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Boletín N° 11 – El Observatorio Venezolano de Tierras, Ambiente y Pobreza Rural

acampesinaEs casi unánime la aseveración de que los gobiernos locales están más cerca de la gente y por ello pueden entender y atender mejor sus necesidades; de allí que resulta incomprensible la obsesión de los políticos por centralizar el poder, por concentrar los recursos y las decisiones en lugares alejados de los problemas concretos de la gente.

El diseño centralizado responde a una concepción equivocada y decimonónica de la sociedad según la cual las decisiones deben estar concentradas en un líder hegemónico e iluminado que comprende a plenitud cuáles sonlas necesidades de la gente, incluso mejor que ella misma. Este líder actúa como el “Páter de Familia” de una sociedad estamental en la que todos sus miembros (exceptuando al Páter de Familia) son menores de edad, por lo que deben ser guiados hasta en sus decisiones más privadas.

En cambio en una sociedad madura la participación de la gente es fundamental; por ejemplo, en las zonas rurales del país, con sus limitaciones y potencialidades específicas, habrían mayores posibilidades de desarrollo sin se contara con gobiernos locales que pusieran la mirada en sus circuitos productivos locales y en las
dinámicas sociales que ocurren al interior de los municipios. Idealmente un municipio rural debería legislar y diseñar políticas públicas para promover la agricultura y la ganadería, ofrecer servicios de sanidad agrícola y asistencia técnica a los productores, impulsar iniciativas de sostenibilidad ambiental y apoyar el desarrollo de un tejido social vigoroso que viabilice la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

Noticias del Observatorio:
El primero de noviembre de 2015, desde Acción Campesina, iniciamos la II fase del Observatorio Venezolano de Tierras, Ambiente y Pobreza Rural con el apoyo de la Coalición Internacional por la Tierra (ILC): El objetivo central de esta segunda fase es “fortalecer los procesos de incidencia orientados a la formulación de políticas públicas relativas a la gobernanza de la tierra y de los recursos naturales, mediante la activación y el compromiso de los actores sociales agrarios”.
Para alcanzar ese objetivo continuaremos fortaleciendo la Base de Datos del Observatorio (que ahora tendrá un portal independiente), produciendo y difundiendo estos boletines informativos, y trabajando en la revisión de la vigente Ley de Tierras y Desarrollo Agrario con miras a elaborar una propuesta de reforma que resulte útil para el impulso y la recuperación del sector agrícola.

Igualmente en esta II fase se procurará que el Observatorio Venezolano refuerce su articulación con la Red Latinoamericana de Observatorios de la Tierra y el Territorio y con la Plataforma de semiáridos de América Latina.

