Boletín 49 OEV | Observación electoral, fundamental en las parlamentarias

Caracas, primera quincena de 2020

Una decena de garantías ofrecidas por el gobierno apuntan a generar confianza ante la comunidad internacional sobre el proceso electoral 2020. El OEV las contrasta y hace sus apuntes: electores desconocen el sistema automatizado de votación, el ventajismo ya empezó a manifestarse en medios públicos y organismos desaconsejan la tinta indeleble en pandemia

a observación electoral independiente está siendo un elemento de primer orden en el contexto electoral de Venezuela. Los tiempos y los debidos procesos, sin embargo, parecieran jugar en contra en el caso de los organismos internacionales convocados a las elecciones parlamentarias 2020.

La Unión Europea asomó a través de una portavoz, el 11 de septiembre, que “el tiempo ya es demasiado corto” para desplegar una Misión de Observación Electoral si la autoridad venezolana no retrasa la votación más allá del 6 de diciembre. Nicolás Maduro ya había dicho tres días antes que “llueva, truene o relampaguee estas elecciones tienen que hacerse de todas todas”.

Por lo general, y como se ha visto frente a otros procesos del mundo, la UE requiere alrededor de seis meses para su organización. Europa no observa un proceso electoral en Venezuela desde la elección presidencial de diciembre de 2006, cuando validaron el resultado electoral al tiempo que cuestionaron “problemas persistentes” de ventajismo a favor de la tendencia gubernamental.

Portavoces de la Organización de Naciones Unidas han precisado en el pasado que la observación electoral de la ONU requiere el mandato del Consejo de Seguridad o la Asamblea General. En el primer caso, el artículo 27 de la Carta de las Naciones Unidas dispone que haría falta el voto afirmativo de nueve de sus 15 miembros, sin que ninguno de los cinco permanentes se oponga; en el segundo, conforme al artículo 18 de la misma carta, debe mediar el voto de la mayoría de los miembros presentes y votantes (de 193, en total).

La ONU no ha observado ningún proceso electoral nacional, aunque Venezuela le ha extendido antes la invitación, por ejemplo, para las cuestionadas presidenciales de 2018.

Existen otras figuras intermedias, como por ejemplo las veedurías técnicas de expertos, que también pueden estar sobre el escenario.

El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, envió el 1 de septiembre una carta a Antonio Guterres, secretario general de la ONU, y a Josep Borrell, alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en la cual los invitan “como observador y acompañante internacional” de las elecciones parlamentarias 2020. Venezuela lo hace con la seguridad -se lee- de que una serie de garantías acordadas serán consideradas como parte de las medidas de generación de confianza.

Garantías ofrecidas

En la carta se afirma que el Estado “ha convenido un marco de garantías para una participación electoral equilibrada, incluyente y democrática apegadas con el orden jurídico vigente”. De su lectura es posible listar las siguientes:

  1. Una serie de auditorías previstas en todas las etapas del proceso electoral, profundizando en las referidas a los procesos de seguridad y confiabilidad del sistema automatizado de votación.
  2. Una serie de ajustes al cronograma electoral que permitan promover la participación y la más amplia difusión de las ofertas electorales. Se da garantía del “estricto equilibrio en el acceso y la cobertura objetiva de la campaña y de estas ofertas electorales tanto en los medios de comunicación públicos como privados y procurándose lo mismo en las plataformas de redes sociales”.
  3. Garantizan que cada partido político recibirá todos los elementos técnicos y logísticos necesarios para verificar la “pulcritud del proceso”, incluyendo la publicación del “resultado electoral, como siempre, centro por centro y mesa por mesa”.
  4. Especial énfasis en “garantizar y facilitar de manera plena la libre movilidad territorial por cualquier medio de todos los involucrados en el proceso de elección”.
  5. Se mantiene el protocolo de auditoría ciudadana establecido desde 2006.
  6. En apego a la Constitución, se afirma que “no se utilizarán los recursos del Estado para actividades de corte proselitista en la campaña electoral”.
  7. Sobre los electores integrantes de juntas y mesas, que ya fueron seleccionados, se promete que “serán convocados masiva y públicamente” y que, en caso de ausencia, “serán reemplazados de manera equilibrada”.
  8. El gobierno acordó que los “puntos partidistas desplegados en las calles solo durarán hasta el cierre de la campaña electoral”.
  9. Se lee que “se solicitará al Consejo Nacional Electoral la inclusión de la tinta indeleble”.
  10. Se habla del establecimiento de una comisión “concertada y equilibrada” para monitorear el proceso y abordar los impasses e inconvenientes que puedan surgir. La Cancillería dice que estas garantías son resultado de un “intenso proceso de diálogo”.

