Transparencia Venezuela ante las graves denuncias sobre la gestión del Gobierno Interino

En Transparencia Venezuela estamos convencidos de que urge un cambio en la manera como se vienen gestionando los recursos públicos, no solo por el gobierno de Nicolás Maduro sino también por el gobierno Interino, además de una investigación integral sobre las denuncias formuladas.

La opacidad, la discrecionalidad y la ausencia de controles efectivos en la gestión pública introducen amenazas serias a los intereses del bien común y quebranta la fe de los ciudadanos en las instituciones del Estado. Por esta razón, las recientes denuncias que se han hecho sobre el incumplimiento de las responsabilidades del Gobierno interino de Venezuela son de suma preocupación.

Poner en peligro la recuperación y la protección de los activos de la República, que fueron expoliados unos y expuestos otros por la Gran Corrupción desde hace décadas, constituye una falta inaceptable y un incumplimiento de los compromisos establecidos en el Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por la propia Asamblea Nacional electa en 2015.

La falta de transparencia denunciada públicamente por altos funcionarios– actuales y retirados– del Gobierno interino, y diversos reportajes, presuponen un manejo opaco de las finanzas públicas, por parte del interinato que lidera Juan Guaidó, así como la ausencia de investigaciones parlamentarias conclusivas, de sanciones políticas o votos de censura para los señalados. Los reportajes recogen -entre otras- las denuncias de supuestos sobornos para la recuperación de activos, y la contratación irregular de escritorios jurídicos en el exterior. Señalan también la inexistencia de canales de acceso a la información pública en los portales del Ejecutivo y Legislativo del interinato. Hasta la fecha, la página web de la Asamblea Nacional 2015 carece de información de rendición de cuentas.

Desde las denuncias de malversación de fondos públicos y donativos para atender a los militares venezolanos en Cúcuta, la Asamblea Nacional no presentó un informe concluyente que exigiera la aplicación de procesos y procedimientos de transparencia, de contraloría y rendición de cuentas que eliminen las irregularidades administrativas sobre las que Transparencia Venezuela se pronunció en su momento (https://bit.ly/3FaPxdT).

 Alerta de la Procuraduría Especial y el Fondo de Litigios

Una de las situaciones más delicadas en el desempeño del Gobierno interino la ha hecho pública el actual Procurador Especial de la República, Enrique Sánchez Falcón. En sesión de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional elegida en 2015, el Procurador afirma que no se ha aprobado el presupuesto 2021 para hacer posible la contratación de apoderados judiciales para la defensa de los intereses de Venezuela, en juicios que se celebran en varios países. 

“Al Poder Legislativo ha correspondido aprobar los recursos económicos para pagar a los abogados que ejercen la representación judicial en los litigios (…), los cuales sin excepción se han originado de actuaciones inconstitucionales de los gobiernos de Chávez y Maduro. Pero, la Asamblea Nacional no ha atendido debidamente sus obligaciones de proveer la aprobación de esos recursos económicos”. Sánchez Falcón asegura que ha reiterado en varias ocasiones y por vía oficial el petitorio de los presupuestos requeridos para la recuperación de los activos venezolanos en el extranjero, “sin que hasta la fecha se conozca siquiera si están siendo analizado por sus destinatarios”.

Los riesgos inminentes, como los califica Enrique Sánchez Falcón, “por la no atención de litigios que se han intentado contra la República y sus entes descentralizados” comprometen la defensa de 24 mil millones de dólares estadounidenses que constituyen bienes de Venezuela. “Haber asumido el control de los activos del pueblo de Venezuela en el extranjero”, dijo en su intervención, “implica obligaciones para proteger esos activos de las acciones de los acreedores y del gobierno de Nicolás Maduro”.

En este sentido, las limitaciones descritas por el Procurador suponen un incumplimiento manifiesto por parte de la Asamblea Nacional al no proveer los recursos para esa defensa, referida a importantes litigios como: 

  1. El juicio sobre los Bonos Pdvsa 2020, cuya apelación requiere 70 mil dólares estadounidenses. 
  1. El arbitraje de la empresa Conoco, que goza de un laudo a su favor por un monto de $8.500 millones, que con los correspondientes intereses rondaría los $10.000 millones en fase de ejecución, aunque suspendida por la solicitud de nulidad realizada por la República ante el comité arbitral y que, según declaraciones del ex-procurador especial José Ignacio Hernández, a través de su cuenta de Twitter el 2 de octubre de 2021, la Corte de Distrito de Washington emitió certificado de no comparecencia de los representantes de la República el 1 de octubre de este año, sin que ello signifique que se procederá a la ejecución del laudo arbitral. A vista del Procurador Sánchez Falcón, hay razones para suponer que se podría ganar si se atiende debidamente este proceso.
  1. Un conjunto de casos adicionales que, por no contar con presupuesto, no tienen el respaldo de abogados designados y están expuestos a la potencial y muy significativa pérdida de intereses del país.

