Declaración de El Salvador de los pueblos de Europa y América Latina y el Caribe Ante a los Jefes y Jefas de Estado y Gobierno de América Latina y el Caribe y la Unión Europea en sus relaciones bi-regionales

2. ALC sigue siendo la región más desigual del mundo. El ciclo de altos precios y demanda de materias primas que permitió un crecimiento económico sostenido, no ha significado la solución de las debilidades de su estructura socio-económica, representando en muchos casos un aumento de las brechas estructurales en materia de pobreza y distribución de la riqueza, desigualdades étnicas, de etapas de la vida, de género y orientación sexual, brechas en materia de empleo y productividad, en cuanto al acceso a la educación y la salud, desigualdades territoriales, infraestructura, acceso a la tecnología, innovación y medio ambiente. En Europa, la desigualdad y la pobreza han crecido desde la crisis financiera, siendo las políticas de austeridad (los recortes en la inversión social – especialmente en salud, educación y seguridad social) y las políticas fiscales regresivas, dos causas centrales de esta situación.

3. Las desigualdades crecen amparadas por la especulación financiera, los sistemas tributarios en los que los sectores más ricos no pagan impuestos, el comercio entre ambas regiones que en lugar de ser vehículo para la inclusión estimula la salida de millonarios flujos financieros ilícitos directamente hacia paraísos o guaridas fiscales – erosionando gravemente la capacidad y estabilidad financiera de los estados-, la evasión y la elusión fiscal utilizadas por sectores corporativos poderosos y grandes riquezasindividuales para burlar su responsabilidad social afectando directamente a nuestras sociedades. El poder corporativo utiliza al estado para disfrutar de privilegios y exoneraciones fiscales que debilitan la capacidad redistributiva de nuestros países. Relacionado a lo anterior los impactos ambientales de la actividad depredadora extractivista, el acaparamiento de tierras, los altos niveles de corrupción pública y privada, los excesivos privilegios de protección a la inversión extranjera por parte de mecanismos supranacionales que violentan la soberanía de los estados – el crecimiento de las desigualdades ya no solo es una consecuencia directa, sino la causa principal de la vulneración de los derechos humanos de nuestros pueblos.

4. Los acuerdos internacionales consagrados en 2015, en particular la Agenda 2030, el Acuerdo de París sobre Cambio Climático y el marco de Sendai para la Reducción de Riesgos de Desastres, aunque se trate de instrumentos insuficientes para responder a la crisis climática global, podrían ayudar a consagrar nuevas miradas y prácticas si su implementación efectivamente propicia la integración de las dimensiones económica, social y medioambiental del desarrollo. La sociedad civil valora y promueve su implementación colectiva, basada en valores de solidaridad y cooperación entre pueblos y Estados. En esa dirección es necesario incrementar y mejorar el intercambio birregional de forma colaborativa, solidaria y coherente. Declaración de la sociedad civil euro-latinoamericana y caribeña – San Salvador, 7-8 de septiembre de 2017

5. El contexto de la cooperación en ALC y Europa se ha modificado en las últimas décadas; las prioridades han cambiado y se han incorporado nuevas modalidades que priorizan cada vez más las relaciones comerciales sobre la reducción de la pobreza, las desigualdades y los derechos humanos. Es urgente repensar y encontrar nuevas formas para seguir cooperando y contribuyendo a la gobernanza mundial, en coherencia con los principios de la cooperación eficaz al desarrollo.

6. Los Tratados de Libre Comercio (TLC), no han demostrado un impacto positivo y beneficios para los pueblos de las dos regiones. Por el contrario, han favorecido los intereses de las empresas transnacionales en detrimento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, además de exacerbar las vulnerabilidades políticas, económicas y ambientales. Hoy, ante el creciente número de conflictos relacionados con empresas privadas por el control de recursos naturales; las comunidades ven afectados sus derechos a un medio ambiente sano, al territorio y al agua, y en la mayoría de los casos no son consultadas ni son partícipes de sus usos y beneficios.

7. El modelo de desarrollo actual, basado primordialmente en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) fomentando a las industrias extractivas, la producción de energía a partir de combustibles fósiles, la expansión de las agroindustrias, así como también patrones insostenibles de producción y consumo, está imponiendo cada vez mayor presión a la tierra, el agua y la biodiversidad. Los efectos del cambio climático ya se sienten en ambas regiones, -fundamentalmente Centroamérica y El Caribe.

