A poco tiempo del evento electoral parlamentario se agudiza la persecución en Venezuela

El derecho a la participación política trae consigo la facultad para la población, en su condición de ciudadanos, de ejercer múltiples derechos reconocidos en la esfera nacional e internacional.

En tal sentido, los derechos políticos no se circunscriben al solo hecho de asistir a un centro electoral y ejercer el derecho al voto, por el contrario, hay una amplia gama de derechos y libertades, como lo son el derecho a ejercer cargos públicos, la libertad de expresión, de asociación política, el derecho a la reunión y manifestación, entre otros derechos que deben ser respetados, particularmente deben consolidarse en el ejercicio de la soberanía popular y el derecho humano del ciudadano de participar en la dirección de los asuntos públicos.

El respeto de estos derechos es fundamental para que unas elecciones puedan considerarse auténticas, libres y democráticas.

En el caso de Venezuela, los derechos políticos se encuentran severamente afectados. En el contexto de la celebración del evento electoral parlamentario fijado para el 6 de diciembre de 2020, desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) ya hemos documentado un conjunto de irregularidades que menoscaban las garantías del proceso electoral en curso y que avecina unos comicios carentes de autenticidad.

Ver más en: Un patrón sistemático de violación de derechos caracteriza el inicio del cronograma electoralVenezuela sin protocolos sanitarios efectivos en un contexto electoral; El régimen continúa el ataque contra los partidos políticos.

A las múltiples irregularidades de lo que ha sido el proceso previo a la celebración del evento electoral parlamentario, debemos sumarle la aplicación de patrones de persecución, que si bien es una fórmula empleada de manera sistemática por el régimen para silenciar a la disidencia y ejercer el control total, cuando nos encontramos en periodos electorales estos patrones de persecución se agudizan en esta política de Estado de perpetuarse en el poder.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela, en su más reciente informe ha destacado la aplicación de una política para silenciar, desalentar y anular a la oposición del régimen de Nicolás Maduro. Aún más, la Misión ha considerado que existen motivos razonables para concluir que los actos de persecución contra la disidencia, como lo han sido las detenciones arbitrarias y torturas, tratos crueles e inhumanos no constituyen un acto aislado, por el contrario, se llevan a cabo de manera sistemática.

Asimismo, la Misión ha concluido que los actos cometidos pueden constituir también un crimen de lesa humanidad de persecución tal y como lo define el Estatuto de Roma.  Agrega que el Estado venezolano no cumple con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y por tanto es responsable de estos actos atroces cometidos en el ejercicio de la política de persecución sistemática contra la disidencia.

En el contexto de las elecciones parlamentarias 2020, en efecto los patrones de persecución se han agudizado, particularmente contra los líderes políticos de la disidencia y los dirigentes o miembros de las organizaciones con fines políticos identificados con la oposición, a través de detenciones arbitrarias, despidos injustificados, allanamiento de viviendas y amenazas contra familiares.

Por mencionar algún ejemplo, destacamos casos como la detención arbitraria contra el coordinador regional del estado Guárico del partido Voluntad Popular (VP), Yovanny Salazar, a quien le imputaron los delitos de extorsión y asociación para delinquir, pero además sus dos hijos fueron retenidos, siendo amenazados e intimidados por agentes de seguridad [1].

Mismo caso el del dirigente sindical Albert Chourio, quien fue detenido por la policía del estado Carabobo cuando salía de una reunión de trabajo de la sede del Partido Comunista de Venezuela (PCV) [2].

Asimismo, podemos mencionar el caso del secretario general del partido Un Nuevo Tiempo (UNT) Juan Carlos Perdomo, quien fue detenido por estar presenciando el simulacro de votación, y a pesar de que horas después fue liberado, se encuentra cumpliendo restricciones como la de declarar a través de cualquier medio de comunicación [3].

Por último, destacamos el reciente caso de la detención arbitraria de Roland Carreño, quien además de periodista es coordinador del partido Voluntad Popular (VP). Luego de la salida del país de Leopoldo López, Carreño fue detenido y acusado de cometer delitos contra el orden constitucional para alterar la paz de la república [4].

Ahora bien, las detenciones arbitrarias no han sido el único mecanismo de persecución, los despidos injustificados también han sido parte de esta maniobra para intimidar y silenciar a la disidencia.

