SINERGIA. Nota Especial. Amenazas al mundo asociativo venezolano ¿Cómo las podemos enfrentar?

Nota Especial

Amenazas al mundo asociativo venezolano 

¿Cómo las podemos enfrentar?

SINERGIA es una red con 22 años de trabajo que agrupa a 53 organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, unidas en el trabajo constante por el desarrollo sostenible y la defensa de derechos de toda la ciudadanía, para promover la participación y la libre asociación como pilares en la construcción y fortalecimiento de un sistema democrático con libertad y justicia.

Nacimos en un contexto de país totalmente diferente a las actuales circunstancias. Ha tocado al mundo asociativo enfrentar múltiples limitaciones y amenazas, adaptarse a cambios y formas de trabajo que permitieran seguir cumpliendo con los compromisos asumidos para la atención a las poblaciones más vulnerables, el impulso de iniciativas para el desarrollo y la defensa de los DDHH, desde la convicción y el ejercicio de la democracia.

Venezuela lleva ya dos décadas enfrascada en un intenso proceso de conflicto, que ha construido una ruta de profundo deterioro en toda la sociedad. En los actuales momentos, podemos afirmar que vivimos en emergencia humanitaria, concepto que Civilis DDHH, organización aliada, define como sigue: “Se trata de crisis humanitarias graves que suelen ser el resultado de una combinación de factores que van desde inestabilidad política, quiebre y fragmentación del Estado, conflictos y violencia, fracaso de políticas de desarrollo, desmoronamiento de la economía formal, desigualdades sociales y pobreza subyacente; que generan grandes impactos sobre la estabilidad cultural, civil, política y económica de las sociedades”. (Civilis DDHH, 2017). Es decir, no se corresponden con el acontecimiento inesperado, producido por la naturaleza, sino que son un conjunto de desastres asociados, generadores de una tragedia de grandes proporciones, producto de una intencionalidad humana ligada al poder y a la lucha por controlar el mismo. Estas crisis se expanden más allá de las fronteras y llegan a tener una dimensión internacional.

En el lenguaje de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ¡En Venezuela nos quedamos atrás! El mundo está siendo testigo de las graves consecuencias que ha tenido para la ciudadanía la hiperinflación, el desabastecimiento en comida, medicinas y en todos los insumos para el funcionamiento económico, la desnutrición que afecta principalmente a la niñez, la crisis hospitalaria y de todos los servicios públicos, la represión política, la persecución a la disidencia, el cierre de los espacios democráticos y la violación sistemática de Derechos Humanos. Todo esto, producto de políticas y decisiones que, desde el Estado, han impactado negativamente la capacidad de respuesta institucional de los problemas generados, no solo dentro de nuestras fronteras sino internacionalmente, debido a la generación del mayor desplazamiento poblacional conocido en el continente americano, con una migración que ya supera los 3 millones de personas, según ACNUR.

Con la Reconversión Monetaria, los venezolanos han podido constatar hoy -con profunda tristeza- no sólo la pobreza propia y la actual del país, sino la decisión desde el poderde continuar por la ruta que ha provocado la situación que hoy se evidencia. El bolívar sufrió una depreciación mayor a 1.300% en un día, cuando pasó del bolívar fuerte al bolívar soberano, de acuerdo con las estimaciones de la Asamblea Nacional.

Se unen a este cambio en el valor de la moneda, nuevas medidas económicas que han suscitado mayor confusión y alarma: el aumento de 4 puntos en el porcentaje a cobrar por el IVA, quedando en un 16%, el aumento inconsulto del sueldo mínimo (pasando de Bs. F 3.000.000 a 180.000.000, que son Bs.S. 1.800), un nuevo impuesto a las transacciones financieras y un anunciado aumento de la gasolina, del cual no se tiene aún información precisa de su valor final. Lo que sí han anunciado desde el gobierno, es el otorgamiento de un subsidio para su adquisición, previo sometimiento a un registro automotor por medio del Carnet de la Patria. Estas decisiones fueron tomadas sin una consulta previa a actores claves en el sector productivo y de la economía en general y anunciadas con poca claridad de cómo serán implementadas, lo que incide en la incertidumbre en cómo la ciudadanía puede prepararse y responder a las mismas.

Sólo el tema del sueldo mínimo, implica una fuerte amenaza de cierre de empresas, negocios e instituciones dedicadas al servicio social. El gran espacio de los emprendedores que luchan por mantener su iniciativa en condiciones económicas tan difíciles, estará mucho más afectado y limitado. Importante número de actores económicos, sociales y religiosos; periodistas, académicos y figuras del mundo cultural, han expresado sus preocupaciones y rechazo a medidas que profundizan las condiciones de la crisis.

