Informe: Retorno de venezolanos necesita protocolos claros de atención sanitaria con respeto a los derechos humanos

13 de abril de 2020

Provea – Cadef – Defensoras de DDHH Táchira – Laboratorio de Paz

Debido a su situación de vulnerabilidad y desprotección en otros países, centenares de venezolanos y venezolanas en situación de migración forzada están retornando a Venezuela en el contexto de la pandemia por el Covid-19. Las autoridades locales deben garantizar que los protocolos de atención a su llegada cumplan con principios médicos y técnicos, pero también respetuosos de la dignidad humana. Las agencias de Naciones Unidas presentes en Venezuela deben trasladarse a frontera y garantizar la realización de procedimientos correctos por parte de las autoridades. No se debe obstaculizar el trabajo de los actores humanitarios nacionales, y defensores de derechos humanos, que puedan brindar apoyo en las garantías a los derechos humanos de quienes regresan al país en difíciles circunstancias físicas y emocionales.

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Refugio improvisado en un estadio de San Cristóbal, cortesía usuario RRSS

 

Forzados a migrar, obligados a regresar

Debido a la ausencia de democracia y la emergencia humanitaria compleja Venezuela es el centro de una de las peores crisis migratorias de la región en los últimos años. En octubre de 2019 la Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR), estimó que para finales del 2020 la cantidad de venezolanos en situación de migración forzada podía superar los 6 millones de personas. Esta crisis ha representado múltiples desafíos para los países de acogida, quienes no han establecido todas las medidas necesarias de protección, lo cual ha quedado en evidencia en situaciones críticas como en la actual pandemia de Covid-19.

El gobierno colombiano ha emitido 33 decretos para hacer frente a la emergencia causada por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, los migrantes venezolanos, quienes constituyen el 92 %de la población migrante en el hermano país, 1.800.000 de personas según cifras oficiales, quedaron por fuera de todos, lo cual los colocó en una mayor situación de vulnerabilidad a la que ya poseían como personas necesitadas de refugio.

Según el diario La Opinión de Cúcuta “Pese a que el Ministerio de Salud publicó los lineamientos para la prevención, detección y manejo de casos de COVID-19 entre la población migrante en Colombia, no hay un marco legal lo suficientemente amplio que abarque a todos los ciudadanos. Solo se han ejecutado medidas temporales como transferencias monetarias a 150 mil familias y 150 mil mercados a personas en condición de vulnerabilidad en Bogotá.” Diferentes políticos y especialistas del tema migración en el hermano país han estado solicitando aprobación de medidas que incluyan a los venezolanos como población vulnerable. Por ejemplo, el senador Antonio Sanguino propuso al presidente Iván Duque para que expida un decreto ley relacionado con el asunto migratorio en el marco del coronavirus, basado en una regularización migratoria, un sistema de registro de información y de asistencia a los migrantes bajo una figura institucional. También planteó, siguiendo el ejemplo de España, apresurar la homologación de títulos y permisos de trabajo para incorporar a los médicos migrantes al Sistema Nacional de Salud y así afrontar la enfermedad.

Sin trabajo y sin hogar

Los primeros días de abril se denunció el desalojo de familias de venezolanos de pensiones conocidas como “pagadiario” en Bogotá, pues las personas pagan por día de pernocta. Claudia López, alcaldesa de Bogotá, en una polémica declaración pidió recursos al gobierno central para sufragar el costo de los alquileres en familias en condición vulnerable bajo la pandemia, incluyendo a los venezolanos: “Ya pagamos la comida, ya pagamos el nacimiento, ya pagamos el jardín, ya pagamos la escuela, ya damos empleo. Qué pena que lo único que no podemos cubrir, es el arriendo. Y para eso pedimos un poquito de ayuda del Gobierno Nacional. Un peso aunque sea, uno. Porque todas estas cosas las pagan los impuestos de los bogotanos sin chistar. Llevamos tres años pagando eso, a 450.000 personas de Venezuela”. El presidente Ivan Duque expresó posteriormente: “Hay algunos alcaldes que de alguna manera están tratando decir: Es que ese no es mi problema. Es una responsabilidad de todos. Aquí nadie puede lavarse las manos, nadie, frente a un tema tan sensible”, dijo en un comunicado de la Presidencia de Colombia, sin referirse de manera directa a López.

