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Análisis del anteproyecto de Ley del Ciberespacio: control, vigilancia y eliminación de la privacidad

A finales de 2018 se conoció de manera extraoficial el “Anteproyecto de Ley Constitucional del Ciberespacio de la República Bolivariana de Venezuela” (en adelante “El anteproyecto”)1, discutido por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Esta iniciativa circula en un contexto de persecución a la libre expresión en Internet, quiebre de la institucionalidad democrática y continuos decretos de Estado de Excepción y Emergencia Económica que restringen las garantías de los derechos humanos en todo el territorio nacional.

Esta propuesta es un intento por controlar Internet con enfoque de seguridad nacional a través de prácticas y métodos prohibidos por el Derecho Internacional: la vigilancia masiva e indiscriminada de las comunicaciones, el procesamiento general de datos y la imposición de técnicas de filtrado, bloqueo y criminalización de contenidos críticos o de interés público. Los principales derechos comprometidos son la privacidad y la libertad de expresión.

El anteproyecto es la segunda propuesta regulatoria sobre el espacio digital que emana de la ANC, luego de la denominada “ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia”, (en adelante, “ley contra el odio”), que establece penas de prisión de hasta 20 años y facultades al Estado y actores privados para monitorear y censurar a medios tradicionales y contenidos en Internet asociados con “la promoción de mensajes de odio o discriminatorios”2.

Esta propuesta remite a la “ley contra el odio” en 4 artículos (11, 26, 35 y 46) para prohibir mensajes, pero plantea un propósito más amplio que la anterior normativa: “Desarrollar el Ciberespacio de la República Bolivariana de Venezuela, con el objeto de contribuir a crear las condiciones que garanticen la seguridad de la Nación”, según su artículo 1. Para tal fin, el artículo 5 declara al “Ciberespacio de Venezuela” objeto de “interés público” y ordena al Estado a “desarrollar políticas de seguridad (…) sobre su acceso y uso”.

Se ordena al Estado regular el espacio digital, pero se omiten las formas. De hecho, el anteproyecto no desarrolla principios sustantivos: no reconoce derechos, procedimientos ni garantías ante la intervención del Estado. Una nota característica es la omisión a todos los principios de derechos humanos como límites negativos. Sólo dos disposiciones normativas hacen referencia a “derechos constitucionales” (artículos 1 y 3) y son instrumentalizados para defender la seguridad del Estado.

Violaciones “extraterritoriales”a los derechos humanos

El artículo 4 define al “Ciberespacio de la República Bolivariana de Venezuela” y establece su alcance “extraterritorial”. Éste comprende “el entorno de interacción digital por elementos tangibles e intangibles (…) así como cualquier forma de actividad que se realice o tenga efectos o repercusiones para la República Bolivariana de Venezuela.  Al igual que la normativa contra el odio, este anteproyecto asume una vocación universal, pues pretende regular hechos que ocurran fuera del país, lo cual genera problemas de jurisdicción y regulación entre Estados que la propuesta ignora.

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