Una gran cantidad de organizaciones no gubernamentales y organismos de atención están viéndose confrontadas con la imposibilidad de seguir prestando un servicio que para muchos venezolanos representa el único recurso para acceder a atención médica, medicinas, educación y capacitación laboral, o atender otra necesidad que le niega el Estado. En este momento, el mundo asociativo enfrenta una amenaza firme en la posibilidad de cumplir con su mandato fundacional o misión, a seguir ejerciendo su derecho a la asociación y participación, al encontrarse con medidas que afectan su sostenibilidad.

Toda la sociedad se encuentra ante la amenaza de la aprobación de una nueva Carta Magna por parte de una Asamblea Nacional Constituyente que se impuso violentando las disposiciones establecidas en la Constitución vigente y que tiene como propósito procurarle un poder absoluto a quienes hoy ocupan cargos en el gobierno, desconociéndose por esa vía toda la base de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales y de respeto a la diversidad sexual conquistados por ciudadanos y ciudadanas en el marco de luchas de larga data.

Ante la dureza de los hechos, nos preguntamos, ¿qué podemos hacer los grupos organizados de la sociedad?

Desde las organizaciones autónomas de la sociedad civil se enfrenta una ardua tarea de registrar, documentar, difundir, exigir y denunciar ante las acciones del Estado y al mismo tiempo, atender, apoyar y acompañar a la gente, en su difícil condición de resistir ante la realidad reinante y proponer soluciones colectivas.  Se impone más que nunca el ejercicio de un pensamiento estratégico y actuación firme.

Consideramos que se deben atender dos dimensiones que – por supuesto – se correlacionan. La dimensión del Ser, el sentido de la organización, la misión. ¿Cómo podemos cumplirla en el actual escenario? Para esto, debemos revisar el diseño de gestión organizacional, que es la otra dimensión. ¿Cómo operar para lograr mejores resultados, con menores recursos y mayores restricciones? Evidentemente, las respuestas a estas interrogantes no son fáciles de obtener, pero el evadirlas no hará sino complicar aún más el contexto desafiante e incierto en el que nos desenvolvemos.

Se hace urgente así mismo realizar un esfuerzo conjunto para concretar una articulación amplia y productiva de todos los sectores de la sociedad, que permita la acción colectiva necesaria que genere un cambio político en el que la democracia se reconquiste y consolide.

Es fundamental el enfoque de derechos. Desde Sinergia, tenemos el foco en los derechos de asociación y participación, que son llaves fundamentales para que las iniciativas de la sociedad civil puedan realizar su labor. En una democracia formal es algo que se asume con naturalidad y se acepta a las OSC como actores clave para el desarrollo y el fortalecimiento democrático. Pero este no es el caso en nuestro país. Ante el desmantelamiento del Estado de Derecho, la lucha por las prerrogativas ciudadanas se hace vital y estratégica. El sentido de la autonomía de las organizaciones cobra una relevancia mayor. Nos toca trabajar muy duro para defender la libertad de actuación de cada individuo según sus intereses legítimos. Las regulaciones y políticas públicas que obliguen a las personas a organizarse de acuerdo a los intereses gubernamentales o limiten y criminalicen la creación y acción de instancias organizativas constituidas por la gente, son violatorias de estos derechos.

Porque sabemos la importancia de impulsar, acompañar y apoyar la acción ciudadana, que propugna el cumplimiento por parte del Estado de las garantías constitucionales, y con apego a los mecanismos democráticos para la resolución de conflictos y el respeto a los derechos humanos, planteamos asumir con mayor fuerza, una narrativa conjunta que impulse en lo público:

·         Mantener con renovado ímpetu, la lucha por la autonomía personal y organizacional, haciendo valer los derechos a la libre asociación, manifestación pública, participación y libertad de expresión.

·         La necesaria articulación de todas las fuerzas sociales, ejerciendo los legítimos derechos a la protesta, en la exigencia del cabal cumplimiento de las garantías establecidas en la Constitución. Construcción colectiva de un movimiento democrático de carácter nacional que genere la esperanza y los mecanismos para promover una amplia participación.

·         Exigir un cambio en las políticas que han conllevado a situaciones de pobreza, a niveles tales, que ha obligado a un número muy importante de compatriotas a emigrar en condiciones muy precarias, considerados ya como desplazados por la propia ACNUR.

·         Desarrollar campañas comunicacionales sobre estos puntos, que sensibilicen al ciudadano y apoyen la acción colectiva.

Desde Sinergia, nos comprometemos a profundizar nuestros mecanismos de cooperación y apoyo para que podamos seguir adelante y ser un espacio creativo y solidario que resista e impulse los cambios que el país necesita, desde nuestro propio ámbito de acción.

Consejo Directivo

Sinergia