Examen Periódico Universal: oportunidad de demostrar ante el mundo el compromiso con los derechos humanos
(Civilis DDHH. Caracas, 25/10/2016) Este primero de noviembre, el Estado venezolano será sometido nuevamente al Examen Periódico Universal (EPU), por medio del cual todos los Estados que conforman las Naciones Unidas tendrán la oportunidad de evaluar el cumplimiento y compromiso de Venezuela con todos los derechos humanos.
El Examen Periódico Universal es un mecanismo ideado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para que todos los Estados sean evaluados en materia de derechos humanos por sus pares, en igualdad de condiciones y bajo los principios de imparcialidad, universalidad, objetividad y no selectividad. El primer examen de Venezuela se llevó a cabo en octubre del 2011 y tuvo como resultado 148 recomendaciones de 47 países, que el Estado está en el deber de adoptar e implementar por el compromiso adquirido con los derechos humanos al momento de unirse a las Naciones Unidas. El área en que los Estados hicieron más recomendaciones es la referida al Estado de Derecho, Acceso a la Justicia y Debido Proceso, con 25 recomendaciones, de las cuales el Estado únicamente aceptó 6. Le siguen las recomendaciones relacionadas con la Libertad de Expresión, con un total de 14 recomendaciones, de las cuales solamente aceptó 2; y derechos de las personas privadas de libertad y condición de las cárceles, con un total de 14 recomendaciones, de las cuales aceptó 12.
Posterior al examen, el Estado venezolano finalmente se puso al día con los informes periódicos que debía a diversos mecanismos convencionales, luego de haber pasado hasta diez años sin haber cumplido con esta obligación. De esta forma, entre el 2013 y el 2015 se llevaron a cabo los exámenes periódicos ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité Contra la Tortura, el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de Derechos Humanos. De estos exámenes realizados por comités conformados por expertos independientes, se desprenden 152 nuevas recomendaciones sobre acciones específicas que el Estado tiene la obligación de adoptar para cumplir con los pactos de derechos humanos que, de forma voluntaria y soberana, firmó y ratificó. De igual forma, posterior al Examen Periódico Universal el Estado firmó y ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo primer informe periódico debió haber presentado en 2015, pero aún no ha enviado.
Más allá de haber cumplido tardíamente sus compromisos con los distintos comités de derechos humanos, el Estado no ha demostrado su disposición a colaborar con el Sistema Internacional de Protección. Entre el 2011 y el 2016, no ha emitido una invitación permanente a los titulares de mandatos para que visiten el país; solamente ha acordado una visita oficial del Relator del Derecho a la Alimentación, que no llevó a cabo, y se ha negado a aceptar en visita oficial a los relatores de Tortura, Defensores de los Derechos Humanos, Violencia contra la Mujer, Libertad de Asociación y Reunión Pacífica, Independencia de los Magistrados y Abogados, Detención Arbitraria, Libertad de Expresión, Empresas Trasnacionales y Vivienda Adecuada. Ello, aunado al hecho de que la última visita oficial realizada por un titular de mandato o relator se realizó en el año 2002. En este mismo sentido, el Estado se ha negado a aceptar la visita del Representante Regional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, quien asegura que desde el 2014 ha solicitado reiteradamente al gobierno que se le permitiera la entrada al país para evaluar la situación de los derechos humanos.
El desinterés del Estado por colaborar con el Sistema Internacional de Protección también queda demostrado por el bajo porcentaje de respuesta que da a las cartas de denuncias y llamamientos urgentes: de las 46 comunicaciones recibidas entre 2011 y 2016, solamente respondió a 24. En este mismo sentido, El Estado no ha enviado el informe de seguimiento correspondiente al Comité Contra la Tortura, que debió haber enviado a finales del 2015, ni el informe de seguimiento del Comité de Derechos Humanos, cuya fecha tope era julio de este año.
Igualmente, el Estado venezolano se ha mostrado completamente reacio a cumplir sus obligaciones en el marco del Sistema de Protección Interamericano. En primer lugar, la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos en 2012, que entró en efecto en septiembre del 2013, despojó a los ciudadanos venezolanos de un importante mecanismo al cual acudir para la protección y defensa de sus derechos humanos y el acceso a la justicia, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por su parte, el Estado se ha negado reiteradamente a cumplir con las decisiones de la CorteIDH, tal como demuestran las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia que declaran como “inejecutables” los fallos de dicha Corte.
En este Examen Periódico Universal que se aproxima, el Estado tendrá que realizar una profunda revisión de sus políticas y medidas relativas al cumplimiento y garantía de los derechos humanos. Los representantes estatales deberán recordar que su pertenencia y participación en las Naciones Unidas está atada a su obligación de rendir cuentas ante el resto de los Estados en esta materia, y que las recomendaciones resultantes deben ser implementadas, pues son esas acciones específicas las que realmente demuestran si Venezuela está cumpliendo o no con sus obligaciones.
