La sociedad civil mundial condena la represión violenta de las protestas en contra del gobierno en Venezuela

FEBRERO 07, 2019

• 40 personas han sido asesinadas y más de 800 detenidas desde que comenzaron las protestas el 23 de enero.
• Los periodistas que cubren las manifestaciones han sido víctimas de ataques.
• La ONU ha pedido una investigación independiente sobre el supuesto uso de la fuerza por parte del estado contra los manifestantes
• El gobierno de Nicolás Maduro ha utilizado con frecuencia la violencia contra los manifestantes desde que llegó al poder en 2013.
• Grupos de la sociedad civil global han instado a las autoridades a liberar a todos los detenidos y defender los derechos de los ciudadanos y el estado de derecho

La alianza global de la sociedad civil, CIVICUS, ha condenado la represión y el uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas de Seguridad de Venezuela contra las protestas pacíficas que han dejado al menos 40 muertos y más de 800 detenidos. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional convocó las protestas el 23 de enero de 2019. Durante la protesta, Guaidó afirmó que estaba tomando el poder como presidente interino de Venezuelaa y pidió una transición democrática que culminaría en elecciones libres y justas. Las protestas fueron convocadas mientras el presidente en funciones, Nicolás Maduro, comenzó su segundo mandato después de que salió ganador en una disputada elección en mayo de 2018. La votación nacional se llevó a cabo en medio de acusaciones generalizadas de que las votaciones no habían cumplido con los estándares internacionales de libertad y justicia.

Desde que el presidente Maduro tomó el poder en 2013, las protestas contra las crecientes dificultades económicas, la grave escasez de alimentos, medicamentos y necesidades básicas, así como los niveles extremadamente altos de inflación, han sido reprimidas violentamente por las fuerzas de seguridad. Organizaciones de la sociedad civil informan que más de 13,000 personas han sido arrestadas en los últimos cinco años, como parte de las tácticas del gobierno para responder a las protestas pacíficas.

Según la sociedad civil, el número total de muertes resultantes de la violenta dispersión de las protestas desde 2013, cuando Maduro tomó el poder, ha aumentado a 250. Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha pedido una investigación independiente sobre el presunto uso de la fuerza contra los manifestantes en Venezuela. El relator especial de la ONU para la libertad de asociación y reunión, Clement N. Voule, también instó al Estado a «abstenerse de utilizar fuerza excesiva, desproporcionada e indiscriminada contra los manifestantes».

«Las fuerzas de seguridad en Venezuela han estado utilizando la violencia contra los manifestantes pacíficos que han tomado las calles para exigir democracia y respeto por sus libertades cívicas», dijo Natalia Gómez, de CIVICUS.

«El gobierno debe garantizar la seguridad de las personas que participan en las manifestaciones en todo momento», dijo Gómez.

Los informes también indican que los periodistas que cubren las protestas han sido atacados y detenidos. Según Espacio Público, una organización de la sociedad civil que trabaja por la libertad de expresión, el 23 de enero se denunciaron 15 casos de violaciones a la libertad de expresión. Las víctimas fueron periodistas, fotoperiodistas, operadores de cámaras y medios independientes o críticos del gobierno. Los ciudadanos también reportaron problemas para acceder a Internet y a los sitios de redes sociales.

Las restricciones a las libertades fundamentales en Venezuela han aumentado constantemente en los últimos años. Desde las últimas elecciones presidenciales, la situación parece haberse agravado aún más. La represión, el hostigamiento y la violencia contra los defensores de los derechos humanos, así como la censura y los abusos de la libertad de expresión son comunes.

El año pasado, la Asamblea Nacional Constituyente sancionó la ley contra el odio, que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) advirtieron tiene como fin censurar las opiniones contra el gobierno. Las OSC también tienen conocimiento de un proyecto de ley para regular el ciberespacio, que implicaría un control sobre el acceso a Internet. Se suponía que el proyecto de ley seria discutido por el la Asamblea constituyente a principios de 2019.

«Lo que vemos hoy es el resultado acumulado de muchos años de deterioro, de socavar la democracia y de la criminalización del ejercicio de los derechos». «Las OSC se han visto profundamente afectadas, no solo por la aplicación de leyes restrictivas que limitan su funcionamiento, sino también por la creación de un entorno de alto riesgo, en el que las amenazas y los ataques contra los defensores de los derechos humanos y las OSC se han convertido en un problema cotidiano», dijo Beatriz Borges, Directora Ejecutiva del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), una OSC venezolana que trabaja para promover la democracia y los derechos humanos en el país.

CIVICUS ha instado a las autoridades venezolanas a respetar el derecho de los ciudadanos a protestar pacíficamente y liberar a todos los detenidos. CIVICUS también pide a las fuerzas armadas que garanticen la seguridad de los ciudadanos que exigen sus derechos en las calles.

El Monitor CIVICUS, una plataforma en línea que rastrea las amenazas a la sociedad civil en todos los países del mundo, califica el espacio cívico, el espacio para la sociedad civil, en Venezuela como «reprimido».

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Fuente: civicus.org