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CIVICUS: 16. Siete estrategias que los donantes y los beneficiarios en el ámbito de los derechos humanos deben tener en cuenta dentro del inestable clima actual

Según Freedom House, 2017 fue el duodécimo año consecutivo en el que se produjo un declive general de la libertad en el ámbito internacional. De entre los países evaluados, 71 sufren un declive neto de las libertades políticas y civiles, y sólo 35 registran mejorías. Pero más allá de las estadísticas, hubo una notable sensación de incertidumbre a medida que los Estados Unidos abandonaban su papel de adalid de la democracia y que otras democracias, anteriormente fuertes promotoras de los movimientos democráticos en el extranjero, conocieron de manera repentina un aumento del escepticismo en el seno de sus propias instituciones nacionales.

En muchos países esta metamorfosis estuvo marcada por el creciente protagonismo de grupos nacionalistas como el partido de extrema derecha Frente Nacional en Francia o Alternativa para Alemania en Alemania.  Aunque en ciertos casos el apoyo de estas democracias consolidadas se ha mantenido estable, no cabe duda de que algunos grupos para la defensa de los derechos humanos en el extranjero han experimentado una creciente sensación de incertidumbre en lo que respecta al apoyo financiero, moral o político de los donantes internacionales tradicionales en el ámbito de los derechos humanos.

¿Cómo se ha de comportar un beneficiario de estos fondos en estas circunstancias?  Aunque con seguridad existen más, he aquí siete aspectos que tanto los beneficiarios como los donantes deben tener en cuenta en el contexto político, civil y económico actual:

  1. Los donantes públicos deberían buscar nuevas formas de asociarse con el sector privado y con las fundaciones para apoyar a las organizaciones de derechos humanos.  Los posibles cambios en las políticas de los gobiernos donantes con respecto a los gobiernos receptores en contextos cívicos reprimidos o bajo represión también podrían afectar la capacidad de las organizaciones locales para recibir fondos públicos. Las organizaciones que cuenten con diversas fuentes de financiación estarán mejor preparadas para hacer frente a estas circunstancias.  Pensar de manera creativa a la hora de buscar posibles donantes puede ayudar a empoderar a los activistas: los fondos pueden provenir de la financiación colectiva, de pequeñas empresas o de asociaciones locales.
  2. Los beneficiarios deben fortalecer el diálogo con otras organizaciones de derechos humanos de su región. El Prague Civil Society Center es buen ejemplo de esto: este centro está financiado tanto por socios del sector público como del sector privado. También han buscado apoyos fuera de las organizaciones tradicionales de derechos humanos y trabaja con activistas individuales, académicos y otros profesionales.  Con el paso del tiempo ha ido aumentando el reconocimiento de los individuos como elementos importantes y catalizadores de cualquier movimiento de derechos humanos. Los donantes y las organizaciones de beneficiarios deberían reconocer el papel único que estos individuos pueden desempeñar.
  3. El conocimiento local es clave para entender y participar en cualquier contexto.  En el caso de los donantes públicos que representan a los gobiernos donantes, dichos gobiernos deberían buscar asesoramiento local cuando se enfrenten a gobiernos autoritarios o de otro tipo susceptibles de haber encarcelado a periodistas, restringido la libertad de expresión, de reunión o de haber perjudicado gravemente a los trabajadores de derechos humanos. Quizá resulte apropiada la recomendación que se da a los médicos: “Lo primero es no hacer daño”. Por ejemplo, la búsqueda de asesoría local puede ser clave para la redacción y la fecha de publicación de una declaración cuando fuera necesario.  La población local a menudo se hallará en una mejor posición para determinar cómo y cuándo comprometerse a proteger a los trabajadores de derechos humanos. 
  4. Los donantes deben considerar las consecuencias de las políticas de creación de marca en espacios cívicos reprimidos o bajo represión.  Afortunadamente, muchos donantes ahora disponen de excepciones a tales reglas, pero su personal no siempre está capacitado para entender las circunstancias en las que debe permitirse tales excepciones.
  5. A lo largo de mi reciente investigación sobre los enfoques de los donantes para financiar las organizaciones de la sociedad civil, varios de los entrevistados abordaron tanto el proceso como la práctica en la utilización de intermediarios para financiar organizaciones locales de derechos humanos.  Los entrevistados señalaron varias razones, entre ellas los beneficios relacionados con la protección de los trabajadores de derechos humanos, las formas en las que dicha práctica puede eliminar parte del peso de la gestión que recae sobre los grupos incipientes, así como la forma en la que podría aliviar la carga que supone la realización de informes.
  6. Los beneficiarios necesitan flexibilidad para la presentación de informes financieros y para la realización de transacciones.   Por ejemplo, algunas medidas para combatir la financiación de grupos terroristas han supuesto problemas para la recepción de fondos por parte de las organizaciones que trabajan en zonas de alto riesgo, ya que los bancos se muestran reacios a mantener abiertas cuentas en dichas zonas. Algunas veces, esta situación ha forzado a las ONG a depender de otros medios para transferir fondos, como por ejemplo, a través del “hawala“, un sistema informal basado en efectivo que tiene su propio conjunto de problemas de transparencia y de rendición de cuentas, y que a menudo crea problemas para aquellos que transfieren fondos de donantes a través de tales mecanismos.
  7. La tecnología ofrece un conjunto único de herramientas a los donantes, beneficiarios, activistas, académicos y otros profesionales internacionales que trabajan para hacer avanzar los derechos humanos en todo el mundo.  Desde drones y plataformas de mensajería segura, pasando por el uso de plataformas de dinero móvil, las innovaciones tecnológicas pueden mejorar la capacidad de los beneficiarios para recabar y compartir de manera segura la información y los recursos necesarios para el activismo.  La tecnología también puede ayudarles a protegerse contra otras amenazas, como la capacidad de agentes malintencionados para vigilar los sitios web o los correos electrónicos de las organizaciones de derechos humanos.

En conclusión, las necesidades en el ámbito de la democracia, los derechos y la gobernabilidad son mayores que nunca, los recursos son  a menudo escasos y la tendencia es preocupante.  Ante todo, reflexionar sobre la financiación, la gestión de programas y su implementación de manera creativa, innovadora y flexible, tanto por parte de los donantes como de los beneficiarios, debería contribuir a un mayor éxito en la defensa de los derechos humanos para todos.

Barbara Smith es directora y propietaria de Mountain Time Development, y asociada sénior de Human Rights Initiative en el Center for Strategic and International Studies.

Este artículo forma parte de una serie para celebrar el 25 aniversario de CIVICUS y proporcionar perspectivas e ideas sobre la acción ciudadana en todo el mundo.

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