8. La sociedad civil y los movimientos sociales tienen derecho a expresarse, organizarse, manifestarse y actuar de forma libre y autónoma del poder político y a participar a través de mecanismos que garanticen el pleno ejercicio de los derechos humanos en su dimensión individual y colectiva, la equidad de género y el reconocimiento de la diversidad. Es deber de los Estados asegurar políticas que garanticen un ambiente favorable al ejercicio de estos derechos. Aunque existen numerosos compromisos internacionales y regionales que reconocen la participación ciudadana como un factor clave para avanzar en la vida democrática y la gobernanza de los países, faltan mecanismos significativos e inclusivos que la faciliten y promuevan. Llamamos a los países de América Latina y el Caribe y de la Unión Europea: A. En el marco de procesos multilaterales que contribuyan a favorecer la igualdad socioeconómica, garantizar el goce de los derechos humanos y la lucha contra el cambio climático:

9. Implementar de manera ambiciosa y basada en un enfoque de derechos humanos, los diferentes Acuerdos y hojas de ruta definidos a nivel global y construidos de manera multilateral: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, el Marco de Sendai, la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre Financiación al Desarrollo, el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, entre otros. Garantizar que la sociedad civil de ambos continentes participe activamente en cada etapa de la definición e implementación de estas políticas.

10. Implementar políticas públicas que garanticen la protección social universal y solidaria, basadas en los derechos humanos. Instar a que los Estados generen y protejan las fuentes de trabajo digno, presten servicios y realicen obras públicas orientadas al bienestar general, garantizando que los esquemas de asociación público-privada, no se orienten al aumento de la ganancia privada como criterio central, sino que generen impactos en la mejoría la infraestructura pública, servicios de calidad y la reducción de la pobreza. Favorecer la reducción de las desigualdades, el acceso a servicios públicos de calidad y a los bienes comunes de los pueblos, en particular de los grupos más vulnerables – mujeres, niña(o)s, jóvenes y la(o)s trabajadore(a)s informales, personas LGBTI, personas con discapacidad, pueblos indígenas y afrodescendientes – buscando romper los ciclos intra e intergeneracionales de la pobreza.

11. Aplicar políticas migratorias de manera integral y concertada entre los países, sobre la base del respeto irrestricto a los derechos humanos, la inclusión social y el desarrollo sostenible, que generen un marco efectivo de acceso al derecho a la movilidad, a la protección internacional de las personas solicitantes de asilo y la facilitación de la migración regular. Desterrar la criminalización de la movilidad humana, creando condiciones para asegurar el ejercicio de toda persona al derecho a no migrar y el derecho a migrar, así como mecanismos que permitan la participación plena de las personas migrantes y sus familias en la elaboración de políticas públicas y la construcción de sociedades incluyentes desde la diversidad cultural. Para ello, animamos los gobiernos de ambas regiones a ratificar los convenios 97 et 143 de la OIT que garantizan los derechos de los migrantes. Declaración de la sociedad civil euro-latinoamericana y caribeña – San Salvador, 7-8 de septiembre de 2017

12. En un contexto de nuevo endeudamiento, promover en ambas regiones un proceso de auditoría del endeudamiento público con participación de la sociedad civil a fin de rechazar la deuda ilegítima, garantizando una economía al servicio de las personas; renegociar sus términos y condiciones, así como suspender los pagos hasta la conclusión de la misma.

13. Establecer políticas tributarias y fiscales realmente orientadas a alcanzar la Justicia Fiscal en ambas regiones para combatir la desigualdad y la exclusión social. Asegurar que las empresas transnacionales con actividades comerciales entre ambas regiones paguen impuestos, abandonando “la carrera a la baja” eliminando privilegios fiscales y exoneraciones tributarias al capital transnacional y nacional. Transformar radicalmente los sistemas tributarios en sistemas más progresivos que dejen de gravar exclusivamente el consumo y se orienten a gravar principalmente la renta, las ganancias, los patrimonios. Implementar legislaciones para combatir a la evasión y la elusión fiscal. Eliminar los paraísos o guaridas fiscales y los flujos financieros ilícitos. Respaldar la iniciativa lanzada en el marco de las Naciones Unidas por el Gobierno de Ecuador y organizaciones de sociedad civil a nivel global de eliminación de los paraísos fiscales y la creación de un Órgano Intergubernamental encargado de normar globalmente los aspectos tributarios y fiscales del comercio.