El OEV presenta seis apuntes relacionados con aspectos específicos de la carta:

Observadora electoral
Los observadores son ciudadanos capacitados para observar, registrar y transmitir durante la o las jornadas de votación, y para defender, investigar, divulgar, formar, conectar y relacionar, a lo largo del proceso electoral.

1. Sobre la observación electoral

Unas buenas elecciones requieren niveles razonables de confiabilidad. Y, para alcanzarlos, la observación electoral independiente ha llegado a ser, con el paso de los años, parte necesaria de los protocolos de los procesos electorales en el mundo entero.

En muchos países, los ciudadanos conforman equipos de observación electoral capacitados para evaluar exhaustivamente, con base técnica y sin sesgo político, distintas fases de los procesos electorales, para luego informarlos a la gente y así contribuir a una participación más consciente y responsable.

La observación electoral puede ser nacional, realizada por organizaciones propias del país debidamente acreditadas por la autoridad electoral; e internacional, hecha por misiones desplegadas en el país por parte de organizaciones internacionales públicas (como la ONU o la UE) o fundaciones privadas (como el Centro Carter, que tuvo actividad en Venezuela en la década pasada) invitadas por la autoridad electoral.

Para que se hable propiamente una observación electoral existen metodologías, protocolos, especializaciones y capacidad demostrada en procedimientos y técnicas electorales por parte de estas organizaciones.

La observación de procesos electorales se orienta a identificar y prevenir errores o distorsiones que puedan afectar su naturaleza y resultados. Es tarea irrenunciable de las organizaciones de observación electoral evaluar los procesos electorales, denunciar violaciones e irregularidades que ocurran en su marcha y exigir respeto al derecho al sufragio de todos.

En Venezuela, el Reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales diferencia “la observación nacional electoral y el acompañamiento internacional electoral”, estableciendo que ambas tienen como propósito presenciar, de manera imparcial e independiente, la transparencia de los procesos electorales.

En la práctica, acompañamiento no es observación.

Los llamados acompañamientos internacionales terminan siendo más restrictivos, en tanto las misiones suelen llegar al país pocos días antes de las votaciones, sin hacer observación del resto del proceso electoral.

En comicios anteriores la autoridad electoral venezolana ha resuelto invitar a determinados ciudadanos provenientes de otros países que se han destacado por su conocimiento, trayectoria y reconocida labor en materia electoral para que sirvan como acompañantes. Difícilmente estas personalidades tienen margen para desplegar procedimientos y técnicas de observación electoral independiente.

En un escenario de equilibrio y respeto a la norma, la observación electoral, nacional e internacional, se complementan.

La observación electoral nacional cuenta con la fortaleza de que conoce el escenario nacional y despliega equipos en todos los estados del país. En el caso del OEV, ha desplegado desde 300 y hasta 700 observadores electorales y ha hecho observación electoral de tres elecciones presidenciales (2012, 2013 y 2018), dos elecciones de gobernadores (2012 y 2017), tres elecciones municipales y/o de concejos municipales (2013, 2017 y 2018), una elección parlamentaria (2015), además de otros procesos como el intento de convocatoria de un referendo revocatorio presidencial (2016), la consulta del 16-J (2017) y la validación de partidos políticos (2018).

Los organismos que hacen observación electoral internacional, entre tanto, tienen equipos permanentes de trabajo sobre los asuntos electorales, llevados de manera profesional, con técnicas y procedimientos electorales. Igualmente, la observación electoral internacional encuentra alta capacidad para difundir los mensajes de los resultados de esa observación.

La sinergia entre estos dos tipos de observación electoral resulta muy positiva para las elecciones, los sistemas electorales y la salud democrática de cualquier país.

En la actual coyuntura, las medidas que impone el contexto de pandemia también deben ser consideradas, desde luego, en la observación electoral de todo proceso.

En el cronograma de este proceso electoral 2020 no se contempla actividad alguna, por lo menos no de manera explícita, referida a la observación electoral nacional ni a la observación internacional. En el cronograma 2015, su actividad número 83 sí estuvo referida al “Programa de acompañamiento internacional electoral”. Entonces participamos cinco organizaciones nacionales junto a por lo menos tres internacionales.

