Las Naciones Unidas (ONU) entran en la recta final de una negociación histórica para resolver algunos de los principales problemas mundiales, incluyendo el mandato de erradicación de la pobreza. Se trata de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) – la llamada agenda post 2015, que sustituirá, a partir de 2016, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Las negociaciones intergubernamentales sobre los ODS comenzaron en Río + 20 en 2012. La última ronda de negociaciones de la ONU tuvo lugar entre el 20 y 31 de julio y 2 de agosto se aprobó el texto final “Transformando nuestro mundo”. Con 17 goles y 169 objetivos. El programa ahora va para su aprobación en la 70° Asamblea General de la ONU que se celebrará en septiembre.

El acuerdo ya es considerado un hito para la diplomacia global ya que logra imponer el debate sobre lo que significa el desarrollo llevado de manera sostenible, vinculando las esferas económica, social y ambiental, y declarando, de forma ambiciosa, que no es suficiente erradicar la pobreza y tenemos que, de una vez por todas, reducir la desigualdad y cambiar los patrones de producción y consumo globales.

Incluso con poca atención de los medios, la agenda post-2015, sin duda, tendría todo para convertirse en el más revolucionario compromiso multilateral en los últimos tiempos, sino fuera por el hecho de que no se ha tocado bien el tema clave – y todavía sin respuesta – acerca de quién va a pagar su cuenta. La última ronda de discusiones trató sobre por quién y cómo esta agenda, que incluye muchos y complejos problemas, será de hecho implementada para 2030. No se logró responder esta pregunta y por eso, a pesar de que los nuevos objetivos y metas han sido más o menos consensuadas, hay una gran brecha en este sentido.

Para responder a estas preguntas, desde el año pasado, los capítulos sobre Medios de Implementación y Monitoreo se mantuvieron en suspenso, en espera del resultado de la Tercera Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo (FpD3), celebrada entre el 13 y 16 de julio, en Addis Abeba en Etiopía. Entre sus objetivos, la FpD3 propuso señalar el camino a la financiación de los ODS. Y sí, tenía mucho sentido hacer converger los dos procesos, los cuales abordan el futuro del desarrollo.

Pero la Agenda de Acción de Addis Abeba, que resulta del proceso FpD3, no establece, como era de esperar, los mecanismos para reducir las desigualdades en las relaciones asimétricas de poder financiero y está muy lejos de comprometer fuentes adicionales para financiar los ODS. Después de mucha tensión, sólo se pudo renovar el compromiso de que el 0,7% del PIB de los países desarrollados se utilice para la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD, siglas en Inglés), que existe desde 1969 y hasta ahora solo ha sido cumplida por cinco de ellos: Noruega, Suecia, Luxemburgo, Dinamarca y el Reino Unido.

El FpD3 ni siquiera se ocupó de la regulación del sistema financiero, ignorando el carácter globalizado de los mercados de capital, negando la necesidad de democratización de las instituciones financieras globales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya política ortodoxa basada en principios económicos obsoletos continúa siendo descabellada, y aplicada en serie, en todos los países de todo el mundo. Así que, al parecer, la cuenta del desarrollo continuará siendo pagada a través de impuestos y deudas de Estado contractadas con fondos administrados por asociaciones público-privadas que, a su vez, seguirán funcionando sin mecanismos que regulen al sector privado, lo que incluye las actividades de empresas transnacionales, que se sigan sin aplicar los estándares ambientales y sobre derechos humanos, las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o las políticas de género. La concretización de la cuestión de la financiación de los ODS, es entonces, el elefante en la sala de la ONU en este momento.

La relación de fuerzas entre el Norte y el Sur continúa frente a la necesidad clara de recursos predecibles y adicionales a las fuentes filantrópicas oficiales. Se estima que la Agenda post- 2015 tendrá un costo de alrededor de $6 billones de dólares al año. Si la AOD recaudó US $ 134 millones en 2013, y el mercado mundial de divisas mueve 4 trillones dólares al día, la alternativa obvia sería regular mejor el sistema financiero, que, además de generar los recursos necesarios garantizaría la transparencia. Pero esta carta, por ahora, se ha eliminado de la mesa.

Así que estamos a la espera de las propuestas de la diplomacia en los próximos días, ya que sin los cambios en las reglas del juego financiero y sin interferir en cuestiones estructurales de la economía, la implementación de los ODS será una tarea casi imposible para los países pobres o en vías de desarrollo. La ecuación es aún fácil de entender. El problema es que los cálculos en este momento, no cierran.

Publicado por  FIP