Ante la decisión del gobierno nacional de comenzar a administrar los prototipos vacunales Abdala Soberana 02 en niños de 2 a 11 años de edad

Padres Organizados de Venezuela y la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes

Considerando

Que los padres y representantes tenemos la obligación de velar y proteger el derecho a la salud de nuestros hijos y en consecuencia el de
exigir la utilización de productos de calidad que garanticen el pleno ejercicio de ese derecho.

Que nuestra Carta Magna en su artículo 83 reconoce la salud como derecho social fundamental y establece la obligación del Estado de
garantizarlo a todas las personas, sin distinción alguna, como parte del derecho a la vida.

Que en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el Principio de la Prioridad Absoluta establece que en la actuación de las familias, la sociedad y el Estado debe privilegiarse la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, frente a otras áreas, necesidades e intereses.

Que la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 3, estipula que: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”… y que “Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas”.

Que la Academia Nacional de Medicina y diversas sociedades científicas han exhortado al Ejecutivo Nacional a abstenerse de administrar los prototipos vacunales Abdala y Soberana 02 a niños entre 2 y 11 años, en virtud de no tener reconocimiento por ningún ente regulatorio
independiente, ni por la Organización Mundial de la Salud, y su aplicación sería en cumplimiento de una fase experimental, lo que debe ser informado expresamente a los padres y representantes, y requiere de su consentimiento informado a tales fines.

Que se desconoce con base en qué criterios el Ejecutivo Nacional tomó tal decisión.

Resolvemos
Sumarnos a la exhortación realizada por la Academia Nacional de Medicina, en consecuencia exigimos de manera categórica al Ejecutivo
Nacional, abstenerse de administrar a niños entre 2 y 11 años, los prototipos de vacunas Abdala y Soberana 02, así como cualquier otro
producto que no cuente con el reconocimiento de la OMS u otro ente regulatorio.

Alertar a los padres, representantes, tutores y/o responsables para que no permitan que a sus representados le sean aplicados los mencionados prototipos de vacuna, cuya fase experimental aún no ha concluido, desconociéndose, en consecuencia, los efectos que puedan derivarse en la salud de los niños. Igualmente los instamos a acudir ante los órganos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes para denunciar cualquier iniciativa de esta naturaleza que pueda poner en riesgo la salud y/o integridad de sus hijos.

Convocar a la ciudadanía en general a reclamar ante las instancias correspondientes el cumplimiento de su deber de ofrecer información,
oficial, clara, oportuna, veraz y precisa sobre la aplicación de los candidatos a vacunales Abdala y Soberana 02.

Reservarnos el derecho a interponer las acciones de Protección, establecidas en los artículos 276 y siguientes de la Ley Orgánica para la
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, (LOPNA) en concordancia con los artículo 13 y 32 ejusdem y con lo establecido al efecto por la
Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás normas vigentes.

Reservarnos el derecho a denunciar la situación planteada ante las instancias internacionales competentes.

Declararnos activados en defensa de los preceptos constitucionales vigentes, de conformidad con el artículo 333 de la Carta Magna. No
permitiremos que se ponga en riesgo y atropellen los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes.