Boletín # 6 del Observatorio Venezolano de Tierras, Ambiente y Pobreza Rural

El tejido organizacional agrario en Venezuela se desarrolló tarde (ya bien entrado el siglo XX), tuvo un período de florecimiento entre los 50’s y los 90’s, y un declive a partir del año 2000. Las razones para esta declinación son diversas pero se podría decir que la principal ha sido el empeño que ha puesto el gobierno bolivariano en crear organizaciones campesinas y empresariales afectas a su proyecto político a las que se ha legitimado como sus únicas interlocutoras, además de fortalecerlas con recursos financieros.
Esta afirmación revela que las organizaciones agrarias que han nacido al amparo del Estado deben su existencia a la necesidad de contar con una Sociedad Civil que legitime al gobierno; sin embargo esta condición las inhabilita en su origen, para contrariar o enmendar las políticas públicas, por más que ellas afecten negativamente al sector agrario. De tal manera que, en esencia, estas organizaciones no cumplen con una de las funciones primordiales de la Sociedad Civil que es representar genuinamente los intereses de sus componentes.
Por otro lado las organizaciones tradicionales que históricamente han tenido una interlocución crítica con el Estado se han visto desplazadas e invisibilizadas por un gobierno que les ha venido negando el dialogo abierto.

Sin embargo, la crisis de la agricultura es tan honda y el desabastecimiento es tal alto, que no ha habido más remedio que reiniciar una interlocución que jamás se debió haber interrumpido. Esta nueva coyuntura es una oportunidad que se abre a las organizaciones agrarias para posicionar agendas que trasciendan los temas meramente reivindicativos (precios de productos,
cuotas de importación, acceso a los insumos), que sin duda son importantes y urgentes pero, no por ello, deben seguir postergando la atención a las causas estructurales que afectan al sector agrario.

Noticias del Observatorio:
Durante el mes de agosto se desarrolló el encuentro de actores sociales del Observatorio Venezolano de Tierras, ambiente y pobreza rural. Este evento contó con la participación de diversas organizaciones del sector rural y ambiental, así como varias personalidades, especialmente ex directivos gremiales y especialistas en áreas tales como el derecho agrario, la agronomía, la sociología rural y los asuntos ambientales.

Al mismo tiempo se validó el diseño web, la estructura de las bases de datos y la plataforma del sitio de internet que albergará la información recopilada por el observatorio.

Alertas sobre nuevas publicaciones, informaciones y noticias:
La cultura asociativa en Venezuela – Manuel Gómez Naranjo, Acción Campesina
Informe primera reunión de actores de la sociedad civil
La semilla de la discordia – El Nacional
Campesinos acusan al gobierno de ser el nuevo latifundista – El Nacional
Sección legal:
Los artículos 52, 70 y 118 de la Constitución, entre otros, garantizan el derecho de “asociación”, de “participación política y social” y de “desarrollar asociaciones de carácter social y participativo”. Estos dispositivos constitucionales constituyen el fundamento básico para hacer realidad la participación ciudadana en los asuntos públicos que les concierne. Por otra parte, el artículo 168 de la misma Constitución establece que “Los Municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional, …”, más adelante el artículo 184 señala que “La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos, …”
Ahora bien, es un hecho reconocido que la participación popular en los ámbitos político, social, económico, cultural y ambiental, para que realmente sea efectiva y responda a los intereses mayoritarios de las comunidades, debe ser activa, libre, consciente y responsable, lo cual exige un alto grado de organización de la población que galvanice en torno a objetivos comunes la pluralidad de personas, la multiplicidad de intereses, la diversidad y especialidad de tareas y actividades. Para ello las organizaciones deben ser auténticas comunidades que funcionen conformes a la vigencia de una verdadera democracia interna, con fines lícitos, totalmente autónomas frente al Estado, los partidos políticos, los intereses económicos y las creencias religiosas, deben igualmente manejarse con criterios de eficacia y eficiencia y subordinarse a las exigencias del bien común.
De igual modo es un hecho aceptado, que el principal obstáculo para el establecimiento y vigencia de la democracia participativa, que es el concepto de fondo que está planteado en la Constitución, lo constituye el intervencionismo burocrático, concentrador y centralizador del poder, que solo fomenta el paternalismo y la pasividad de los ciudadanos.

Las citadas consideraciones sirven de fundamento para cuestionar la pretensión del Estado, de querer controlar de manera absoluta a la sociedad civil mediante la imposición de un modelo organizativo centralista, ideologizante, anticonstitucional y mutilador de la cultura asociativa, como es el que está postulado en las Leyes Orgánicas de Consejos Comunales y de las Comunas.

Ambos instrumentos legales adolecen de vicios intervencionistas, discriminadores e inconstitucionales, que desnaturalizan la esencia de la organización social al convertir a esta en un mero instrumento del gobierno para ideologizar y controlar a los ciudadanos. El solo hecho de fijarle como objetivo al sistema comunal “la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista”, ya consagra una odiosa e inaceptable discriminación totalmente contraria al espíritu, propósito y razón de la Constitución Nacional que en su artículo 2 define al Estado venezolano como “democrático y social de derecho y justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”

Por otra lado, la misma Constitución de la República reserva al Poder Público Municipal, y no a un Ministerio del Poder Central, la facultad de crear entes desconcentrados y transferirles competencias que contemplen la participación ciudadana

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