FENASOPADRES exige regreso seguro a clases presenciales

La Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes, ante el anuncio oficial de regreso a clases presenciales considera que si ya era extremadamente grave y continuada la crisis de los servicios públicos
básicos (electricidad, gas, agua, transporte, combustibles, conectividad),con la aparición de la pandemia la situación en la escuela venezolana se ha complicado aún más.
Antes de marzo de 2020, la crisis educativa ya era inmanejable debido a:
1) el grave deterioro de la infraestructura escolar, con planteles cuyas edificaciones fueron declaradas inhabitables por los cuerpos de bomberos estadales y dependencias de defensa civil; 2) la ausencia del Programa de Alimentación Escolar y allí donde excepcionalmente funcionó, la carencia de proteínas y vegetales fue la constante; 3) la deserción de docentes por las precarias condiciones de trabajo y salario; 4) el creciente abandono escolar de estudiantes debido   a que, en general, las familias no tienen posibilidad de costear útiles, uniformes y transporte.

En abril de 2020 dirigimos comunicación a los poderes legislativo y ejecutivo proponiendo la puesta en marcha de un Plan de Atención Inmediata para el Subsistema de Educación Básica que priorizara condiciones de infraestructura, dotación, programas de atención integral basados en la información suministrada por cada uno de los casi 30.000 planteles de los niveles inicial, primaria y media. La indicada información era indispensable para atender las necesidades inmediatas relacionadas con un regreso seguro a clases en septiembre de 2020. Nuestro llamado a ambos poderes públicos lo hicimos con la exigencia de establecer un acuerdo nacional donde nuestros estudiantes y docentes fuesen la prioridad. Transcurridos 17 meses, las autoridades educativas no han informado al país la situación en que se encuentra la escuela venezolana.

La puesta en práctica del llamado Plan Cada Familia Una Escuela (CFUE) partió de premisas inexistentes, a saber:
o Que todos los planteles educativos disponían de servicios de internet y equipos suficientes para que los docentes se
comunicasen con sus estudiantes.
o Que las familias disponían en sus hogares de servicios de internet y equipos para que sus hijos se comunicasen con sus docentes.
o Que los docentes estuviesen formados en las modalidades de educación en casa y educación a distancia.
o Que los padres, representantes o responsables de estudiantes de los distintos niveles del Subsistema tuviesen formación docente para acompañarles en su proceso educativo en casa y a distancia.
o Que los servicios públicos funcionaran normalmente, sin interrupciones ni suspensiones permanentes a fin de cumplir con las actividades académicas en casa.

Finalizado el período correspondiente al año escolar 2020/2021 no hay información sobre los resultados de la evaluación del Plan CFUE y de los aprendizajes que debieron producirse durante este período.

Esta situación ha alcanzado niveles inaceptables, al punto de no observarse progresos significativos en las carencias anotadas.
La exigencia permanente de los educadores por la formulación y ejecución de protocolos de bioseguridad adaptados a la realidad de cada plantel y que debe ser garantizado por el Estado venezolano, nunca fue respondida, trasladando esta responsabilidad a la familia y al maestro, violando así el principio de gratuidad de la educación en planteles oficiales, como ordena nuestra Constitución.

Constatamos, también, que la garantía de una escuela limpia, mantenida y bien dotada fue incumplida por el Estado, en una práctica de abandono continuado que data desde años escolares previos al inicio de la pandemia
y que se agravó con la suspensión de actividades presenciales, sin que las autoridades responsables actuaran para solventar esta crítica situación.

Este es el panorama que nos espera hoy en nuestros planteles, al inicio de un nuevo período escolar. Observamos con alarma que el ministerio de educación gira instrucciones a directivos y docentes sobre el cumplimiento de protocolos de seguridad, sin proporcionar equipos, instrumentos, utensilios y productos para un regreso seguro a clases,
trasladando, una y otra vez, su responsabilidad a los padres y docentes.

El anuncio oficial de proceder a vacunar a los estudiantes a partir de los 3 años de edad, es decir, a partir de la segunda etapa de educación inicial, siembra falsas expectativas y despierta legítimos temores en la familia
venezolana. Los estudios de vacunación en menores de 18 años han sido adelantados por algunos Estados, pero ninguno ha obtenido, hasta la fecha, autorización por parte de la Organización Mundial de la Salud.

Por todas estas consideraciones hacemos un llamado
o Al Ministerio del Poder Popular para la Educación a que cumpla con su deber como garante del Derecho a la Educación y cese de trasladar sus responsabilidades a la familia y a los docentes venezolanos. El MPPE debe cumplir con el mandato del artículo 103 de nuestra Constitución.
o A los docentes venezolanos y a los gremios que los agrupan para que no permitan que en sus manos se deteriore aún más nuestra educación. Negarse a la promoción automática de sus estudiantes y denunciar cualquier presión oficial orientada a ocultar la gravedad de la crisis educativa, así como exigir condiciones de trabajo y remuneración que aseguren que la educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad
académica.
o A los padres y representantes de los millones de estudiantes de educación básica, que se organicen en su comunidad educativa, sin mediación de organizaciones afines a partidos políticos o gobiernos locales, regionales o nacional, con el fin de hacer valer el derecho preferente que tenemos para decidir el tipo de educación que queremos para nuestros hijos. El Estado debe proveer edificaciones adecuadas, programas de atención social completos y
permanentes, docentes capacitados y bien formados y protocolos de bioseguridad que garanticen un regreso seguro a la presencialidad en las aulas de clase y un plan de vacunación centrado en la familia, para protección del estudiante y el personal que labora en cada plantel educativo de Venezuela.

¡Regreso a clases sí, pero en condiciones de plena seguridad!