Gestión de ayuda humanitaria no debe politizarse ni militarizarse

(Mérida, 31/08/2021).- La emergencia causada por el desastre natural que dejaron las lluvias en el Valle del Mocotíes de Mérida ha sido motivo de comisión de abusos por parte de funcionarios militares y personas vinculadas a partidos políticos. La Ley de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, vigente desde el 13 de noviembre de 2001, establece en su artículo 28 que es el gobernador y el alcalde, en sus respectivos ámbitos territoriales, quienes tienen “la  máxima  autoridad ejecutiva en materia de Protección Civil y  Atención de Desastres”.

Jehyson Guzmán, quien fue designado por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro como “protector” del estado Mérida, un cargo que no existe en la Constitución nacional, ha usurpado funciones en esta coyuntura que son propias del gobernador. Así mismo, personas identificadas como miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) han interferido en la entrega de ayuda humanitaria en los municipios afectados por esta emergencia.

Por su parte, la actuación de militares está consagrada en el artículo 33 de dicha ley así: “Las unidades de la Fuerza Armada Nacional y de los órganos de seguridad ciudadana, estarán a disposición de la autoridad competente y actuarán bajo las órdenes de sus mandos naturales”. No es mandato natural del poder militar ordenar unilateralmente cuándo, cómo ni cuál ayuda humanitaria ingresa a una zona declarada en emergencia por un desastre natural.

Obstáculos afectan y politizan entrega oportuna de ayuda humanitaria

Además de asumir funciones que no les competen, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y del Ejército han puesto obstáculos en la llegada de la ayuda humanitaria a las zonas afectadas por las lluvias en Mérida. El pasado 27 de agosto impidieron el paso por más de cinco horas en la alcabala dispuesta frente a la Hacienda La Victoria, en la vía que comunica a los municipios del Valle del Mocotíes. Alegando que respondían a “órdenes de sus superiores”, los militares no permitieron durante este lapso de tiempo que pasaran donaciones de alimentos, algunos incluso perecederos, así como tampoco miembros de organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas a prestar ayuda humanitaria.

Al día siguiente, el sábado 28 de agosto, civiles a bordo de motocicletas, identificados como militantes del PSUV, impidieron que un camión que trasladaba suministros médicos y hospitalarios descargara en el Hospital II San José de Tovar. El hecho ocurrió en horas de la noche y fue reportado al Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) por trabajadores de este centro asistencial. Una enfermera denunció al equipo jurídico de este observatorio que el motorizado al mando le dijo que si necesitaba suministros médicos, los fuera a buscar a la Escuela Básica “Coronel Antonio Rangel”, lugar a donde obligaron el desvío del camión.

Luego, el domingo 29 de agosto, funcionarios militares interceptaron un camión con donaciones recolectadas por la organización católica Cáritas Venezuela, preguntándole al Obispo Auxiliar de Mérida, Monseñor Luis Enrique Rojas, si había solicitado autorización a un General para entregar esa ayuda.

La ayuda humanitaria es un derecho internacional consuetudinario consagrado como Derecho Internacional Humanitario (DIH) y Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH). El 27 de marzo de 2019 el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución sobre Ayuda Humanitaria en Venezuela, en donde insta a las instituciones públicas del país, en especial las fuerzas militares y policiales, “a que se abstengan de bloquear el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela, dando el debido respeto a los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia operativa de la asistencia humanitaria, así como el respeto de los derechos humanos”.

Lejos de ayudar en la gestión oportuna y eficaz del desastre natural que afecta a cientos de familias en al menos cinco municipios del estado Mérida, la ilegal y arbitraria actuación de militares y personas vinculadas al Psuv en esta coyuntura perjudica a los afectados y retrasa la resolución de esta emergencia.

Leyenda fotografía :Funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) obstaculizaron entrega de ayuda humanitaria recolectada por Cáritas Venezuela que fue llevada a Tovar por el Obispo Auxiliar de Mérida. Foto: cortesía Twitter.

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