Venezuela: Organizaciones internacionales expresamos preocupación por puesta en marcha de providencia administrativa que criminaliza y limita la labor de defensa de las organizaciones de la sociedad civil

Washington, D.C., Ginebra, París, 24 de septiembre de 2021. Las organizaciones internacionales abajo firmantes, expresamos nuestra profunda preocupación por el contexto sumamente adverso en el que las organizaciones que defienden derechos humanos en Venezuela llevan a cabo su trabajo. Durante el último año, el mismo se ha caracterizado por ataques, allanamientos y detenciones arbitrarias en contra de organizaciones de la sociedad civil.

Las detenciones arbitrarias y la sostenida privación de libertad en contra de 3 miembros de FundaREDES, así como de otros líderes y lideresas sociales, son un claro ejemplo del riesgo que pesa sobre quienes defienden derechos en el país. Esta situación ha sido acompañada de una larga campaña mediática de desacreditación, difamación, hostigamientos y amenazas en contra de las personas defensoras en Venezuela.

En particular, nos preocupa el avance en la implementación compulsiva  de la Providencia Administrativa para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) sin un enfoque en derechos humanos compatible con los estándares internacionales y con un enfoque que tome en cuenta la labor de las ONGs que defienden derechos. Esta medida, en un contexto como el venezolano donde por lo menos 150 organizaciones y personas defensoras recibieron amenazas de enero a julio de 2021, tiene el efecto práctico de criminalizar a las organizaciones, a quienes considera sujetos que desarrollan actividades que son susceptibles para la comisión de delitos de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo, entre otros.

Este instrumento crea un nuevo mecanismo de control, supervisión, fiscalización y vigilancia en contra de las organizaciones de la sociedad civil, mediante un órgano administrativo dirigido por un General del Ejército. Las diversas obligaciones de los sujetos obligados contempladas en dicha providencia conllevan además violaciones al derecho de asociación y criminaliza el acceso a la cooperación internacional proveniente de donantes extranjeros.

De acuerdo con lo informado a diversas organizaciones de la sociedad civil venezolana por parte de autoridades del Estado, el mes de septiembre de 2021 es el plazo en que se requerirá a las organizaciones registrarse ante la ONCDOFT.

El establecimiento de esta medida viene acompañado de un discurso oficial que, por años ha estigmatizado a las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos. La puesta en marcha de esta medida se da luego de diversas amenazas por parte de agentes del Estado de aprobar una ley que sancione severamente a ONGs que supuestamente conspiren contra la patria.

La providencia administrativa continúa con este patrón de persecución y tiene el efecto práctico de criminalizar la labor legitima de defensa de los derechos humanos y la recepción de fondos por parte de donantes del extranjero, equiparándolo con conductas delictivas como terrorismo.

El Secretario General de la ONU, ha mostrado su preocupación por la existencia de obstáculos, jurídicos, políticos y administrativos en contra de organizaciones de la sociedad civil, particularmente quienes colaboran con organismos internacionales como la ONU. En especial en torno a “las medidas que socavan la legitimidad jurídica de las organizaciones o la capacidad de obtener y mantener financiación, especialmente la procedente de donantes extranjeros” lo que socava la capacidad de las ONGs y reduce el espacio cívico.

Por años, la comunidad internacional y los organismos internacionales de derechos humanos, como la CIDH, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Secretario General de la ONU y la relatoría de la ONU sobre la situación de los defensores y defensoras, han expresado su preocupación por el uso de argumentos sobre la seguridad nacional y la utilización indebida de medidas y leyes sobre la lucha contra el terrorismo en contra de las personas que defienden derechos humanos, las cuales obstaculizan su derecho a defender derechos humanos y les exponen a riesgos a su vida e integridad personal.

Por ello, las organizaciones firmantes hacemos un llamado enérgico al Estado venezolano a cesar todo tipo de criminalización y puesta en marcha de medidas que tienen el efecto práctico de obstaculizar la labor de defensa de las organizaciones de la sociedad civil y que criminalizan su importante labor.

Por su parte, llamamos de manera enérgica a la comunidad internacional, en particular a la CIDH, la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH y la Relatoría de la ONU sobre la situación de los defensores y defensoras a mantenerse alerta y condenar en los más altos términos cualquier mecanismo o instrumento legal, administrativo y político que permita la persecución y criminalización de las organizaciones de la sociedad civil.

Las garantías y protección del espacio cívico resultan fundamentales para la convivencia democrática, más aún ahora que se está llevando a cabo un diálogo político, con el fin de avanzar en el proceso de recuperación de las instituciones democráticas y el Estado de Derecho

Firman:

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos

FIDH, en el marco del Observatorio para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos).

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Robert F. Kennedy Human Rights

Amnistía Internacional

Fuente: cejil.org

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