Opinión

Activistas de la sociedad civil discuten la protección del espacio cívico en Venezuela

(Caracas, 04.02.2022. Wola). Ante la crisis política venezolana, las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos y en la respuesta a la emergencia humanitaria compleja que padece el país están bajo el ataque del gobierno de Nicolás Maduro. En este contexto, muchas organizaciones de la sociedad civil están contrarrestando esta represión con la creación y preservación de espacios para celebrar la resistencia democrática y no violenta. Un ejemplo reciente es la campaña digital #EspacioParaDefender, la cual fue lanzada por la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ) a finales de 2021 con el objetivo de promover una conversación sobre la urgente necesidad de proteger el espacio cívico en el país. Reconociendo la necesidad de resaltar las experiencias de la sociedad civil venezolana, WOLA publica este Q&A con representativas de CODHEZ y otras tres ONG locales sobre sus experiencias en la labor de derechos humanos y asistencia humanitaria en Venezuela.

Venezuela hoy enfrenta un panorama difícil. Hay una falta de institucionalidad democrática, estado de derecho y respeto por los derechos humanos, y represión constante del espacio cívico. El Estado ha perdido la capacidad, y la aparente voluntad política, de atender a los sectores más vulnerables de la población y la ONU estima que uno de cada tres venezolanos padece inseguridad alimentaria y necesita asistencia. En medio de todo esto, ¿opinas tú que existe un rol para la sociedad civil en el avance de acuerdos humanitarios o políticos que puedan satisfacer las necesidades más urgentes de la población y defender sus derechos básicos? ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan actores de la sociedad civil en Venezuela hoy en realizar su trabajo? ¿Cómo puede la comunidad internacional abordarlos? ¿Cuáles cambios esperas que se logren para abrir el espacio cívico en Venezuela?

Dayanna Palmar, Coordinadora de Proyectos de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ):

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La sociedad civil venezolana ha cumplido con un papel muy importante, abordando la situación de la crisis humanitaria desde sus inicios y articulándose para construir tejido humano en el país. En el contexto actual, es fundamental facilitar y no obstaculizar la labor que cumplen los defensores de derechos humanos y actores humanitarios. Para avanzar en soluciones que pongan fin a la emergencia humanitaria compleja, se deben trabajar en conjunto con los actores de la sociedad civil que han construido capacidades y conocimientos para atender a los grupos de población más vulnerables y aquellos que han sido vulnerados en el ejercicio de sus derechos.

En estos últimos años se han sumado mayores desafíos que debe enfrentar la sociedad civil venezolana. Antes no había impedimentos para registrar una asociación civil, o actualizar actas constitutivas. Ahora cada vez existen más dificultades para constituir una asociación civil, indistintamente del objeto social, porque existen organizaciones con labores humanitarias que no han podido obtener un registro. También, desde 2021, se ampliaron las imposiciones administrativas que buscan restringir la labor de las organizaciones y que estigmatizan la labor de la sociedad civil, obligándolas a registrarse ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, como si las labores de la sociedad civil se relacionaran a esos temas. Todo esto opera en un contexto de discurso amenazante desde autoridades políticas, lo que hace más riesgoso el escenario del espacio cívico en Venezuela.

Para promover y defender derechos humanos, avanzar en el desarrollo del país y construir una cultura de paz es fundamental contar con un espacio cívico abierto que permita la participación de todos los actores. Esto es una obligación del Estado venezolano, que se desprende de sus obligaciones internacionales para con los Derechos Humanos, por lo que es vital el apoyo de los organismos internacionales de protección de Derechos Humanos en el acompañamiento de la sociedad civil venezolana que opera en un contexto muy restringido, a través de la recepción de información, abogacía, comunicados y llamados públicos, entre otras acciones que protejan el ejercicio de los derechos humanos.

Fortalecer el espacio cívico venezolano empieza por no cerrar los espacios de asistencia humanitaria, defensa de derechos humanos y libertad de expresión. El Estado debe reconocer a la sociedad civil como un actor importante para la solución de los problemas en Venezuela, no una amenaza.

