Mensajes Claves del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil de ALC V Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible y el Seguimiento Regional de la Agenda 2030

Versión Final 08.3.22
Presentación
En el marco del IV Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, el Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe para el Desarrollo sostenible – MeSCALC- desarrolló un proceso de consulta amplio y plural focalizado en los ODS en revisión este año, pero siempre desde la perspectiva adoptada por la ONU sobre el carácter integral e indivisible de la Agenda 2030.

Identificamos desafíos y propuestas para contribuir al progreso de la Agenda 2030 en los países de la región, con la expectativa de mejorar el diálogo efectivo con nuestros gobiernos para una contribución cualitativa de cara a un nuevo contrato social con justicia social.
Por eso, el Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil vinculado a la CEPAL reitera su demanda de transitar de dos monólogos a un diálogo con los gobiernos. Por eso, solicitamos que el próximo Foro de Países de América Latina y el Caribe permita que a los informes preliminares presentados por los países como reportes voluntarios, se añadan los informes paralelos de “más luz” que realicen las organizaciones sociales de los países respectivos. En la misma dirección de construir un diálogo efectivo, solicitamos que incluyan a la sociedad civil en los debates preliminares del documento de este Foro.

El Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil ha puesto de manifiesto en cada uno de los Foros de Países que América Latina y el Caribe ya se encontraba en una situación de estancamiento económico y de todos los indicadores sociales, y ambientales, laborales y de acceso a los derechos fundamentales antes que la pandemia del COVID 19 se presentara como un obstáculo aún mayor para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Lo cual indica que el modelo de desarrollo vigente está agotado: Necesitamos en forma urgente un Nuevo Contrato Social, que reconozca la protección de la vida, promueva los derechos humanos, centralice la recuperación que integre la sostenibilidad del planeta y el trabajo decente como políticas de Estado.

A las condiciones preexistentes de pobreza, indigencia y exclusión, el excesivo peso de la deuda externa en muchos países, las violaciones a los derechos humanos, el desempleo y la informalidad laboral, la degradación ambiental y el modelo extractivista vigente en la región, las condiciones indignas de vida de las personas en situación de vulnerabilidad, la pandemia agravó la recesión económica, la crisis del sistema sanitario y la consecuente alta tasa de mortalidad y morbilidades, el acceso y permanencia en todos los niveles del sistema educativo y de formación profesional, la condición de vida de los y las mujeres, migrantes, refugiados/as, trabajadores/as, niños, niñas y
adolescentes, pueblos indígenas, afrodescendientes, personas con HIV y trabajadoras sexuales, trabajadoras/es informales, precarizados, autónomos, trabajadoras domésticas y de la economía informal.

Cuando estamos a ocho años para el Año 2030, no queda duda que el multilateralismo, la cooperación internacional para el desarrollo, los organismos regionales y los Estados Nacionales no han cumplidos los acuerdos firmados o dado las respuestas adecuadas a la crisis mundial provocada por la Pandemia del COVID 19 y tampoco han podido instrumentar las políticas públicas adecuadas para alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Nos sigue preocupando la continuidad de las políticas neoliberales y de ajuste adoptadas por la mayoría de los países de la región, que sin duda obstaculizan el logro de los ODS. Para la aceleración del cumplimiento de la Agenda 2030 es indispensable un cambio radical en la acción de los gobiernos, y la implementación de nuevos modelos de producción y desarrollo, que garanticen los derechos humanos.

Constatamos el déficit de indicadores y la ausencia de datos desagregados, que son indispensables para planificar medidas concretas e inclusivas bajo una perspectiva holística de interculturalidad e interseccionalidad.
Observamos con gran preocupación el avance de intereses corporativos que amenazan con incidir de manera decidida sin legitimación democrática sobre el sistema multilateral de Naciones Unidas y en las modalidades de implementación de la Agenda 2030.

