Laura Louza: Las ONG debemos impedir que se tomen atajos que conduzcan a la impunidad

En 2010, la abogada con especialización en Derecho Administrativo con máster en Derecho, Economía y Políticas Públicas, Laura Louza, decidió iniciar su camino como defensora de derechos humanos preocupada por el deterioro del sistema de justicia en Venezuela, consciente de que el daño se trasladaría a la institucionalidad democrática y a la población que quedaría huérfana de Estado de Derecho

Por: Crisis en Venezuela

―¿Por qué crear una organización dedicada al monitoreo de la administración de justicia y el Estado de Derecho en Venezuela?

Acceso a la Justicia se originó en 2010. Yo trabajé en el Tribunal Supremo, en la época en que se llamaba Corte Suprema, en un proyecto del Banco Mundial que comenzó en 1996, dirigí a partir de 1999 y allí estuve hasta 2004 cuando renuncié al ver lo que estaba pasando, el deterioro de la institución con la penetración del Ejecutivo. Me generó mucha satisfacción lo que se hizo en el proyecto que gerencié porque fue bueno para la automatización de la gestión judicial y, obviamente, para el Estado de Derecho. Pero la progresiva falta de independencia judicial me motivó a renunciar y me fui a hacer un máster en España para aprender más sobre temas judiciales; cuando regresé a Venezuela trabajé en la Universidad Metropolitana, en 2007 creé el observatorio de justicia como un proyecto de investigación, de allí empezamos con la página web, y a partir de 2010 creé la asociación civil Acceso a la Justicia, luego en agosto de 2015 abrí la oficina de la ONG en Caracas. Mi mayor preocupación es, como dice la canción ‘Prohibido olvidar’, que no podemos olvidar lo que nos ha sucedido, incluso si llegamos a una transición, porque desgraciadamente lo que pasa en Venezuela tiene mucho que ver con la cultura jurídica del venezolano, tenemos que cambiar, mientras no cambiemos puede surgir un líder con ideas democráticas, pero si propone repetir el esquema de atajos vamos a seguir en lo mismo. Aunque estemos desesperados, siempre tenemos que cumplir las reglas. También otra cosa que me generaba inquietud en la época del proyecto es que la gente no entendía la importancia del Poder Judicial, pues es algo muy ajeno al ciudadano, sobre todo en un régimen que lo ha usado como medio para lograr el poder, así sentí que Acceso a la Justicia debía también poner énfasis en acercar al ciudadano a la cultura jurídica, a la institucionalidad, explicarle que el rol del Poder Judicial no es algo coyuntural ni acomodaticio, sino que su papel es poner límites al poder del Ejecutivo, que es un órgano de control del poder a través del Derecho y no un órgano de represión del ciudadano.

―Con qué términos definiría la actual situación jurídica en Venezuela?

Es una situación que está fuera del marco jurídico vigente, que es la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, según la propia Constitución. Hoy en día la mayoría de las leyes son inconstitucionales, así como de las sentencias, y allí se encuentra el punto de partida de la ruptura absoluta de la institucionalidad que estamos viviendo. Lo que ocurrió en Venezuela a partir de la elección de la Asamblea Nacional de 2015 es un golpe de Estado institucional, pues según la definición de expertos y autores sobre la materia un golpe de Estado se puede verificar con la toma del poder a través de la violación de las formas constitucionales, que es lo que hizo Maduro para lograr hacerse completamente del poder a partir de la elección de la Asamblea Nacional en 2015, aunque desde antes había un control importantísimo institucional por Chávez. Maduro concretamente nos dejó sin Parlamento con la famosa tesis del desacato de la Asamblea, el Estado de Excepción continuado, el Tribunal Supremo constituido en parte por magistrados exprés, el no reconocimiento del referéndum revocatorio del mandato presidencial, la instauración de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un defensor del pueblo (ombudsman) y fiscal general escogidos por la ANC, el propio TSJ sometido a la Constituyente y finalmente el presidente la República elegido de manera irregular en mayo de 2018. Por eso estamos ante un gobierno de facto que se fue constituyendo paulatinamente. No es la típica dictadura, nosotros en Acceso a la Justicia pensamos que se ha creado un modelo de autoritarismo constitucional, entre comillas, una dictadura del siglo XXI que hace ver que mantiene supuestamente cierta legalidad, y por eso recurre tanto a las formas legales o a un órgano judicial, aunque la sustancia de sus decisiones es cada vez menos jurídica cada vez más es un Estado de hecho, no de Derecho, con el agravante de una enorme corrupción, una militarización progresiva y la peculiaridad de que ideológicamente el partido de gobierno es muy débil.

