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Se quedan sin derechos

KEILYN ITRIAGO MARRUFO SALIDA DE CIDH | DERECHOS LGBTI

Salida de Venezuela de la CIDH afecta a las comunidades LGTBI. Ya no podrán presentarse casos particulares por violación al derecho a la salud. Denuncias sobre maltratos y discriminación por motivos de sexo tampoco llegarían a la instancia interamericana

KEILYN ITRIAGO MARRUFO
A pocos días de que se concrete la salida de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Feliciano Reyna, director de la ONG Acción Solidaria, rechaza el costo que esto representa para las víctimas de Sida que padecen ante la negligencia médica y la desigualdad de derechos de la población LGTBI.

Lo más grave a su juicio, es que cuando ocurran casos como los que han pasado, donde los problemas de acceso a medicinas antirretrovirales alcanzan hasta tres años sin resolverse, las acciones que se intentaran en el país y que no tuvieran respuestas en la jurisdicción interna nacional, no podrán llevarse de manera personal a la instancia internacional para una búsqueda de justicia.

Reyna explica que si algunas personas, identificadas con nombre y apellido, quisieran reclamar el incumplimiento por ejemplo de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que obliga al Ministerio de Salud a dar sin interrupciones el tratamiento antirretroviral y a proveer las pruebas de control y seguimiento, ya no tendrían la posibilidad de presentarse a partir de este martes 10 como un caso de violación al derecho a la salud y a la vida para que la Comisión estudiase la posibilidad de remitir el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

No obstante, asegura que la denuncia de la Convención Americana no implica de ninguna manera que el Estado venezolano pueda zafarse de la supervisión y de las recomendaciones internacionales.

“Lo que las personas sí pueden seguir haciendo permanentemente es que si eso está ocurriendo lo pueden informar y pueden incluso pedirle que emita algún tipo de posición para las personas con VIH en el país”.

QUE SE ECHE PARA ATRÁS
Hasta ahora, según conoce el también integrante de Foro por la Vida, casos particulares de este tipo no han llegado hasta la Corte, porque generalmente las acciones internas, como comunicados y protestas, han logrado que se solvente la situación por un periodo de tiempo.

“Pero lo importante es que se sepa que tienes la instancia en caso de que se quisiera denunciar ante la injusticia de tu país”, agrega.

En la misma situación de orfandad quedarían las denuncias que integrantes de la población diversosexual del país quisieran presentar por casos de discriminación en la administración pública o por agresiones de cuerpos policiales; más aún con la demostrada inexistente de separación de poderes.

De existir un cambio de Gobierno que quisiera revertir la decisión de retiro del sistema interamericano, el retorno no sería difícil pues sólo bastaría una nueva ratificación de la Convención.

“De hecho lo que estamos solicitando desde la coalición de organizaciones de derechos humanos de las américas es que el Estado deje sin efecto la denuncia, enviando una carta en la que diga que se deja sin efecto el documento que se introdujo el año pasado”.

Eso también es justamente lo que ha solicitado el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien ha pedido a los cuatro presidentes integrantes del Mercosur su intermediación

Publicado por  TAL CUAL