En relación al ODS 4 Garantizar una Educación Inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de Aprendizaje durante toda la vida para todas y todos, nuestros principales mensajes son:
● Teniendo en cuenta la situación de pobreza y desigualdades de la región y considerando el impacto del COVID 19, es indispensable reforzar la educación pública como derecho humano fundamental desde la infancia y a lo largo de la vida, incluyendo a las personas adultas mayores. Es importante garantizar este derecho en todos los niveles obligatorios, asegurando una educación de calidad y permanente desde el nacimiento hasta el nivel superior. Ello incluye la educación universitaria y garantizar su carácter gratuito, de calidad, accesible, asegurando el presupuesto necesario.
● La educación debe entenderse como un bien público de acceso irrestricto, laico, a lo largo de la vida y que garantice ofertas para personas jóvenes adultas, adultas y adultas mayores que no han tenido la oportunidad de acceder al derecho a la educación en los tiempos
previstos, sin considerar el estatus migratorio, económico, étnico, credo, sexual, etario, género, ni ningún tipo de discriminación y que incluyan a las personas que por conflictos con a ley se encuentran privadas de su libertad. Abogamos por una educación intercultural,
emancipadora, transformadora, despatriarcal, decolonizadora, antirracista e intercultural que contemple la participación activa de toda la comunidad educativa.
● Considerando la situación de pandemia y las necesidades propias de la sociedad del conocimiento hay que determinar el fortalecimiento de las radios comunitarias, el acceso a internet como un derecho humano; garantizar equilibrios regionales y una cobertura amplia
en términos de conectividad, equipamiento y competencias digitales sin discriminación alguna. El efectivo acceso a la conectividad como derecho requiere su consideración como bien y servicio público por los Estados, con la garantía sobre la soberanía de contenidos,
acceso libre en los espacios públicos y escuelas, libre de lucro, vigilancia y la intrusión en la órbita íntima de cada persona.
● Es indispensable una reforma fiscal que disminuya la regresividad de los actuales esquemas impositivos en la región y aumentar la proporción de presupuesto nacional dedicado a la educación. Se requiere que los países cumplan con la Asistencia Oficial para el Desarrollo comprometida en el marco de la Declaración de Incheon. Es en este marco que los países de nuestra región se comprometieron a asignar y cumplir con un mínimo del 6% del PIB y 20% del presupuesto nacional para la educación.
● Las Políticas complementarias que coadyuvan a garantizar el derecho humano a la educación se centran en la protección social universal, la promoción del ingreso básico universal como derecho ciudadano, así como el apoyo dirigido a hogares encabezados por madres solas o monoparentales.
● Solicitamos cumplimentar la educación sexual integral y avanzar en el marco normativo y la institucionalidad para hacer frente a la discriminación, violación de derechos humanos, y a todo tipo de violencia, con especial urgencia y políticas que pongan fin a la violencia por razones de género y que afectan especialmente a refugiadas, afrodescendientes e indígenas, trabajadoras sexuales, rurales, poblaciones LGTBQ+, a las mujeres migrantes, personas con discapacidad en los ámbitos educativos
● Reconocer y respaldar las distintas formas de educación en las comunidades y pueblos. Los saberes ancestrales, conocimientos y la relación con la naturaleza y comunidad en diálogo permanente con los pueblos y comunidades involucradas.
● Es necesario considerar medidas de estímulo a la escolarización de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con transferencias de ingresos familiares asociados a la concurrencia a la escuela y de educación sexual integral promotores de derechos como estrategia fundamental para promover la equidad de género y el respeto a las diversidades sexuales, y prevenir los embarazos no planificados en la adolescencia, la violencia obstétrica, así como las uniones o matrimonios precoces y el abuso sexual infantil.
● Debido a la crisis humanitaria de migración es indispensable que a las niñas, niños y adolescentes migrantes se les garantice el derecho a la educación. Respecto al ODS 5 Lograr la Igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas, los principales mensajes son:
● Reclamamos la promoción y aplicación efectiva de medidas inclusivas que no dejen a las mujeres atrás y en particular a las trabajadoras sexuales, las trabajadoras a domicilio, especialmente en forma independiente e informal, mujeres con discapacidades, mujeres migrantes y desplazadas e indígenas y mujeres del colectivo trans han sido los principales colectivos excluidos y que en período de recuperación de la pandemia sea una prioridad de los gobiernos la creación de trabajo decente.
● Reclamamos a los Estados que prioricen las inversiones en la economía del cuidado; la eliminación de la brecha salarial de género, y la promoción del empleo para las jóvenes, mujeres, en todas sus diversidades.
● Reafirmamos el “Marco de las 5 R para el trabajo de cuidados decente” de la OIT: Reconocer, Reducir y Redistribuir el trabajo de cuidado no remunerado, Recompensar y Representar a los trabajadores y trabajadoras del cuidado, e instamos a la ratificación del Convenio 189 de la OIT, la sanción y cumplimiento de normas laborales para este sector en los países.
● Es urgente el reconocimiento y garantía de derechos para todos y todas las trabajadores/as informales, los/as trabajadores/as, trabajadores comunitarios, economía social y solidaria, y cuentapropistas, incluido al sector de las personas que ejercen el trabajo sexual.
● Teniendo en cuenta que las violencias son tanto individuales y colectivas, exigimos que todos los países ratifiquen el Convenio 190 de OIT, “Sobre Violencia y Acoso” y adopten medidas de protección a las mujeres y niñas desde una perspectiva de derechos humanos, orientadas a disminuir la violencia basada en género, lo que implica inversión en prevención y atención, incluido el asesoramiento legal gratuito y la aplicación de justicia efectiva.
● Que los Estados generen los mecanismos necesarios para contar con estadísticas o datos sobre las distintas formas de violencias contra niñas, jóvenes y mujeres, sobre todo en aquellas que viven en una situación de mayor vulneración, como son población indígena,
afrodescendiente, con discapacidad, migrantes, de la diversidad sexual, entre otras.
● En reconocimiento al liderazgo permanente de las mujeres, a pesar de verse limitadas por sus tareas de cuidados, resulta imperativo garantizar el involucramiento de la los pueblos indígenas y tribales, mujeres campesinas, productoras rurales y de base en los proyectos
dirigidos a ellas, desde el planeamiento hasta la ejecución y evaluación, tal como establece el Convenio 169 de la OIT, así como también de las ya que esto compromete su bienestar.