La situación se repitió en el departamento de Magdalena, cuya capital es Santa Marta. Según recogió el diario argentino Clarín: “el grueso de los retornados comenzó en el Departamento de Magdalena en Colombia donde fueron desalojados de sus viviendas porque no podían seguir pagando el alquiler (…) Este miércoles varios propietarios de pensiones realizaron un desalojo masivo entre las calles 22 – 24 y carreras 17 – 18, a personas que vivían allí con el sistema de renta ‘paga diario’.

La comunidad venezolana residía en este barrio de la localidad Los Mártires, en varias de las edificaciones que están ubicadas en la zona de tolerancia. “El motivo del desalojo de los venezolanos se habría hecho porque llevaban varios días sin pagar arriendo y pese a que la alcaldía de esta localidad ordenó que según el Decreto 903 en el Artículo 6, no se puede desalojar a nadie del lugar donde vive, esta comunidad estaba en la calle sin un lugar a donde ir, sin alimento, ni medios económicos para mantenerse; ya que no han podido trabajar por las medidas de aislamiento impuestas por el Gobierno nacional”, agregó la nota del periódico argentino.

Los venezolanos se ven impedidos de ejercer sus ocupaciones informales y están siendo desalojados de sus viviendas al no poder seguir pagando los alquileres. El 7 de abril la gobernación del Norte de Santander reveló que desde el 14 de marzo habrían pasado 30 mil personas a Venezuela. Desde el 18 de marzo las organizaciones humanitarias que brindaban apoyo en la frontera del lado colombiano, comida y medicinas, a los venezolanos suspendieron sus actividades hasta nuevo aviso, como medida para prevenir la propagación del Covid-19.

Retornados pudieran llegar al millón y medio

El director del Servicio Jesuita de Refugiados Venezuela, Eduardo Soto, declaró para Radio Fe y Alegría Noticias que podrían llegar a ser un millón y medio los retornados en todo el país para los próximos meses. Explicó que la pandemia ha revelado las injusticias estructurales que sufren los migrantes en la región. “La negación del derecho a la salud en los países de acogida es una evidencia de la ausencia de políticas de protección”. La negación de la asistencia médica, en su opinión, sería una de las principales motivaciones para que las personas decidan retornar, así como la pérdida de posibilidades de ingresos económicos. “Así como muchos de ellos no planificaron su ida, de la misma manera están regresando: gastando sus ahorros, a riesgos, muchos de ellos enfermos con nada que tenga que ver con el Covid-19, pero no pueden recibir la atención en el lugar donde estaban”.

Sobre la cifra definitiva de retornados Soto expresó que dependerá de la capacidad que tengan para emprender el viaje de retorno: “dependiendo de cómo evolucionan las medidas de restricción y de cómo evolucionan las medidas de protección a los migrantes fuera del país”.

Las personas que han logrado entrar a territorio venezolano se encuentran, en la mayoría de los casos, hacinados, en confinamiento preventivo, pero en condiciones deplorables, sin agua potable.

“Hay que llamar la atención de los organismos internacionales”

Provea se comunicó con un venezolano residente en el Norte de Santander, quien ha venido participando en las organizaciones de apoyo a los migrantes, para conocer sus impresiones sobre la situación:

“Desde hace algunos días y producto del virus se ha notado el incremento de venezolanos retornando a los puntos de frontera, en especial en el Norte de Santander. Desde el momento en que se hizo público los acuerdos con las autoridades venezolanas para el retorno, desde el sábado 4 se notó el incremento. Los que están retornando no es sólo de Colombia, también están subiendo de Ecuador y Perú. Muchos de ellos se han quedado sin trabajos formales y vivieron hasta hace poco del producir día a día, por lo que se vieron afectados para continuar pagando las residencias donde vivían y los servicios, pues recordemos que acá los servicios son elevados y deben pagarse de manera mensual obligatoriamente.

