La pandemia Covid 19, el año escolar y la educación a distancia

18 de abril de 2020.

La Red de Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna) junto a 71 organizaciones sociales y 149 personas entre ellos educadores, religiosos, defensores y defensoras de derechos humanos, dirigieron una Carta abierta: “La pandemia Covid 19, el año escolar y la educación a distancia” dirigida al Ministerio del Poder Popular para la Educación, Ministerio del Despacho de Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, IDENNA, Comisiones Permanentes de Desarrollo Social Integral y de Familia, Asamblea Nacional, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA – Cluster de Educación, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y UNICEF con la finalidad de advertir la necesidad urgente de atender y proteger a los niños, niñas y adolescentes (NNA) durante el contexto actual y vigilar que sus procesos de aprendizaje se verifiquen en un entorno de bienestar.

Afirman que el pasado 7 de abril el Ministro de Educación anunció la suspensión de clases presenciales por el resto del año escolar, debido a la cuarentena social decretada en Venezuela para enfrentar la pandemia del Covid-19, indicando que, en lo sucesivo, debía hacerse uso de estrategias pedagógicas de aprendizaje a distancia. Declaró así mismo que, antes de decidir la suspensión definitiva de clases presenciales, aplicarían una encuesta a padres y responsables en el sistema “Patria”, cuyos resultados parciales, anunciados el 13 de abril, informaron que, cuatro millones cuarenta y ocho mil de las personas que respondieron la encuesta están: “de acuerdo con que sus hijos reciban clases a distancia para poder culminar el tercer lapso del año escolar” (Últimas Noticias, 13 abril), añadiendo que, en cuanto respondiera el resto de los encuestados (poco más de tres millones y medio), realizarían los cambios pertinentes.
Estos cambios se están contemplando en un contexto de afectaciones múltiples y daños acumulados que, en materia educativa, el país ha vivenciado desde 2015 por causa de la emergencia humanitaria compleja que impacta en todos los órdenes de la vida nacional. Las condiciones actuales del sistema educativo presencial hacen que sea imposible asegurar el acceso, permanencia, calidad y prosecución de manera equitativa a niños, niñas y adolescentes (NNA), ni brindar herramientas a sus familias y docentes para que acompañen adecuadamente en el proceso de aprendizaje. En estas circunstancias, migrar a un modelo de educación a distancia sin considerar las mínimas previsiones ni proponer acciones para corregir las fallas estructurales de las que el sistema adolece, imponiendo además a las familias un rol que no les corresponde ni para las que están preparadas, es agravar las condiciones de vulnerabilidad que estudiantes de todas las edades confrontan en el ejercicio de su derecho a la educación, que el Estado debe garantizar ineludiblemente, no solo desde lo dispuesto en el artículo 102 de la Constitución Nacional, sino en lo establecido por los diversos tratados y pactos internacionales que Venezuela ha suscrito y ratificado.

Lee aquí la comunicación 

Fuente: Provea 

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