Entre muchos casos, podemos mencionar el despido injustificado en contra del dirigente Sergio Requena, trabajador de la empresa estatal CVG Carbonorca y candidato de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR) por el estado Bolívar. Luego de profundas presiones fue reincorporado alegando que había sido un error [5]. Mismo caso el de la dirigente Yokasta Galicia, trabajadora de la Fundación del Ministerio del Ambiente y candidata de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR) por el Distrito Capital [6].

El allanamiento irregular de viviendas es parte también de la política de persecución por parte del régimen. Al menos cinco funcionarios, David Natera, Arghemar Pérez Sanguineti, Romer Rubio, Jonathan López, y Freddy Orlando, miembros del Consejo Nacional de Defensa Judicial y nombrados por el gobierno interino, han denunciado acciones en su contra. Al igual que el coordinador regional de Voluntad Popular (VP) en Yaracuy, Gabriel Gallo, quien denunció que agentes de seguridad del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), irrumpieron en su residencia a pesar de que el se encuentra fuera del país [7]. Igualmente, denunció el embajador de la presidencia interina ante Bahamas, Rafael Ángel Domínguez, el allanamiento de su vivienda en Caracas [8].

Desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) aclaramos que los casos que han sido presentados no representan la totalidad de los líderes políticos que han sido víctimas de la vulneración de sus derechos humanos en el contexto electoral parlamentario 2020. Son casos que ejemplifican la existencia de una política de Estado de persecución contra la disidencia, que se agudiza en periodos electorales.

Asimismo, destacamos que la celebración del evento electoral parlamentario 2020 no se presenta como una solución a la grave crisis que existe en Venezuela, considerando que se encuentra revestido de múltiples irregularidades desde el inicio del cronograma electoral y que, además, a semanas de los comicios, los patrones de persecución se agudizan buscando silenciar y excluir a la disidencia del evento electoral.

Finalmente exigimos el respeto y restauración de los derechos civiles y políticos como derecho humano de los venezolanos y la celebración de elecciones plurales, auténticas y democráticas, libres de irregularidades, ventajismos y persecución.

Los invitamos a seguir documentando las irregularidades del proceso electoral parlamentario 2020 a través de las plataformas ciudadanas de denuncia utilizando la etiqueta #YoDocumento6D en Twitter y a través de la página web http://venezueladocumenta.org/

Puede leer el articulo aquí

[1] PresidenciaVe. Comisionado Prado rechaza la detención arbitraria de Yovanny Salazar, Coordinador de Voluntad Popular en Guárico. Disponible en: https://presidenciave.com/presidencia/comisionado-prado-rechaza-la-detencion-arbitraria-de-yovanny-salazar-coordinador-de-voluntad-popular-en-guarico/

[2] APORREA. Gobierno Nacional arremete contra los trabajadores de la patria por retaliaciones políticas. Disponible en: https://www.aporrea.org/ddhh/a296395.html

[3] CARAOTA DIGITAL. Denuncian que la Dgcim detuvo al secretario general de UNT en Amazonas. Disponible en: https://caraotadigital.org/nacionales/ultima-hora-denuncian-que-la-dgcim-detuvo-al-secretario-general-de-unt-en-amazonas

[4] EL PAIS. El Gobierno de Venezuela confirma la detención de Roland Carreño, periodista crítico con Maduro. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2020-10-28/el-gobierno-de-venezuela-confirma-la-detencion-del-periodista-critico-con-maduro-roland-carreno.html

[5] TWITTER. Partido Comunista de Venezuela. Disponible en: https://twitter.com/pcv_ve/status/1305848878458195969?s=21

[6] TRIBUNA POPULAR. El PCV denuncia ante la opinión pública el despido injustificado e ilegal de la Candidata a la AN Yokasta Galicia. Disponible: https://prensapcv.wordpress.com/2020/10/11/el-pcv-denuncia-ante-la-opinion-publica-el-despido-injustificado-e-ilegal-de-la-candidata-a-la-an-yokasta-galicia/

[7] EFECTO COCUYO. Denuncian allanamiento del Sebin a funcionarios recién nombrados por Juan Guaidó. Disponible en: https://efectococuyo.com/politica/denuncian-allanamiento-del-sebin-a-funcionarios-recien-nombrados-por-juan-guaido/

[8] INFOBAE. Ola de allanamientos de la dictadura de Nicolás Maduro contra funcionarios de Juan Guaidó en Venezuela. Disponible en: https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/10/12/ola-de-allanamientos-de-la-dictadura-de-nicolas-maduro-contra-funcionarios-de-juan-guaido-en-venezuela/

Fuente: CEPAZ 

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