En relación a los ODS 14 “Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo Sostenible”, y el ODS 15 “Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad”, el Mecanismo de Sociedad Civil del Foro de Países para el desarrollo Sostenible, afirma:
El cambio climático afecta desproporcionadamente a los grupos desfavorecidos y a las personas que viven en países en desarrollo, debido a la falta de recursos sociales, tecnológicos y financieros suficientes para adoptarse. La degradación de los océanos, mares, recursos marinos, así como los ecosistemas terrestres es producto de una relación desmedida del sistema actual con respecto a la Madre Tierra en el marco del sistema capitalista promotor de pobreza.

La crisis y los impactos de la pandemia deben servir para colocar como prioridades las grandes amenazas a la vida que implica la crisis ambiental y reforzar su real vínculo por la disputa por un modelo de producción y consumo que ponga en el centro al planeta y las personas.
Las acciones climáticas deben ser impulsadas por una Transición Justa hacia sociedades y economías sostenibles para asegurar un enfoque inclusivo y soluciones sostenibles. La inacción de los gobiernos y la continuidad de las prácticas de negocios sin duda llevarán a más personas a la pobreza. Es urgente poner en marcha otro modelo de desarrollo que centralice la justicia socio ambiental. Se
impulsa un cambio en el modelo de relaciones para generar y fortalecer experiencias que aporten a la desmercantilización de la Naturaleza, a la desprivatización, a la democratización, desconcentración y descentralización en la gestión de los bienes comunes.

