril de 2022. En su informe más reciente, la OACNUDH indicó que aún en casos emblemáticos en los que ha habido algún avance, solo se han preocupado por los autores directos. Entendiendo estos casos como hechos aislados y sin realizar una investigación de mandos medios y altos.

Cerco a la sociedad civil

Además, el Gobierno venezolano continúa persiguiendo a opositores políticos y ha comenzado a perseguir a miembros de la sociedad civil y defensores de derechos humanos. El defensor de derechos humanos Javier Tarazona, por ejemplo, lleva casi un año detenido arbitrariamente en El Helicoide donde le han negado tratamiento médico. El gobierno también ha iniciado la discusión de una ley contra la sociedad civil para controlarla y entorpecer su trabajo, agregó Fernández.

Destacó la coordinadora de Incidencia Internacional de Cepaz que la renovación de la Misión de Determinación de los Hechos es de gran importancia en el contexto de las elecciones presidenciales de 2024. Las organizaciones de derechos humanos han documentado previamente cómo los patrones de persecución por parte de las autoridades nacionales aumentan durante la época electoral. «Tener el mandato de la Misión durante los próximos dos años tendría un impacto importante en la protección del espacio cívico en el país y en la documentación de la perpetración de los delitos amparados por su mandato durante este momento crítico».

Fernández dijo que la renovación de la Misión también será un elemento importante en el establecimiento de las condiciones para fortalecer los esfuerzos de negociación y restaurar la democracia en Venezuela. «Entendemos que algunos Estados pretenden encontrar soluciones políticas a la crisis venezolana y alentar a los diferentes actores a entablar esfuerzos de diálogo y negociación. La existencia e investigación de la Misión es fundamental para motivar a las autoridades venezolanas a sentarse en la mesa de negociaciones. Sin la Misión el Gobierno no sentirá la presión de la comunidad internacional y descuidará el diálogo. Además, la investigación de la Misión será de suma importancia en cualquier mecanismo futuro de justicia transicional que se implemente en el país».

Poder Judicial sin independencia

Para Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, hay una sistematización de patrones conductuales por parte del Estado venezolano donde se establecen patrones de represión de manera selectiva.

Indicó Trujillo, que en su segundo informe la Misión hace un relato profundamente detallado de un Poder Judicial en Venezuela, que sigue sin ser independiente. Precisamente entre las recomendaciones no cumplidas por el Estado hay varias referidas al sistema de justicia. Como por ejemplo garantizar que ninguna persona sea arrestada o detenida excepto en cumplimiento de una orden judicial o en el acto de cometer un delito.

Dentro de las recomendaciones que Trujillo considera urgente implementar están llevar a cabo una revisión judicial sistemática de la legalidad de las detenciones. También garantizar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial y cesar todas las prácticas que interfieran con dicha independencia.

Destacó además la importancia de capacitar al personal médico en investigación, interpretación y documentación de tortura física y psicológica y otras formas de malos tratos, incluso mediante violencia sexual y de género, sobre la base del Protocolo de Estambul. Así como realizar una revisión judicial sistemática de la legalidad de los arrestos y la correcta aplicación de la ley con respecto a las detenciones en casos de flagrancia. Declarando la nulidad de las detenciones realizadas en abuso de este principio.

Por último, garantizar que el nombramiento de jueces y juezas de primera instancia y de apelación se lleve a cabo exclusivamente por concurso público, en estricto cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales. Así como dejar de emitir órdenes de aprehensión a posteriori. Garantizando la debida verificación de la información presentada por el Ministerio Público y las autoridades encargadas de la detención.

El director del Centro de Derechos Humanos de la UCAB considera importante que sea renovado el mandato de la Misión de Determinación en Venezuela para el esclarecimiento de los hechos. Alegó que Venezuela ha torpedeado sistemáticamente el sistema interamericano en los últimos años. Por ello el sistema universal es el que tiene más oportunidades se imponerse en el país.

Imposibilidad de justicia interna

Recordó Alessandra Pinna, directora de los programas para América Latina y el Caribe de Freedom House, que durante su mandato la Misión ha documentado en profundidad más de 400 casos. Esto fue posible gracias a entrevistas con familiares, personas defensoras y testigos. En las mismas se pudo verificar que han ocurrido violaciones de derechos humanos y se han aplicado patrones de represión.

«Existe una completa imposibilidad para las víctimas de obtener justicia en Venezuela. No hay posibilidad de investigaciones creíbles y establecer la verdad», aseveró Pinna. Los números reflejados por las organizaciones de derechos humanos en Venezuela siguen siendo preocupantes. Desde 2014 un total de 10 presos políticos fallecieron. Además las ejecuciones extrajudiciales siguen en aumento.

La situación es tan alarmante que Venezuela tiene activos tres mecanismos diferentes y complementarios. Agregó Pinna que las investigaciones de la Misión de Determinación de los Hechos pueden ser utilizados por la Corte Penal Internacional.

Se han hecho reformas más bien cosméticas, «por lo que el llamado es a la renovación de la Misión de Determinación de los Hechos», para entre otras cosas, tener informes periódicos de la situación en Venezuela. «Las democracias en el mundo están muy preocupadas por lo que está pasando. Es necesario que los países de la región sigan manteniendo su compromiso con Venezuela», concluyó Pinna.

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