«Guía de incidencia en #DDHH para activistas y organizaciones de la sociedad civil en América Latina»

Estos no son tiempos fáciles para la sociedad civil. Los espacios de participacióndemocrática están bajo amenaza. El ámbito de actuación de la sociedad civil, estructurado por las libertades de asociación, expresión y reunión pacífica, está siendo atacado en todo el mundo. Hacia fines de 2019 el CIVICUS Monitor, nuestra herramienta en línea para el monitoreo del espacio cívico, encontró que 24 países del mundo tenían un espacio cívico cerrado, 38 tenían espacio cívico represivo, y 49 tenían espacio cívico obstruido. Solo 43 eran evaluados como abiertos, y otros 42 eran clasificados como de espacio cívico estrecho. Ello se traduce en la triste realidad de que apenas el 3% de la población mundial vive actualmente en países con espacio cívico abierto, es decir, donde hay un disfrute pleno de las libertades para organizarse, expresar opiniones y protestar. Lo que es aún más preocupante, estamos viendo ataques graves contra el espacio cívico incluso en países donde éstos raramente solían ocurrir. En otras palabras: constatamos que los derechos no pueden darse por ganados de una vez y para siempre; son, en cambio, un permanente campo de batalla.

En América Latina, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y las personas defensoras de derechos humanos a menudo enfrentan serios obstáculos como resultado directo de su activismo, entre ellos amenazas contra la seguridad personal,denegación del derecho de protesta, vigilancia y censura. En muchos países, los Estados ya sea reprimen directamente a la sociedad civil, o se muestran incapaces de protegerla y garantizar un espacio cívico en cuyo marco ella pueda desarrollarse y operar libremente.

Según los hallazgos del CIVICUS Monitor, los abusos y violaciones de las libertades cívicas fundamentales más comunes en las Américas son la detención de manifestantes; la violencia contra periodistas; la intimidación; el uso de fuerza excesiva contra las protestas; y la detención de periodistas. Entre los abusos y violaciones más serios del espacio cívico, por su parte, destacan los homicidios de periodistas y de líderes sociales o personas defensoras de derechos humanos, y los asesinatos de manifestantes.

Los Estados a menudo responden con represión cuando la ciudadanía, periodistas u OSC critican o desafían a funcionarios estatales, políticas o instituciones. También enfrentan agresiones procedentes de actores tanto estatales como no estatales las personas defensoras del medio ambiente y del derecho a la tierra que se movilizan contra industrias extractivas y megaproyectos de infraestructura, las personas involucradas en el activismo y monitoreo de derechos humanos y quienes reclaman el cumplimiento de necesidades sociales y económicas básicas. Las más propensas a enfrentar estas restricciones son las personas defensoras procedentes de grupos ya de por sí marginalizados, entre los que se cuentan indígenas, afrodescendientes,mujeres, migrantes y personas LGBTQI+.

En este contexto deviene crítica la acción de la sociedad civil para preservar las condiciones de su propia existencia, ya que ésta es insustituible en su rol de guardiana de los derechos humanos y las libertades ciudadanas. La sociedad civil impone límites y exige explicaciones: llama a los poderosos a rendir cuentas. No solamente monitorea
el cumplimiento de las obligaciones de los Estados, reporta violaciones de derechos, asiste a las víctimas y exige reparaciones; también controla a la administración pública en el día a día para exigirle resultados que beneficien a la ciudadanía. En ese sentido, trata de ayudar al Estado a dar lo mejor de sí mismo.
La contribución de la sociedad civil al desarrollo de la arquitectura global de derechos humanos – instituciones, agencias, tratados, acuerdos, normas, estándares – y a su funcionamiento es inconmensurable. Buena parte de los insumos que procesan los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, tales como el Examen Periódico Universal, proceden de la sociedad civil. En su ausencia, ¿quién llamaría a los Estados a rendir cuentas de sus actos allí donde se han agotado todas las instancias nacionales? De más está decir que se trata de mecanismos deficientes e insuficientes,pero ¿quién si no la sociedad civil batalla sin pausa para dotarlos de uñas y dientes?

Esta guía tiene el propósito de ofrecer un panorama del funcionamiento de los mecanismos de derechos humanos existentes tanto a nivel global como a nivel regional en América Latina, así como de las diversas vías de entrada para la participación y el ejercicio de influencia por parte de la sociedad civil, con ejemplos que muestran cómo lo están haciendo otros colegas y organizaciones de la región, y recomendaciones prácticas sobre el modo de hacerlo de forma efectiva. Esta guía fue elaborada con insumos aportados por activistas con diversos grados de experiencia en el uso de estos mecanismos, quienes se avinieron a reflexionar honestamente sobre su propia labor para compartir los aprendizajes derivados tanto de sus éxitos como de sus fracasos. Esperamos que les resulte de utilidad.

Descargar la Guía de Incidencia en Derechos Humanos

Share
Share