No obstante, en octubre de 2019, la Asamblea Nacional electa en 2015 autorizó a la Junta Administradora ad hoc de Pdvsa el uso del “dinero disponible a su favor en Estados Unidos hasta por dos millones de dólares”, para el pago de honorarios profesionales asociados a la defensa legal de sus activos y, luego, en enero de 2020, Juan Guaidó solicitó a la AN ampliar el Fondo de Litigios hasta 20 millones de dólares. 

En efecto, el Fondo de Litigio tenía autorización para gastar 24 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, luego de solicitudes hechas por la Procuradoría Especial, la Asamblea Nacional reconoció deudas por pagar hasta octubre de 2020, de aproximadamente 18,7 millones de dólares, que no incluyen los compromisos con las firmas que hacen seguimiento a los casos desde noviembre de 2020 hasta diciembre de 2021. Entendemos que el Procurador requiere aprobación de recursos para cubrir gastos de noviembre 2020 en adelante y los casos siguen su curso.

La Junta Administradora ad hoc del BCV muestra, en su informe de gestión presentado el 28 de julio 2021, desembolsos para el Fondo de Litigios a mayo 2021 -que entendemos es el que maneja el Procurador- por 10,1 millones de dólares del total de los 18,7 millones aprobados. Es decir que para julio 2021 quedaban 8,6 millones de dólares por ejecutar para honrar deudas de 2020. 

La opinión pública desconoce, a la fecha, la posición y explicación de la Comisión Delegada o de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional sobre la alerta del Procurador. Esta opacidad no es materia de reserva o confidencialidad pues no se trata de conocer las estrategias legales de la defensa de la República y sus activos en el extranjero, sino de la provisión de recursos financieros para el pago de honorarios y servicios legales.

La Comisión Delegada de la AN compromete su responsabilidad jurídica y política al no aprobar los recursos para esta importante tarea y para la apertura de investigaciones de la Procuraduría Especial

El caso Citgo

Luego de 13 años de la expropiación de la trasnacional minera Crystallex, en 2021 un tribunal estadounidense ordenó la venta de las acciones de Citgo a favor de la empresa canadiense. Por otro lado, en 2017 Nicolás Maduro había ofrecido 51,1% de las acciones de Citgo como garantía de pago por los Bonos Pdvsa 2020, sin la autorización de la Asamblea Nacional. Ambos procedimientos están paralizados luego de que la administración de Donald Trump en Estados Unidos impidiera en octubre de 2019 negociar las acciones de Citgo. Es preciso recordar que Nicolás Maduro también ofreció el 49% de las acciones de Citgo a la petrolera de Rusia, Rosneft, como garantía frente a un préstamo a Pdvsa en el año 2016. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió la licencia 5H que prohíbe las “transacciones relacionadas a la venta o transferencia de acciones de Citgo en relación a los bonos Pdvsa 2020” hasta enero de 2022. 

La extensión de la licencia 5H es incierta, ante un posible cambio de política del Gobierno estadounidense a partir de esa fecha, y las acciones de los acreedores de los bonos Pdvsa 2020 pudieran estar dirigidas a la liquidación o capitalización de las participaciones de Citgo, situación que pone en riesgo los activos venezolanos en el extranjero, cuya salvaguarda ordenan tanto el Estatuto de la Transición como la Constitución venezolana.

El ex Procurador Especial José Ignacio Hernández señaló, en una declaración a la Voz de América sobre el caso Citgo, que hay “más de 60 litigios en Estados Unidos. Esos litigios hoy día continúan. Cada vez la situación se complica más porque los acreedores de Venezuela han venido esperando, al menos, desde el año 2017”. Agregó que “las cortes de Estados Unidos dijeron en la mayoría de los casos: “Mire usted, Venezuela tiene que pagar. Entendemos la emergencia humanitaria compleja, entendemos la conflictividad política, podemos discutir algún tipo de plazo de pago, pero usted tiene que pagar”.

El caso Monómeros 

Juan Guaidó designó en 2019 una junta administradora ad hoc para Monómeros Colombo-Venezolanos, S. A., filial de Pequiven y productora de fertilizantes en Colombia. Un año después, el senador colombiano José David Name instó al gobierno de Iván Duque a intervenir la empresa porque había indicios de corrupción, los cuales fueron desestimados luego de la rendición de cuentas en julio de 2020. Sin embargo, no se atendió la denuncia del ex embajador de Guaidó en ese país, Humberto Calderón Berti, sobre la intromisión de representantes de partidos políticos de la alianza opositora en el manejo de la empresa de fertilizantes, ni se emitió un informe al respecto.

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