―Desde el año pasado, Acceso a la Justicia y otras organizaciones han advertido que Nicolás Maduro no puede considerarse como presidente legítimo a partir del 10 de enero de 2019 y gran parte de la población no lo reconoce. Pero en la práctica él ejerce el poder

Lo que ocurre en Venezuela en este momento es que se ha ido configurando un Estado de hecho, y por ello, aunque existe la norma jurídica el gobierno de facto tiene autoridad y además manda, es el que realmente impone las normas que se van a aplicar y además las dicta sobre la marcha, aunque la Constitución diga otra cosa. Incluso ese gobierno de facto decide sobre nuestras vidas porque tiene total control de la sociedad. También ha ido creando una manera de actuar frente a las dificultades internas e internacionales, que obviamente confunde. Hay que entender que el Derecho no es sólo la norma, y esa es la equivocación en la que incurrimos incluso los propios abogados, el Derecho es un sistema jurídico que está compuesto por una norma jurídica, que es su sustancia efectivamente, pero también por la estructura, que son las instituciones que tienen la fuerza de ejecutarla y, finalmente, por la cultura jurídica que tiene mucho que ver con las exigencias de la población, incluso la cultura jurídica institucional interna de los propios operadores de justicia. Por ello, si esas instituciones no actúan conforme a la norma, prevalece lo que esas instituciones, incluso de hecho y no de Derecho, hagan o digan.

―¿Considera que en las circunstancias actuales ese ejercicio del poder por parte del régimen de Maduro se ha moldeado frente al descontento de la población y las presiones internacionales o se mantiene ajeno a eso?

El esquema de Maduro no cambia, es algo así como ‘te regalo algo’, por ejemplo, acepto la ayuda humanitaria y negocio con la comunidad internacional, por un lado, lo que le da oxigenación al régimen, pero por otro aplica represión; al final siempre hace lo mismo, un esquema que de endeudamiento continuo sin producción, una grave corrupción, aplicación de la fuerza bruta con represión y militares en la calle, etcétera, eso no cambia, lo que está cambiando y aumenta cada vez más es que el régimen está con menos oxígeno, porque tiene menos dinero y menos posibilidades de comprar voluntades y además la población vive muy mal. Eso, sumado al descontento que pueda haber en grupos de la Fuerza Armada, como ocurrió con los del comando de Cotiza, y de la población, hace que imponga con más rudeza su poder, aunque esté en medio de un polvorín. Es un esquema muy destructivo, por eso es que estamos en una emergencia humanitaria, es un modelo de más de lo mismo pero llevado a niveles cada vez más graves, más delincuenciales, menos apegado a lo que es una sociedad de bienestar real, este régimen ha ido destruyendo a la propia sociedad, por eso lo que existe una cultura de sobrevivencia.

―¿Jurídicamente fue acertada la decisión del presidente de la Asamblea Nacional de juramentarse como presidente interino de la república para intentar retomar el orden constitucional quebrantado?

Lo hizo bien porque la juramentación es un acto que se puede llevar a cabo donde sea porque significa seguir la Constitución en el desempeño de un cargo para el que fue designado conforme a la Constitución por el artículo 233 por la AN.

―¿Cuál es la peor consecuencia del quiebre institucional cometido por el gobierno de Nicolás Maduro?

El quiebre institucional ha causado la emergencia humanitaria compleja, por eso las organizaciones enviaron recientemente un mensaje contundente a la ONU y a sus agencias a raíz de una reunión con Nicolás Maduro a la cual asistieron algunos de sus representantes, en el sentido de que establecer acuerdos de ayuda humanitaria con el gobierno de facto, aunque se pueden resolver muchos problemas y se salvarían muchas vidas, si esa ayuda no se asume como un todo, tomando en cuenta el problema institucional que es la causa de esa emergencia, no se va a resolver el problema de fondo y la crisis humanitaria no sólo va a persistir, sino que se va a agudizar porque se da la espalda al origen de todo, el quiebre institucional.

―¿Qué lectura inicial tiene Acceso a la Justicia de la sentencia del TSJ sobre la anulación de la directiva actual de la AN?

Esto se esperaba, más bien llamaba la atención que no lo habían hecho. La sentencia no dice nada nuevo, se refiere al desacato de la AN y anula todos sus actos, además de mandar a la Fiscalía el caso para que determine la responsabilidad de los diputados al desconocer a Maduro.

―La sentencia del TSJ dice que la AN usurpó funciones al emitir el acuerdo de ayuda humanitaria y la ley de amnistía. ¿Realmente es así?