Alertas sobre nuevas publicaciones, informaciones y noticias:
 Debaten nueva Ley Popular de Semillas de Venezuela: La misma tiene como propósito preservar, proteger, garantizar la producción, multiplicación, conservación, y libre circulación de la semilla. http://www.eluniversal.com/economia/151118/debaten-nueva-ley-popular-de-semillas-de-venezuela
 Ministerio Indígena avanza en demarcación de tierras en el estado Apure: Representantes de la Comisión Regional de Demarcación de Tierras Indígenas se trasladaron a la comunidad ancestral “Liwiney” del municipio Pedro Camejo en el estado Apure, con la finalidad de sostener un encuentro con habitantes del sector, a propósito de darle continuidad al proceso de demarcación de tierras iniciado a principios de año. http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/ministerio-indigena-avanzademarcacion-tierras-estado-pure/
 Se incrementa destrucción de las tierras del Valle del Turbio: La Red de Instituciones Larenses mostró gran preocupación por la situación de las tierras del Valle del Turbio, que después de años de expropiadas por el Gobierno Nacional no han sido reactivadas en lo agrícola y por el contrario se ha observado un
incremento de construcción de urbanismos. http://www.elimpulso.com/noticias/regionales/seincrementa-destruccion-de-las-tierras-del-valle-del-turbio
 Las minas en Canaima y la depredación ambiental: ¿un asunto de derechos de propiedad?: El Gobierno nacional, a través del nombrado Decreto-ley, ha impulsado la creación de un conjunto de alianzas estratégicas (seccionadas en grupos denominados Brigadas Mineras) que parecen perseguir fines muy
distintos al rescate del imperio de la ley y la civilidad en los territorios auríferos de Bolívar y Amazonas, a la vez que centraliza y refuerza en el Estado toda la toma de decisiones sobre estos espacios http://www.nuevaprensa.com.ve/node/5927
 Municipalización Agrícola: Dentro del contexto de las políticas públicas de descentralización administrativa y de lo que algunos especialistas consideran debe abordarse como área especial de desarrollo institucional, la denominada ¨territorialidad rural¨, creemos pertinente retomar la propuesta de MUNICIPALIZACION AGRICOLA, asomada hace algunos años y lamentablemente revertida por la corriente recentralizadora que ha privado en los últimos 16 años en la conducción del Estado venezolano. artículo de opinión escrito por Luis Hidalgo Parisca http://accioncampesina.org/wpcontent/uploads/2015/11/Municipalizacion-Agricola.pdf
 Pobreza y Felicidad: El gran desafío de los países en vías de desarrollo está asociado a la posibilidad de disminuir los niveles de pobreza y desigualdad de la población. Una de las principales dificultades para acometer este reto formidable es la comprensión misma del fenómeno de la pobreza, porque la pobreza
tiene orígenes multifactoriales pero tiende a medirse casi exclusivamente por la variable de los ingresos, artículo de opinión escrito por Manuel Gómez Naranjo http://accioncampesina.org/wpcontent/uploads/2015/11/Pobreza-y-Felicidad.pdf

Sección legal:
El principal soporte institucional de la especificidad rural de los territorios descansa en el Poder Público Municipal. Es allí, en los ámbitos de competencia de los gobiernos locales, en donde el mundo de la ruralidad, del cual es componente esencial la actividad agro productiva, puede encontrar más y mejor comprensión y
apoyo para su pleno desarrollo. Es por ello que históricamente han sido los agricultores uno de los factores sociales que han promovido y respaldado con mayor entusiasmo las ideas del federalismo y la descentralización administrativa.

Aun cuando en el artículo 4º del texto constitucional se consagra textualmente “La República Bolivariana de Venezuela es un estado federal descentralizado…¨ y en la Disposición Transitoria Cuarta numeral 6 se ordena a la Asamblea Nacional, que dentro del primer año apruebe “Una Ley que desarrolle la hacienda pública estadal…” como reafirmación del ideal federalista; sin embargo, en los hechos concretos, ni se dictó nunca la referida ley, ni se propició el federalismo y mucho menos la descentralización, muy por el contrario, se produjo una reversión en los avances que se habían logrado en esta materia en períodos constitucionales anteriores.

Cuando nos encontramos a las puertas de un nuevo proceso electoral destinado a renovar la representación popular en el Poder Legislativo Nacional, es propicia la ocasión para ratificar el anhelo de la sociedad rural del país por hacer realidad las disposiciones constitucionales y legales que permitan materializar el ejercicio efectivo del federalismo y la descentralización, los cuales deben ser expresados en la transferencia de competencias del Poder Nacional a los gobiernos regionales y locales, con los que los agricultores y la población rural en general mantienen una interrelación más cercana y de mayor compenetración.
Entre los diversos artículos de la Constitución y las leyes nacionales que sustentan las competencias y responsabilidades del Poder Municipal en materia agraria y ambiental, queremos destacar por la relevancia de su contenido, el artículo 178 de la Constitución que establece: “Es de la competencia del Municipio el gobierno
y administración de sus intereses y la gestión de las materias que le asigne esta Constitución y las leyes nacionales, en cuanto concierne a la vida local, en especial la ordenación y promoción del desarrolloeconómico y social, …” Consideramos que este mandato constitucional constituye el marco fundamental para
acometer el proceso de Municipalización de la acción institucional rural.