Venezuela I: El caso que puso al país bajo el escrutinio de la justicia internacional
Transparencia Venezuela, 4 de junio de 2021.- Nunca antes en su historia, Venezuela había estado bajo el escrutinio de la justicia penal internacional. Pero la conflictividad política y social de los últimos años llegó a un punto tal que se requirió la intervención de la Corte Penal internacional (CPI), para que analizara la posible comisión de delitos de lesa humanidad contra la población civil, que se habrían perpetrado desde el 12 de febrero de 2014 y, en especial, durante la ola de protestas del 2017. Es el proceso conocido como el “Caso Venezuela I”.
El “Caso Venezuela I” está en su fase III, es decir, en pleno examen preliminar, que es adelantado por la Fiscalía de la CPI. No se trata de un juicio. Esta etapa es un paso previo para determinar “si existe una base razonable para proceder con una investigación de conformidad con los criterios establecidos por el Estatuto de Roma”, según lo explicó la misma fiscal de la CPI, Fatou Bensouda en febrero de 2018, cuando anunció el inicio de esta fase procesal.
Un proceso de este tipo solo se comienza en estas circunstancias: si una Estado parte del Estatuto de Roma remite a la Fiscalía de la CPI un caso; si el Consejo de Seguridad de la ONU, actuando de acuerdo al Capítulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas, pide una investigación; o cuando la misma Fiscalía de la CPI comienza la averiguación por iniciativa propia, es decir, de oficio.
La instancia internacional presentó un informe sobre las actuaciones en el Caso Venezuela I, el 14 de diciembre 2020. En el documento se afirma que la Fiscalía de la CPI estima “concluir el examen preliminar a fin de determinar si existe fundamento razonable para proceder a una investigación durante la primera parte de 2021”, es decir, si no hay más dilaciones, este mismo año.
Es importante no confundir este proceso con el denominado Caso Venezuela II iniciado el 13 de febrero de 2020, a partir de la denuncia del ministro de Relaciones Exteriores de Maduro, Jorge Arreaza, quien acusó a Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad, debido a las sanciones económicas impuestas a Venezuela. Arreaza dijo en esa oportunidad que la victima de esas medidas es la «población civil venezolana que ha muerto, que ha sufrido enfermedad, obstáculos para su alimentación». El canciller señaló que las sanciones «son armas de destrucción masiva» y que las medidas contra Pdvsa han afectado al «traslado de piezas, su reparación o a los procesos de refinado».
La CPI presentó el 14 de diciembre de 2020 un informe sobre las actividades realizadas a partir de esta denuncia. El Caso Venezuela II, está en la fase II para determinar si la CPI es o no competente para conocer la denuncia.
¿Qué es el Caso Venezuela I?
En el informe de la CPI publicado el 5 de diciembre de 2018, sobre las actividades del examen preliminar en el Caso Venezuela I se lee:
“El examen preliminar se centra en crímenes presuntamente cometidos en Venezuela al menos desde abril de 2017, en el marco de las manifestaciones contra el gobierno y la inestabilidad política conexa. En particular, se ha alegado que las fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia emplearon fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de civiles, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltratos durante su detención. También se ha informado que algunos grupos de manifestantes recurrieron a medios violentos, provocando que algunos miembros de las fuerzas de seguridad resultaran heridos o muertos”
El texto también refiere:
“Estas alegaciones incluyen varios casos de asesinato, encarcelación u otra privación grave de la libertad física, tortura, otros actos inhumanos, violación y otras formas de violencia sexual, desapariciones forzadas, y persecución fundada en motivos políticos. También se ha alegado que las fuerzas del Estado emplearon fuerza excesiva durante las operaciones de seguridad y redadas realizadas fuera del contexto de manifestaciones contra el gobierno.
También se ha informado que las fuerzas del Estado, en ocasiones, colaboraron con civiles armados pro gobierno, incluyendo los grupos denominados “colectivos”, que también habrían presuntamente perpetrado una serie de actos violentos contra manifestantes, miembros de la oposición –reales o percibidos como tales– y activistas, funcionarios elegidos y estudiantes.”
Al final se señala:
“La Fiscalía también podrá incluir en su análisis todo presunto crimen conectado con la situación y comprendido en la competencia de la Corte, que pueda haber sido cometido desde el 12 de febrero de 2014”.
Fuente: supremainjusticia.org