Beatriz Borges, Directora Ejecutiva del Centro de Justicia y Paz (CEPAZ):

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Dentro de los principales desafíos, vemos los actos normativos y amenazas de cierre del espacio cívico en el país. En abril de 2021 se hizo del conocimiento público la Providencia Administrativa N° 001-2021, que fue sustituida por la N° 002-2021. Esta norma de caracter sublegal, fue dictada con el objeto de establecer los requisitos para que las Organizaciones sin fines de lucro (OSFL) se inscribiesen en el “Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (RUSO-ONCDOFT)”, que depende del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Este registro ad hoc es paralelo al Registro Civil, en el que ya se encuentran inscritas las OSFL, según las leyes venezolanas. Este registro adicional es una manifestación de nuevas formas de solicitudes indiscriminadas de información que atentan contra el trabajo legítimo y la capacidad de asociación de las organizaciones venezolanas. La Providencia 002-2021 en los términos y condiciones que actualmente se están exigiendo, tendría como consecuencia la anulación e ilegalización de las OSFL, en particular, las asociadas con impacto social y humanitario en Venezuela, lo cual, busca desincentivar el trabajo que realizan estas organizaciones en el país.

A esto se suma los actos de hostigamiento, persecución y criminalización en contra de las OSFL y sus equipos de trabajo, que a través de infundadas acusaciones basadas en presuntas actividades relacionadas al financiamiento al terrorismo han incrementado progresivamente. Ejemplo de ello, es como Diosdado Cabello en su programa “Con el Mazo Dando”, transmitido semanalmente por el principal canal del Estado, y replicado por todo el sistema de medios públicos, ha afirmado sobre las organizaciones que “muchas de ellas (están) vinculadas a programas de desestabilización en nuestro país, inclusive terroristas”, afirmaciones que se dan sin prueba alguna. Estas amenazas recurrentes aumentan y ponen a las organizaciones en riesgo y bajo un ambiente hostil, de ataques y amenazas.

Es fundamental, la protección del espacio cívico y de la labor de los defensores y defensoras en el país. Hoy en día es parte de la esperanza en Venezuela contar con un tejido social y de organizaciones de la sociedad civil que trabajan arduamente en la defensa de derechos de la población, en la asistencia humanitaria y en diferentes espacios atendiendo las necesidades de la población. El apoyo y reconocimiento a quienes hacen este trabajo en Venezuela es muy importante y debe ser un aspecto central en la agenda de la comunidad internacional sobre Venezuela para el 2022.

Rigoberto Lobo, Fundador y Director de Promoción, Educación y Defensa en Derechos Humanos (PROMEDEHUM):

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El rol principal de la sociedad civil venezolana es hacer visible de todas las maneras posibles la situación de emergencia humanitaria compleja que vivimos, no basta los informes de las organizaciones, deben ser el piso para comunicar la realidad. Esto podría contribuir a una mayor presión internacional, no solo desde los organismos u organizaciones internacionales, también de países, que puedan empujar a una respuesta humanitaria más efectiva. Es necesario que la sociedad civil pueda ejercer una mayor presión para que el plan de respuesta humanitaria internacional, pueda abrirse y flexibilizar algunos procesos, es muy difícil trabajar en un contexto bancario internacional tan limitante y esto, cierra las puertas a muchos actores que se podrían sumar.

La sociedad civil venezolana debe ser asertiva, lo político no es estrictamente partidista, si logramos separar esas cosas, nuestra presión puede ser más efectiva y lograr más cosas en el terreno político, lo humanitario es político también, entender eso podría generar alternativas positivas.

La sociedad civil venezolana trabaja en un contexto muy adverso por las dificultades diarias y, además, bastante represivo y peligroso, el cual, muy probablemente se agrave en el 2022. Sabíamos que el 2021 sería un año difícil y peligroso y específicamente para las organizaciones de derechos humanos, lo que vemos es que ha sido así, han afinado el aparato represivo, sus formas parecen ser más efectivas y el rechazo internacional sigue siendo bajo, como sucede con organizaciones en situación de riesgo en otras partes del mundo.

Poder seguir trabajando desde otras regiones del país, con un contexto de servicios básicos mucho más deficiente es un gran desafío, lograr los objetivos propuestos y además sintiéndose más inseguros al estar relativamente aislados. Resolver la cotidianidad de la vida y en una ruda economía, donde la vida resulta más costosa que en otras partes del mundo, es una barrera gigante que saltar.

La comunidad internacional ha venido lentamente y en pocos casos flexibilizando procedimientos para que la sociedad civil pueda realizar su trabajo. Esto debe entenderse en contextos donde lograr ciertos procesos resultan imposibles para muchos actores. Es incongruente que se mencione desde el ámbito internacional que Venezuela padece una emergencia humanitaria compleja y al mismo tiempo a la sociedad civil se le exigen cosas que no son transitables en estos contextos.

