Sinergia y Civilis presentan Informe Alternativo sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al Comité de DDHH de la ONU

civilissinergia

114° Período de Sesiones del Comité de Derechos Humanos
Examen de Cuarto Informe Periódico de Venezuela sobre cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Informe Alternativo sobre Artículos 20, 21 y 22 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Resumen Ejecutivo
El presente informe fue elaborado por las organizaciones Civilis Derechos Humanos (CivilisDDHH) y la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil (Sinergia) para que pueda ser considerado por el Comité de Derechos humanos de las Naciones Unidas en el examen del Cuarto Informe del Estado venezolano sobre cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a celebrarse en Ginebra, los días 29 y 30 de junio de 2015. El informe aborda específicamente los artículos 20, 21 y 22 del Pacto, referidos a garantías de protección de las personas a no ser sometidos a lenguaje o propaganda de incitación al odio o a la violencia por parte del Estado y de terceros; y de los derechos a la libertad de reunión pública, manifestación y asociación. Su fin es ofrecer al Comité información que permita ampliar información sobre estos derechos, no incluidos o no completamente tratados por el Estado en sus Respuestas a la Lista de Cuestiones.
Civilis derechos Humanos es una asociación civil sin fines de lucro dedicada al apoyo de la labor que realizan grupos y organizaciones de la sociedad civil en el campo de los derechos humanos con soporte en enfoques asociativos y multidisciplinarios, cívicos y democráticos, para contribuir a la expansión y el fortalecimiento de marcos de respeto y garantías a la dignidad de las personas en las dimensiones civiles, políticas, sociales,económicas y culturales;y Sinergia es una coalición de 52organizaciones de la sociedad civil venezolana cuy ofin es servir de espacio democrático de articulación, cooperación y creación de oportunidades de participación y fortalecimiento para contribuir a la excelencia del sector e incidir en la construcción de políticas sociales de interés público en aras de una mayor convivencialidad y equidad social.
En Venezuela, se han instaurado durante los últimos años políticas y prácticas desde el Estado que pueden insertarse dentro de expresiones
sistemáticas conducentes al odio, la división y la violencia, así como la amenaza de aplicar la fuerza pública y militar contra sectores de la sociedad por sus ideas políticas, defender intereses legítimos o exigir derechos, no compatibles con principios y conductas en una sociedad democrática.
Los llamados a la paz por parte del Estado para el tratamiento de los conflictos,son nulos si las autoridades públicas no cesan y se abstienen de continuar emitiendo discursos violentos.
Estas conductas también se reflejan en una constante intolerancia y acciones represivas contra los legítimos derechos de la población al ejercicio de la reunión
pública y la manifestación pacífica,creando con ello condiciones para violaciones graves de los derechos humanos eimpunidad.
La sociedad civil venezolana ve también con preocupación una reducción sistemática de espacios de autonomía,independencia y libre ejercicio de la asociación,participación y defensa de derechos,lo cual debe ser corregido por el Estado venezolano conforme a sus obligaciones en la Constitución venezolana y disposiciones del Pacto.
A tal fin,solicitamos al Comité considerar las siguientes recomendaciones de exhortación al Estado venezolano en el examen de su CuartoInforme:
1.Cese de discursos estigmatizadores, denigrantes y violentos contra personas o sectores de la sociedad por sus ideas, intereses o exigencias de derechos, lo cual compromete la responsabilidad del Estado con la protección de los derechos humanos y el respeto a la pluralidad en una sociedad democrática.
2.Despolitización de las fuerzas armadas nacionales y de los cuerpos de seguridad del Estado, situación que es incompatible con los principios y garantías de
imparcialidad e igualdad en el trato que debe prestar el Estado a todos los ciudadanos en el desempeño de las funciones públicas, sin ninguna forma de discriminación, además de poner en grave riesgo garantías democráticas cuando la fuerza pública se subordina a parcialidades.
3.Desactivación de unidades, organizaciones o dispositivos dirigidos a lavigilancia de población civil sin base en el ordenamiento jurídico y sanción a todos los funcionarios que utilicen indebidamente sistemas de información en manos del Estado que pueda vulnerar el derecho a la privacidad e intimidad de las personas y
la legítima labor que realizan los defensores y defensoras de procurar la protección de los derechos humanos.
4.Revisar la legislación vinculada a nuevas figuras asociativas promovidas o creadas desde el Estado, a fin de garantizar que su objeto y alcance no afecte a las asociaciones libremente constituidas ni limite el derecho de éstas a expresarse o participar en los asuntos públicos en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna, especialmente en lo que se refiere a Leyes del Poder Popular, Resolución 058 y otras normas legales que estén relacionadas con el Poder Popular.
5.Revisar la legislación y las medidas judiciales que puedan representar restricciones a las libertades de reunión pública y de manifestación, por el uso indebido de la presunción de violencia, el requisito de permiso, el empleo de fuerzas militares en funciones de control del orden público y la aplicación del derecho penal para
tratar situaciones relacionadas con el ejercicio de estos derechos que no revisten delito.
6.Cese de prácticas de represión contra manifestantes y desactivación de las unidades o planes que las contemplen garantizando la libre convocatoria, organización y desarrollo de reuniones públicas y manifestaciones por parte de las personas, independientemente de contenidos o lenguajes que puedan incomodar o desagradar a las autoridades y funcionarios públicos; y tomar las medidas necesarias para readecuar el equipamiento de los cuerpos que participan en el orden público.
7.Libertad plena e inmediata de todos y todas las personas privadas de libertad por ejercer los derechos a la reunión pública y la manifestación, incluyendo a aquellos que se encuentran bajo régimen de presentación periódica ante los tribunales; investigar y sancionar diligentemente los casos de abuso, excesoy
conducta indebida por parte de funcionarios; garantizando las reparaciones a las víctimas y sus familiares.
8.Abstenerse de tomar medidas restrictivas al financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo fondos de origen extranjero o internacional, por vías administrativas, legislativas o judiciales, y derogar aquellas que dispongan restricciones no aplicables dentro de las estrictamente estipuladas en el Pacto; así como garantizar un entorno seguro y propicio que permita mantener el espacio de la sociedad civil.
9.Abstenerse de imponer a las organizaciones de la sociedad civil el registro militar, y adecuar la Ley de Alistamiento y Registro Militar conforme a las disposiciones del Pacto que protegen el derecho a la libertad deasociación y a la objeción de conciencia, tanto de las organizaciones como de sus miembros.
10.Abstenerse de imponer trabas u obstrucciones que impidan el legítimo derecho de las asociaciones con fines lícitos, cualquiera sea la naturaleza de éstos, a obtener personalidad jurídica o la admisión de documentos en trámites registrales, sin restricciones no contempladas dentro de las admisibles por el Pacto en
una sociedad democrática.
Leer informe completo  aquí
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