14. Promover y crear mecanismos financieros y de cooperación adicionales para la inversión en generación de energías renovables, la descarbonización de la matriz productiva y el transporte sostenible.

15. Diseñar mecanismos de financiación y cooperación para aumentar la capacidad de adaptación de la población a los efectos del cambio climático, reducir las pérdidas y daños por eventos climáticos extremos, y la adaptación de sectores claves como la agricultura, agua y zonas costeras susceptibles a la erosión y elevación del nivel del mar.

16. Apoyar la formulación de marcos legales a nivel nacional y regional que promuevan y financien políticas de fomento de la agricultura familiar, reconociendo su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria.

17. Implementar mecanismos y recursos dirigidos a la gestión sustentable del agua y la recuperación de los ecosistemas, garantizando la soberanía alimentaria sobre la base de las semillas nativas y criollas, el ordenamiento ambiental territorial y la planificación física, priorizando las áreas vulnerables ante los impactos del cambio climático.

18. Instar a las instancias oficiales, a nivel regional y nacional, a adoptar y transitar hacia el enfoque de gestión integral de riesgos de desastres, como una estrategia básica para fortalecer la resiliencia de las comunidades. Dentro de este marco, diseñar políticas de gestión integral del riesgo que reconsidere los territorios desde un enfoque de cuenca, respetando los recursos y la tipología de los suelos. B. Para favorecer una relación que fortalezca la democracia e impulse un mayor equilibrio entre derechos humanos, bienestar y comercio:

19. Basar las relaciones económicas entre ambas regiones en un marco integrador y coherente que fortalezca la democracia y promueva un mayor equilibrio entre economía, derechos humanos y protección del medioambiente, en vez de hacerlo en base a la desregulación y la protección de inversiones, con la consiguiente reducción de derechos laborales, sociales, medioambientales y culturales. Detener las negociaciones en curso – como el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP por su sigla en inglés), y el Acuerdo sobre Comercio y Servicios (TISA por su sigla en inglés)- en el marco de la integración y la cooperación birregional, respetando los procesos de integración que se viven en cada uno de los continentes.

20. Apoyar la creación de un instrumento jurídicamente vinculante sobre corporaciones transnacionales y otras empresas con relación a los derechos humanos. Participar activamente en el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre DDHH y empresas para una negociación sustantiva, cooperativa y constructiva sobre los elementos concretos que tienen que ser incluidos en este instrumento, así como para establecer una hoja de ruta para la conclusión de las negociaciones en un plazo corto. Clarificar para qué tipo de actividades las empresas tienen que asumir la responsabilidad jurídica (en el derecho civil, penal y administrativo). Implementar estos estándares jurídicos a nivel nacional, incluyendo un proceso obligatorio de debida diligencia para las empresas.

21. Reafirmar, en ambas regiones, la promoción, ratificación e implementación de las normas internacionales del trabajo: sobre libertad de asociación y negociación colectiva, aquellas contra el trabajo forzoso y contra el trabajo infantil, entre otras. Asimismo, respaldar el proceso emprendido por la OIT sobre la promoción del trabajo decente Declaración de la sociedad civil euro-latinoamericana y caribeña – San Salvador, 7-8 de septiembre de 2017 en las cadenas de valor y los procesos de reglamentación e implementación del Convenio 169 con relación a la consulta previa, libre e informada de las comunidades en el marco de inversiones y proyectos de desarrollo. C. Para promover políticas bi-regionales equitativas y solidarias:

22. Basar las relaciones entre ALC y la UE en el principio de coherencia de las políticas para el desarrollo y en el respeto de la autonomía de los pueblos. Bajo este principio, la UE debe implementar sus compromisos vinculantes para asegurar que sus políticas internas y externas – comerciales, energéticas, etc. – sean coherentes con sus objetivos de desarrollo teniendo como marco la implementación ambiciosa de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Acuerdos de París. ALC debe avanzar correlativamente en estos compromisos.

23. Implementar el Capítulo 7 del Plan de Acción UE-CELAC reconociendo la importancia y la urgencia de garantizar la igualdad de género. Brindar su firme apoyo a la Convención de Belém do Pará, el Convenio de Estambul y a sus respectivos mecanismos de seguimiento, para que ejerzan un rol referencial en la implementación de los objetivos contemplados en el Plan de Acción en relación a la erradicación de la Violencia Contra las Mujeres en ambas regiones y poner a disposición los recursos económicos, técnicos e institucionales necesarios al logro de avances.