Luis Francisco Cabezas, Director General de Convite:

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Con respecto al avance de un acuerdo humanitario y político, como sociedad civil venezolana tenemos un rol fundamental en varias áreas. La primera de ellas es documentar lo que se está viviendo. Es importante porque ha servido para visibilizar en distintos espacios, al nivel internacional, así como al nivel nacional, la violación de los derechos de las personas más vulnerables en Venezuela. En la misma línea, las organizaciones de la sociedad civil frente a la opacidad que impera desde el gobierno en la divulgación de información, hemos tenido que diseñar e implementar sistemas alternativos de información que permitan obtener información en temas tan sensibles como las estadísticas epidemiológicas. Por otro lado, hemos jugado un rol fundamental en el reconocimiento internacional de que en Venezuela existe una emergencia humanitaria, pero también hemos jugado un rol fundamental en la confección de los distintos planes de respuesta humanitaria durante el periodo 2019-2022.

Acerca de los principales desafíos que enfrentan los actores de la sociedad civil en Venezuela hoy, en primer lugar, tiene que ver la creciente criminalización de la labor de las organizaciones de la sociedad civil. En nuestro caso de Convite, estamos en los dos espacios: en la defensa de los derechos humanos y en el despliegue de ayuda humanitaria. En el caso del despliegue de ayuda humanitaria, no hay mayor soporte del estado; por el contrario, en ocasiones tenemos muchos obstáculos para la implementación de la respuesta humanitaria que viene desde el propio Estado. Hay un riesgo permanente de criminalización y judicialización de nuestra labor. Convite fue sujeto de un allanamiento el diciembre antepasado. A eso debemos sumarle, que la criminalización genera miedo entre nuestros equipos de trabajo. Otro desafío que tenemos es que, con la llegada de organizaciones humanitarias internacionales y del sistema de Naciones Unidas, ha habido una competencia asimétrica con el recurso humano. Tenemos organizaciones internacionales que lamentablemente han reclutado personal de las organizaciones locales, dejándolas prácticamente desmanteladas. Es un debilitamiento importante al capital humano de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela.

El otro desafío es el temor que tenemos de que Venezuela se convierta en una crisis olvidada. ¿Cómo puede la comunidad internacional abordarlo? Bueno, la comunidad internacional ha hecho lo que uno esperaría que haga, que es denunciar. Esperaríamos también un mayor apoyo sobre todas las organizaciones que estamos en el rol humanitario. Sobre todo, que no dejen de seguir apoyando la causa y los programas humanitarios que aquí se están implementado. Por ejemplo, los programas de protección rápida y de salida para aquellos defensores que pudieran estar en riesgo. Lo importante también para la comunidad internacional es tratar de sacar lo humanitario de la agenda política. En ocasiones hay una manía de politizar lo humanitario y eso termina afectando a quienes estamos en campo haciendo labor de humanitario.

Con respecto a cuáles cambios esperamos que se logren para abrir el espacio cívico en Venezuela: En primer lugar, creo que hay que abrir un espacio de diálogo, un mecanismo de articulación, un espacio de construcción de confianza donde, por ejemplo, se pudieran resolver complicaciones logísticas en la implementación de la respuesta humanitaria, que permitiese resolver las complicaciones que regularmente encontramos para la movilización de la ayuda para el país. Finalmente, creo que también la sociedad civil tiene un rol fundamental de hacer un lobby fuera de Venezuela. Mostrar a congresistas, a personas dentro de la agenda de la política internacional, a los países de la UE, propia Estados Unidos, para dar otra mirada acerca de la realidad que se vive en Venezuela y vista desde quienes estamos trabajando en campo y que cargamos con mayores riesgos. En muchos casos ha contribuido al agravamiento de la situación en Venezuela, quizás de manera no deliberada, sino como un efecto adicional. Entonces es importante el rol que nosotros podemos tener para hacer ese lobby en esos espacios, y dar otra mirada de lo que se vive en Venezuela. Es importante dejar claro que hay medidas políticas que tienen un impacto en lo humanitario, por tanto, debemos jugar un rol en hacer ver la necesidad de valorar los impactos no deseados que generan medidas unilaterales, que además lejos de propiciar una solución se han convertido en sí mismas en un problema para los sectores más vulnerables del país, además de servir de guión al gobierno para justificar su abandono al mandato de proteger a la población en vulnerabilidad.

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Ilustraciones por Alejandra Arjona Marino.

Fuente : venezuelablog.org