El quiebre institucional y la emergencia humanitaria

El régimen político, que gobierna a Venezuela desde 1999, creó una verdadera hoja de ruta de toma del poder absoluto, en la que la cooptación del sistema de justicia, y en especial, del Poder Judicial ha sido clave. El resultado de ello ha sido que de manera progresiva el Poder Judicial ha ido invirtiendo su rol, de modo que en vez de proteger los derechos de los ciudadanos y la Constitución, se ha ido transformando en “legalizador” de lo que se hace desde el poder, convirtiéndose con el tiempo también en un importante órgano de represión.

Esta situación se ha venido agravando desde el año 2015, cuando el pueblo eligió a una nueva Asamblea Nacional (AN) de mayoría opositora al Gobierno, pues este entendió que su salida de Miraflores podría darse pronto por la pérdida de respaldo popular. Es así como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que debía ser el garante de la Carta Magna, con la complicidad del resto de los Poderes Públicos, se convirtió en el brazo ejecutor de la dictadura al anular mediante 90 sentencias hasta la fecha, las competencias del Legislativo. El quiebre institucional generado ha derivado en el colapso del país en todos los ámbitos, pues el Estado dejó de cumplir con sus funciones y la población sufre hoy en día las consecuencias en medio de una emergencia humanitaria compleja, en la que los derechos básicos esenciales sólo quedaron en el papel.

En el documento anexo, Acceso a la Justicia presenta un resumen en el que narra hechos y decisiones que ha implicado el quiebre institucional y cómo terminamos en una emergencia humanitaria compleja.