Reiteramos la relevancia del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe (Acuerdo de Escazú), único acuerdo ambiental y de derechos humanos de ALC, surgido a la luz de la Cumbre de Río+20; primero en el mundo que contiene una garantía para la protección de las personas y organizaciones que defienden derechos humanos ambientales. Solicitamos la pronta ratificación del Acuerdo de Escazú a los países de América Latina y Caribe que aún no lo han hecho y abogamos por la adecuación normativa nacional y regional para su implementación efectiva.
● Los gobiernos de la región deben asegurar la adaptación y la compensación económica por pérdidas y daños, generando políticas para prevenir, minimizar y abordar el desplazamiento de personas producto de la crisis climática.
● Se requiere de financiación y acceso a la transferencia tecnológica para enfrentar el cambio climático basadas en principios de justicia, transparencia y en decisiones tomadas democráticamente para el cambio de modelo de producción y consumo.
● Son necesarias las sanciones y expulsiones de las empresas que dañan o contaminan la tierra, que los Estados se abstengan de dar facilidades y subsidios para el desarrollo de proyectos extractivos y, en cambio, fortalezcan las instancias de fiscalización ambiental con
presupuestos adecuados y con el respaldo político necesario para que cumplan su rol.
● Reclamamos que los Estados apliquen los convenios, tratados, declaraciones que han adoptado en relación a la protección de las tierras, territorios y recursos naturales y se garantice el derecho de comunidades y pueblos a vivir una vida plena y en paz.
● La consulta libre, previa e informada (CLPI) al interior de las comunidades donde se encuentran las tierras, territorios y mares debe ser una acción obligada para las empresas y gobiernos que quieran desarrollar cualquier proyecto extractivo, reconociendo su contribución y conocimientos para la prevención y reducción de riesgos.
● Es necesario que los gobiernos reconozcan y valoren los conocimientos de los pueblos indígenas en la conservación de la biodiversidad y el medioambiente y que trabajen en conjunto con las comunidades para diseñar e implementar planes de mitigación y adaptación nacionales y locales.
● Promover la institucionalización y la transversalización de los enfoques de género, interculturalidad, intergeneracionalidad, interseccionalidad y de derechos individuales y colectivos en las políticas estatales relacionadas con el cambio climático y los desastres,
mediante la sensibilización y capacitación del funcionariado público, incluyendo a las y los maestros, así como garantizando la asignación de presupuestos específicos.

En cuanto al ODS 17, Alianzas Inclusivas, reiteramos y recomendamos: Hoy es urgente un cambio radical, la puesta en marcha de un Nuevo Contrato Social, esto es: un nuevo paradigma del desarrollo, que garantice la realización de los derechos humanos, los derechos
del trabajo, los derechos ambientales y culturales y la aceleración del cumplimiento de la Agenda 2030.
● Exigimos que los Gobiernos de América Latina y el Caribe fortalezcan un sistema de gobernanza multilateral basado en la solidaridad, empezando por el acceso universal e igualitario a las vacunas del COVID-19.
● La construcción de alianzas requiere un cambio de comportamiento por parte de los actores estatales, del mercado y de la sociedad civil. Los actores estatales y multilaterales deben implementar compromisos en la reforma de la cooperación al desarrollo.
● Respecto a la cooperación al desarrollo, expresamos que los actores estatales y multilaterales deben implementar compromisos concretos y vinculantes basados en la solidaridad y la superación de asimetrías entre países y los pueblos. Alertamos los procesos de creciente privatización de la ayuda y la cooperación y la tendencia de la cooperacción Sur- Sur con similar dirección a la que hemos denunciado de la cooperación tradicional Norte- Sur, a lo que se suma la decreciente Ayuda Oficial al Desarrollo. Solicitamos que se cumplan los compromisos de Cooperación al desarrollo, los principios de la Cooperación Sur- Sur y el cumplimiento de la AOD.
● Es indispensable que las instancias financiadoras y las agencias de ONU apoyen a los países considerados como expulsores para que disminuyan las causas de las emigraciones forzadas, desplazadas y personas migrantes, al tiempo que apoyen a los países receptores transitorios o permanentes a contar con programas para disminuir la violencia de todo tipo y asegurar la prestación de servicios de salud y otros en igualdad de condiciones que la población del país.
● Los Estados deben reconocer el papel del diálogo social como medio para definir e implementar políticas de recuperación inclusivas y sustentables. Reiteramos que los progresos transformadores en los ODS no serán posibles sin una sociedad civil plenamente participativa y actuante, pero igualmente reconocida e incorporada en los procesos de desarrollo, lo que es responsabilidad de los gobiernos actuales.

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