24. Garantizar los derechos humanos de las mujeres, incluido el derecho a la salud sexual y reproductiva, asegurando su autonomía física, sexual y económica, el acceso a una justicia efectiva y erradicar todas las formas de violencia y discriminación hacia las mujeres, niñas y adolescentes, tanto como hacia las orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Reconocer que la división sexual del trabajo, la invisibilización de los cuidados y el acceso desigual a los recursos son un obstáculo para el ejercicio de los derechos de las mujeres; implementar políticas que reconozcan monetariamente los trabajos realizados por las mujeres en el ámbito productivo y reproductivo no remunerado. Asimismo, implementar, sistemas de monitoreo, mecanismos de participación y representación social y política efectiva de organizaciones y movimientos de mujeres.

25. Tomar las medidas para que se garantice de manera conjunta el cumplimiento de los derechos de niña(o)s y jóvenes, en cualquier circunstancia. Esto incluye aquellos que se encuentran en situaciones de particular vulnerabilidad: sin acceso a servicios básicos, en pobreza extrema, victimizados por la trata de personas, la explotación sexual y laboral, que han perdido el cuidado de sus familias o están en riesgo de perderlo, están transitando procesos migratorios (solos o acompañados), reclutamiento forzado por grupos armados o son víctimas de violencia de cualquier índole. Esta garantía tiene que estar en línea con la Convención sobre los Derechos del Niño, sus protocolos facultativos, y los comentarios del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas.

26. Tomar las medidas para que se garantice de manera conjunta el cumplimiento de los derechos de los adultos y adultas mayores establecidos en la Cumbre de Madrid 2002 y su ratificación en Madrid + 15 en el 2017.

27. Continuar la cooperación política y financiera entre las dos regiones, reconociendo las brechas de desarrollo que todavía existen -como las diversas dimensiones de la desigualdad y la pobreza- buscando formas alternativas y más efectivas para garantizar los objetivos del desarrollo sostenible, incluyendo a la sociedad civil en estas definiciones. D. Para promover un mayor espacio para la sociedad civil:

28. Promover medidas concretas que rechacen todas las formas de atropello a la libertad de expresión y de acción no violenta de las OSC y comunidades (intimidaciones, judicialización, represión, etc.) y garantizar políticas públicas efectivas de protección para las y los defensores de los derechos humanos, del medio ambiente, los líderes sindicales y comunitarios.

29. Promover medidas tendentes al establecimiento de un entorno propicio para las OSC, incluyendo mayor acceso a financiamiento, así como marcos legales y tributarios equilibrados y justos.

30. Garantizar políticas regionales para la real participación de la sociedad civil en la implementación de la Agenda 2030.

31. Impulsar mecanismos efectivos que aseguren la participación autónoma de la sociedad civil en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas y programas desde el nivel local, nacional e internacional. Impulsar una circulación más ágil, completa y transparente de la información sobre las relaciones y acuerdos entre la UE y la ALC para sustentar las propuestas de la sociedad civil. Declaración de la sociedad civil euro-latinoamericana y caribeña – San Salvador, 7-8 de septiembre de 2017 E. Sobre la actual coyuntura de la CELAC:

32. Ante las repercusiones de la crisis que se vive en la República Bolivariana de Venezuela, en distintos espacios de integración latinoamericanos, expresamos nuestra preocupación y nuestro llamado al dialogo y a la solución pacifica de esta crisis.

33. Expresamos nuestra profunda preocupación ante la crisis política y humanitaria, así como ante la escalada de violencia generada por el enfrentamiento entre gobierno y oposición.

34. Llamamos a la sociedad venezolana en su conjunto a establecer un dialogo efectivo entre todas las partes, con el propósito de construir un acuerdo político que permita tomar medidas urgentes para enfrentar las consecuencias de esta crisis – así como para sentar bases que garanticen el respeto pleno de la democracia y de los derechos humanos.

35. De igual manera, demandamos que sea el propio pueblo venezolano quién decida sobre su futuro – en el marco del principio de no intervención en asuntos internos–, acompañado de los apoyos diplomáticos internacionales que se requieran.

Acontinuación el documento PDF completo con la firma de todos los adherentes a la declaración.

Declaración del Foro de OSC_ES