Entorno

“Frente al Covid-19, exigimos prevalezca la legalidad”

El pasado 13 de marzo, fue publicado en Gaceta Oficial N.º extraordinario 6.519 el decreto de Estado de Alarma para Atender la Emergencia Sanitaria del Coronavirus (COVID-19), el cual busca evitar la propagación de la enfermedad.

Sin embargo, en Mérida el pasado 10 de abril se presentó una situación que deja en evidencia nuevas arbitrariedades por parte de los organismos de seguridad, quienes amparándose en un supuesto decreto emanado desde las oficinas de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI-Mérida), detuvieron a varios ciudadanos que transitaban en bicicleta y que, para el momento de su detención, buscaban medicinas, compraban alimentos e incluso algunos trabajaban como repartidores. La arbitraria detención de estos ciudadanos se realizó pasadas las 10 de la mañana.

Estos ciudadanos fueron trasladados a la sede la de Policía Municipal en la Av. Urdaneta, lugar donde había más personas detenidas. De acuerdo a los testimonios de los afectados, los funcionarios se comportaron de manera “bastante hostil”, asegurándole que la medida se debía a un decreto emanado desde la ZODI-Mérida el día 9 de abril a las 10 y media de la noche, hora en la que además hubo un apagón regional que afectó varios estados y que se extendió hasta altas horas de la madrugada, lo que además de mantener la ciudad a oscuras, limita todos los canales de comunicación. Motivo por el cual, si es cierta la existencia de este decreto, no cumplió con el principio de publicidad y estaríamos en presencia de un toque de queda.

Las bicicletas, motos y carros quedaron detenidos, y sus dueños deben volver el lunes a las 8 AM a pagar una supuesta multa para poder retirar sus vehículos.

Según las “Directrices esenciales para la perspectiva de derechos humanos en la atención a la pandemia por Covid-19”i, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), “las declaraciones de emergencia basadas en el brote de Covid-19 no deberían ser usadas como base para atacar grupos particulares, minorías o individuos. No debería funcionar como acción represiva bajo la apariencia de proteger la salud ni debería ser utilizado para silenciar el trabajo de quienes defienden derechos humanos”.

Los gobiernos deben informar a la población afectada sobre el significado del estado de emergencia, dónde se aplica y por cuánto tiempo se supone que estará en vigor”.

Desde Promedehum rechazamos estas prácticas ilegales, amparadas en supuestos decretos de organismos que no tienen competencia para decretar, extender o revocar medidas dentro del estado de alarma. De igual forma, es también ilegal establecer multas o sanciones en base a normas inexistentes.

Promedehum

Rigoberto Lobo

PROMEDEHUM
Director General