Hay que hacer una aclaratoria, sobre la ayuda humanitaria hubo una sentencia del TSJ de 2016 que anuló una ley sobre la crisis humanitaria y demás acuerdos y comunicados de la AN en la que señala que el único poder que tiene competencia para dirigir las relaciones internacionales es el Ejecutivo Nacional, por ende es al que le compete solicitar la ayuda humanitaria. De allí viene la tesis de la usurpación de funciones por la AN de esta nueva sentencia de 2019. Aunque no hay discusión sobre que el Presidente de la República es quien dirige esas relaciones, la AN es la que legisla, y además no es verdad que la Asamblea no pueda enviar comunicados a organismos internacionales, pues la Asamblea chavista lo hacía en su época. En cuanto a la ley de amnistía, la Constitución dice que la AN está en su pleno poder de dictarla, lo que no estuvo bien es que no respetó uno de los artículos de la Constitución que señala que no se puede dar amnistía a quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad o cometido graves violaciones de derechos humanos, se aplaude la intención de la Asamblea de lograr una reconciliación nacional pero debe hacerlo en el marco de la Constitución, aunque eso no es la razón por la cual el TSJ anuló ese acto de la AN.

―Entonces Acceso a la Justicia no está de acuerdo con los términos en que está redactada la reciente ley de amnistía aprobada en primera discusión por la AN?

No, jurídicamente eso no se puede hacer en una democracia ni en un Estado de Derecho, y por eso se hace la advertencia, además envía un mensaje muy malo a las víctimas y al mundo, pues bastante se ha trabajado para denunciar esas violaciones; allí se incurre en un error por buscar atajos y se puede terminar haciendo lo mismo que el gobierno al crear una política de impunidad. Con estas advertencias las organizaciones no buscamos agravar el problema político, queremos que se restaure el Estado de Derecho, pero tampoco podemos quedarnos callados.

―La Asamblea llamó recientemente a las organizaciones de derechos humanos a que hagan sus observaciones a esa propuesta de ley de amnistía, las consultas apenas comienzan. En su criterio, ¿cuáles son los principales aspectos que deberían ser precisados o modificados?

Consideramos que más que una ley, lo dado a conocer por la Asamblea se parece a una declaración de principios que no tiene la técnica legislativa necesaria y eso hace que sea difusa, lo que es peligroso en el marco de una norma jurídica ejecutable porque da pie a la discrecionalidad. En ese sentido, lo primero es que debe ser acotada y precisa. La Constitución establece que no se puede dar amnistía cuando se han cometido crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o cuando haya graves violaciones a los derechos humanos, el proyecto de ley de la AN prevé esto solo en un artículo (el 4) cuando habla de los detenidos, presos políticos o personas investigadas por el régimen y les da la amnistía siempre y cuando no hayan violado el artículo 29 de la carta magna (“Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles… Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía”); sin embargo, en otros artículos se refiere a quienes colaboren con la salida democrática a partir de información que suministren a la Asamblea o también a personas que hayan cometido determinados hechos que puedan ser delitos, pero no se hace la excepción al artículo 29; es decir, debería dejar claro que la amnistía se aplica a todas aquellas personas que desde el año 1999 hayan incurrido en determinados hechos que puedan ser considerados delitos siempre que no se encuentren dentro de los hechos previstos en el artículo 29 de la Constitución. Lo otro es que se sabe cuáles son los crímenes de lesa humanidad y de guerra, así como el genocidio porque están establecidos en el Estatuto de Roma, que es parte de la legislación venezolana, pero no es fácil saber cuáles son las graves violaciones a los derechos humanos, pues hay una diferencia importante entre estas y los delitos previstos en el Estatuto de Roma: los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra son graves violaciones a los derechos humanos, pero hay violaciones a los derechos humanos que no son crímenes de ese tipo, porque pueden ser producto de actos individuales y no de una política sistemática de Estado ni de patrones, lo que es requisito esencial para catalogar de los crímenes del Estatuto de Roma. Entonces, el proyecto de ley debería precisar cuáles se consideran como graves violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, la propuesta de la Asamblea dice que los tribunales serán los competentes para decidir en cada caso concreto si procede la amnistía; en ese sentido sabemos que el Poder Judicial está politizado, y por ser hasta ahora una norma tan abierta es necesario que la ley sea más clara al respecto. Otro aspecto es cuando se refiere a la posibilidad de concederle amnistía a “colaboradores posteriores” a la entrada en vigencia de la ley, pareciera ser una ley aplicada a hechos futuros y eso no existe en el plano jurídico. Entendemos la necesidad del incentivo, pero hay cosas que podrían preverse por otros medios, pues creemos que se mezclaron dos figuras: la del pacto político de transición y lo que implica una ley de amnistía, que es algo más técnico y delicado. Creemos que el proyecto de ley actual debería remitirse a la ley de amnistía de 2016 que fue sancionada por la AN y declarada inconstitucional por el TSJ, pero es una norma muy clara y precisa, y está muy bien hecha. Esas son nuestras sugerencias fundamentales. Invitamos a la Asamblea Nacional a que tome en cuenta esto y le haremos llegar nuestras consideraciones por escrito.