#EnContexto

2. Sobre las auditorías

El cronograma electoral del proceso parlamentario 2020 contempla 15 auditorías. A mediados de septiembre se han realizado dos, de acuerdo con la planificación establecida. Se ha informado que estas han tenido participación de representantes de los partidos políticos, pero se ignora si ha sido incorporada la observación electoral independiente, como en procesos anteriores.

En la carta de la Cancillería se afirma que se profundizará en las auditorías referidas a los procesos de seguridad y confiabilidad del sistema automatizado de votación. Sin embargo, luego del incendio de marzo de 2020 en Mariches que causó la destrucción de buena parte de las máquinas electorales, la opinión pública mantiene grandes interrogantes sobre el sistema automatizado de votación que se utilizará el 6 de diciembre.

En nota de prensa, el 1 de septiembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que había sido presentada en directorio la “nueva solución tecnológica electoral” que será utilizada en las parlamentarias. A grandes rasgos, se indicó que “fortalece nuestro sistema electoral”, que se podrá ejercer el derecho al voto “de manera segura y confiable” y que, de este modo, “se mantiene la confiabilidad y la transparencia del proceso electoral”, el cual es “verificable y auditable en cada unas de sus fases”.

Los venezolanos, sin embargo, están en el derecho de conocer de manera precisa y detallada sobre el proveedor de los equipos, las licitaciones, el software y el hardware, si se votará directamente en la pantalla o en una boleta electrónica, entre otras tantas dudas que persisten, a la fecha, en relación con el sistema automatizado de votación.

Siendo la primera vez que se usará este sistema, el escrutinio público de los distintos actores políticos y de la sociedad civil mediante estas auditorías cobra una importancia mucho mayor.

Auditorías
Ante los representantes de las organizaciones con fines políticos nacionales vigentes, el 18 de julio el CNE dio inicio a la Auditoría del Sistema Automatizado de selección de los organismos electorales | Foto CNE

3. Sobre el equilibrio en medios

Por lo menos dos reuniones virtuales del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el 3 de agosto (1 hora y 35 minutos) y el 17 de agosto (2 horas y 16 minutos); otra videoconferencia pública con el movimiento de la alianza electoral oficialista Somos Venezuela, el 28 de agosto (1 hora y 17 minutos); el acto de presentación del comando de campaña de la coalición gubernamental Gran Polo Patriótico, el 8 de septiembre (2 horas y 16 minutos), y la juramentación de candidatos de la llamada Unidad Revolucionaria en Caracas, el 10 de septiembre (45 minutos) han sido cinco actos mediáticos recientes, de carácter partidista y electoral, que van configurando un patrón de acceso desigual a la promoción de ofertas electorales que contraviene lo ofrecido por el canciller Arreaza en su carta a la UE y la ONU.

Estos actos han sido transmitidos por el canal del Estado y retransmitidos por estaciones de radio públicas y, en algunos casos, por televisoras privadas, sin que medie en estos casos la figura de cadenas nacionales o transmisiones conjuntas de radio y televisión. Sobre el tema, el exgobernador y ex candidato presidencial Henrique Capriles criticó que “ahora simulan que no hay cadena, pero obligan a todos los canales a pegarse a la señal del canal 8; eso es inaceptable”, dijo en entrevista con Efecto Cocuyo el 8 de septiembre.

“Ahora simulan que no hay cadena, pero obligan a todos los canales a pegarse a la señal del canal 8”

Exgobernador Henrique Capriles

Tanto el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Electoral como el artículo 3 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales establecen que el Poder Electoral debe garantizar la igualdad e imparcialidad de los procesos electorales y que el proceso electoral se rige, entre otros, por principios de imparcialidad, equidad e igualdad.

La campaña electoral, según cronograma, no empieza sino hasta el 19 de noviembre; a la fecha, todavía no ha sido publicado el reglamento que la regirá. La autoridad electoral debe vigilar y exhortar a evitar los ventajismos en el acceso a difusión de candidaturas antes del inicio formal del lapso de campaña, que en este proceso parlamentario será de escasos 15 días.

Asimismo, sobre la garantía ofrecida de la no utilización de los recursos del Estado para actividades de corte proselitista en la campaña electoral, esta es una obligación no solo durante el lapso específico de la campaña, sino que debe ser extensiva a todo el curso del proceso electoral.

4. Sobre la publicación de resultados

La publicación de resultados electorales centro por centro y mesa por mesa fue incumplida en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente del año 2017, lo cual sumó nuevas dudas a un proceso electoral que arrastró inobservancias de la norma desde su convocatoria y diseño y hasta la auditabilidad de esa votación.