En Bucaramanga, en este momento, hay un grupo importante reunido para retornar. Nos informan que sobrepasan las 2.000 personas, que pudieran estar viajando en las próximas horas hacia Cúcuta. Varios alcaldes están ofreciendo transporte gratuito a los venezolanos que se quieran devolver, lo que esta generando un cuello de botella tanto en la propia Bucaramanga como en Pamplona.

Las personas que han logrado entrar a territorio venezolano se encuentran, en la mayoría de los casos, hacinados, en confinamiento preventivo, pero en condiciones deplorables, sin agua potable. Según nos han contado, los han humillado verbalmente, tratándolos de “traidores a la patria”. Incluso nos cuentan que en uno de los refugios, que no diré cuál para no poner a nadie en riesgo, les dijeron que los van a usar de escudos humanos en caso de una invasión de Estados Unidos. A esto se une la situación de falta de gasoil y gasolina.

Es importante que se conozca lo que está pasando a nuestros hermanos venezolanos, una doble tragedia, pues e están devolviendo de manera forzosa, pues no tienen otra opción. Hay que llamar la atención de los grupos internacionales y organizaciones de derechos humanos. Se está generando una situación crítica para el estado Táchira, pues como no pueden pasar por los puntos de La Guajira, los venezolanos que están por ese lado deben bajar a Cúcuta para entrar a Venezuela. Incluso han tenido que habilitar un estadio de futbol de sala para recluir a las personas, dado el volumen de personas que están regresando”, finalizó.

El Estado colombiano incumple con las recomendaciones ONU

La Organización de Naciones Unidas emitió unas Directrices esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención a la pandemia por covid-19. Entre las acciones concernientes a los migrantes expresa: “La inclusión de todos los migrantes y grupos marginados es necesaria en todos los aspectos de la respuesta al COVID-19, ya sea que busquemos prevención, detección o acceso equitativo a medidas de tratamiento, atención o contención, o condiciones seguras de trabajo” .

La atención en materia de salud a migrantes y refugiados no es una excusa, la propia ONU afirma que estados pueden solicitar apoyos financieros adicionales y las instituciones financieras deben jugar un papel de liderazgo aprobando fondos por esta contingencia.

Ha exhortado a Estados a regular a las personas migrantes indocumentadas para facilitar su acceso a los servicios de salud. Sobre todo “Los Gobiernos deben asegurar que todas las personas internamente desplazadas tengan acceso al agua, al saneamiento, a instalaciones de higiene personal, a alimentación y vivienda adecuadas”.

El Estado Colombiano no ha actuado de forma incluyente, amplia y con garantías de protección a derechos humanos para migrantes que necesitan del apoyo en igualdad de condiciones a nacionales frente a la pandemia.

La respuesta del lado venezolano: Centros de alojamiento temporal

El Estado venezolano ha informado de la conformación de centros de alojamiento temporal destinados a los retornados en los diferentes estados del país. Aún se desconoce la lista y totalidad. Según informó Naciones Unidas , se estima que en 7 estados habría 71 centros con una capacidad para 3.664 personas. Los estados serían Amazonas, Apure, Bolívar, Carabobo, Sucre, Táchira, Zulia. Allí no se mencionó el primero que comenzó a funcionar en el interior del país, la Villa Bolivariana en Barquisimeto, estado Lara.

A continuación, se presentan 3 casos de estudio, elaborados por diversas organizaciones de derechos humanos y defensoras del estado Táchira donde se analiza la respuesta dada por el Estado venezolano en los refugios o casas de alojamiento temporal para los retornados venezolano/as. Continuar leyendo

Fuente: rafaeluzcategui.wordpress.com

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