Boletín N° 8 – octubre de 2014 El Observatorio Venezolano de Tierras, Ambiente y Pobreza Rural

La crisis alimentaria que desde hace varios años afecta a la población venezolana, que ha estado caracterizada por el desabastecimiento y la escasez de materias primas y alimentos para el consumo directo de la población, ha venido siendo atribuida reiteradamente por el gobierno a prácticas de acaparamiento y especulación por parte de empresarios inescrupulosos y, más recientemente, se ha añadido una supuesta “guerra económica” desatada por factores políticos y económicos nacionales y extranjeros. Sin embargo, lo único cierto y constatable es que la citada crisis no es más que la consecuencia directa de las políticas públicas aplicadas por el gobierno venezolano durante los últimos 14 años, especialmente a partir del año 2001 cuando fueron aprobadas la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y la Ley de pesca.
En efecto, desde el año 2002 en adelante se inició un proceso permanente y sistemático de destrucción del Estado de Derecho y de la institucionalidad agroalimentaria, expresada en el desconocimiento de los derechos de propiedad, en la subordinación del Poder Judicial a los dictámenes del Ejecutivo Nacional, en la toma arbitraria de fincas en plena producción sin ningún tipo de justificación, en la estatización de empresas agroindustriales, agrocomerciales y de agroservicios, en el despilfarro de cuantiosos recursos financieros otorgados en créditos bajo criterios proselitistas a personas sin capacidad o experticia en la actividad agropecuaria, en el abandono de la infraestructura de soporte agrícola, en la creación de una amplísima burocracia distribuida en múltiples empresas públicas y organismos gubernamentales que, lejos de ayudar, entraban la producción de alimentos y en el privilegio a las importaciones masivas de alimentos en detrimento de la producción nacional, todo ello aunado al clima de inseguridad física prevaleciente en el medio rural y el lenguaje de descalificación de los sectores productivos por parte de los voceros oficiales, se ha traducido en un ambiente de desestimulo y en la pérdida de confianza de los productores y empresarios para adelantar nuevas iniciativas de inversión y desarrollo.
De todo ello se desprende, que sencillamente se están cosechando los frutos de lo que durante más de una década se ha sembrado, lo que se ha traducido en una escasa o reducida producción nacional, que ya tampoco las disminuidas divisas permiten sustituir para traer todo del exterior.
Noticias del Observatorio:
Durante el mes de octubre el observatorio realizó una reunión con el Instituto Interamericano de Cooperación para la agricultura – Venezuela (IICA) para prever mecanismos de articulación y trabajo conjunto. Al mismo tiempo se desarrolló una reunión con la Federación Campesina Bolivariana de Venezuela (FCBV) para la definición y construcción de un proyecto de fortalecimiento del liderazgo campesino. De ambas reuniones se profundiza en una primera fase de proyecto de capacitación a líderes campesinos con la participación del IICA, la FCBV y Acción Campesina.
Alertas sobre nuevas publicaciones, informaciones y noticias:

• Podría venir aumento del precio de la papa – Últimas Noticias
• FEDEAGRO: Regulación de precios afecta la producción agrícola – El Siglo
• 450 mil toneladas de papa menos para el mercado nacional para 2015 – El informador

Sección legal:
El año 2008 el Gobierno Bolivariano promulgó en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N°5.889 Extraordinario, el Decreto 6071 del 14 de mayo de 2008: Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria.
En el Capítulo I: en sus Disposiciones transitorias, el decreto de Ley establece: “El presente decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica tiene por objeto garantizar la seguridad y soberanía agroalimentaria, enconcordancia con los lineamientos, principios y fines constitucionales y legales en materia de seguridad y defensa integral de la nación, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la Ley que regula las tierras y el desarrollo agrario”

Nuestros países suelen tener instrumentos jurídicos extremadamente generosos en derechos ciudadanos; pero está claro que contemplar derechos en las Constituciones y en la Leyes no es ninguna garantía de su cumplimiento. Un ejemplo notorio es la ley que comentamos en este boletín: El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria. Desde el 2008 los venezolanos disponemosde esta Ley para garantizar nuestra alimentación y nunca como antes en la historia contemporánea del país
hemos tenido tan altos niveles de escasez.

En esta Ley, como en otros instrumentos jurídicos, se estableces controles en abundancia y se crean las justificaciones para expropiar predios agrícolas y agroindustrias. Estas disposiciones legales son la verdadera explicación para el desabastecimiento actual y no la “guerra económica” que argumenta el gobierno. La búsqueda idealista del bien colectivo conduce la tragedia de la inflación y la escasez.

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