―¿Coincide con los expertos que opinan que la salida a la crisis no vendrá dado por un tema jurídico sino político?

En definitiva es un problema político totalmente, pero lo ideal es que se haga dentro del marco jurídico, de la negociación y sin recurrir a la fuerza.

―¿Cuál es el papel de las organizaciones de derechos humanos en este momento histórico que vive Venezuela?

El rol de las ONG es complejo porque es de contención y control para que no haya atajos de la AN, más aún en momentos en los que hay tantas fuerzas políticas e intereses en juego. También hay que estar pendiente del gobierno, debemos estar vigilantes de que estén presentes la constitucionalidad y la legalidad de ambos lados. Por otro lado, debemos tratar de que en la transición la mayoría de los violadores de derechos humanos o todos respondan por los crímenes que han cometido, aunque históricamente esas transiciones llevan a que algunos de ellos terminen formando parte del gobierno u obtengan impunidad. También debemos hacer esfuerzos para que logremos un Estado de Derecho y se recupere la democracia, pero ¿cuál es el reto en eso? Pues que como el país está muy desestructurado y hay grupos violentos por todos lados, quizás un gobierno de transición deba hablar con ellos para lograr la paz y la reconciliación. Viene una etapa muy difícil en el país, sobre todo con un gobierno de facto que ha mostrado hasta ahora que no tiene ninguna disposición al diálogo real.

―¿Qué propone Acceso a la Justicia para recuperar la institucionalidad del sistema de justicia?

Para retomar el camino a la institucionalidad vamos a hacer una propuesta de una justicia durante la transición en el sentido de crear métodos expeditos para reorganizar el Poder Judicial que nos lleven a la brevedad a un Estado de Derecho y a una democracia. Tendremos un evento a finales de marzo en Colombia, estamos haciendo alianza con la Corporación Excelencia a la Justicia y con varias organizaciones internacionales para obtener ayuda de expertos porque Venezuela es un caso inédito en muchos aspectos, tiene elementos que han estado presentes en Colombia con la guerrilla, tiene un escenario inestable como lo han tenido otros países por los autoritarismos regionales que hay en Venezuela, tiene narcotráfico, también tiene alguna institucionalidad y cultura democrática, porque muchos venezolanos nacieron en democracia; es decir, es un escenario muy complejo, entonces hay que buscar expertos que nos ayuden a entender qué hacer y cómo hacerlo. También estamos creando una alianza con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica y con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, y a lo mejor alguna otra organización, para tener una respuesta, porque hay que tenerla, no es fácil, se trata de un Poder Judicial muy penetrado por el partido de gobierno.

―Acceso a la Justicia hace un trabajo constante para explicar y hacer más digerible para el ciudadano común el hecho jurídico imperante en Venezuela, monitorea las violaciones al Estado de Derecho y hace advertencias al respecto, pero quienes detentan el poder hacen caso omiso a todo esto y sus actos son cada vez peores. ¿Eso no la desanima?

Es como todo, no es una labor que pueda definirse en blanco y negro, y depende del gris con el que se vea. Ha habido un trabajo duro, de mucha resistencia de organizaciones y grupos de la sociedad civil venezolana que han tenido respuesta y sobre todo un reflejo en la población. Pero además, creo que el gobierno no estaría recurriendo a tanta estrategia y tampoco habría ido tan lento si no fuese por esa conciencia de que el asunto de los derechos humanos tiene importancia, aunque haya cometido desmanes. Creo que el trabajo de las ONG es muy importante, y en mi caso es un poco como esas frases: “El desierto se hace de varios granos de arena” o “Es mejor cambiar a una persona que a nadie”, uno se repite eso, porque, aunque sea una persona a la que ayudes a entender lo que está ocurriendo o que le abras los ojos, ya tu trabajo tiene valor. Roma no se construyó en un día. Obviamente a los gobiernos autoritarios les molestan mucho las ONG, aunque pareciera muchas veces que no les importan mucho, por eso es muy importante ese rol de contención, si no la situación sería mucho peor y el deterioro hubiera sido más acelerado.

Fuente:crisisenvenezuela.com