El OEV ya ha advertido que en el cronograma 2020 figura como una actividad la “Publicación de resultados electorales en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela (www.cne.gob.ve)”, con una duración de 30 días siguientes a la proclamación. Pero en el cronograma 2015 fueron separadas como dos actividades distintas la “Publicación de resultados electorales en www.cne.gob.ve” (2 días, 6 y 7 de diciembre de 2015) y la “Publicación de resultados electorales en la Gaceta Electoral” (dentro de los 30 días siguientes a la proclamación).

5. Sobre los puntos partidistas

El OEV ha definido los puntos partidistas como la presencia de una fuerza política en los alrededores de los centros de votación en un tiempo prolongado durante la jornada electoral. No necesariamente tienen una estructura muy elaborada, pueden estar constituidos por pocos militantes con listas para registrar votantes, como grandes toldos con computadoras y artefactos para escanear el Carnet de la Patria (este último solo en caso de los “puntos rojos”).

Tienen como objetivo rastrear, movilizar o informar al electorado acerca de cómo votar por una de las opciones específicas. Y es, así mismo, una manera de llevar el control al momento sobre quiénes han votado y quiénes no.

El oficialismo ha convertido en regla y no en excepción el despliegue de los llamados “puntos rojos” durante jornadas de votación anteriores. En las cuestionadas elecciones presidenciales de 2018, durante su observación electoral el OEV documentó que en ocho de cada diez centros observados se evidenció la presencia de puntos partidistas a favor del oficialismo, mientras que solo en uno de cada diez se reportaron puntos partidistas opositores.

La solicitud del Carnet de la Patria, el registro de votantes y la orientación al voto hacia el candidato a la reelección fueron las principales actividades realizadas entonces en estos puntos oficialistas.

El OEV saluda el anuncio del gobierno de no desplegar sus “puntos rojos” durante la o las jornadas de votación de las parlamentarias 2020; una acción que, en procesos anteriores, ha añadido otra cuota de ventajismo y coacción a los comicios. Esperamos que ese ofrecimiento se materialice.

tinta indeleble
La tinta indeleble se usó hasta las parlamentarias de 2015 | Foto archivo OEV

6. Sobre la inclusión de la tinta indeleble

En tiempo de pandemia, cada elección en el mundo implica la garantía de nuevas condiciones sanitarias que reduzcan los riesgos de contagio.

En su manual “Safeguarding Health and Elections”, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES, por sus siglas en inglés) dice que si se usa tinta indeleble para marcar a los votantes que emitieron sus votos, los árbitros deberían animar a los votantes a desinfectar sus manos usando algún método recomendado y secándolos completamente antes de aplicar la tinta en los dedos y las uñas.

En este caso, los votantes deben también permitir que la tinta se seque antes de desinfectar sus manos nuevamente para obtener mejores resultados. Las autoridades, dicen, deben considerar los productos de tinta que vienen en envases autoaplicables, como botellas, para evitar la necesidad de contacto entre trabajadores electorales y votantes.

La OEA, por su lado, llama a evaluar antes los riesgos. En su “Guía para organizar elecciones en tiempos de pandemia” dicen que los órganos electorales debieran consultar a fabricantes, así como con expertos y autoridades de salud, los riesgos que supone la tinta indeleble. “Se puede explorar con ellos alternativas o modalidades que reduzcan las posibilidades de contagio o que evite que la persona deba apoyar su dedo directamente en la tinta”.

A diferencia de procesos anteriores, en el de las parlamentarias 2020 no figura auditoría de tinta indeleble en el cronograma.

En Venezuela se usó tinta indeleble en elecciones desde 1964 hasta 2015. Se dejó de emplear para la escogencia de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017, luego de que la Universidad Central de Venezuela, fabricante del producto, cuestionara la naturaleza democrática de ese proceso. Tampoco fueron entintados los dedos de los votantes durante las más recientes elecciones de gobernadores y alcaldes de 2017, en las cuestionadas presidenciales de mayo de 2018 ni en las elecciones de concejales de finales de ese mismo año.

#EnContexto

En resumen, se espera que en breve la ONU y la UE ofrezcan una contestación formal en términos más concretos a la carta de la Cancillería. El reciente adelanto extraoficial de la UE no niega de plano la posibilidad de enviar expertos, sino que sugiere que lo mejor es posponer la votación. “Se deben cumplir las condiciones mínimas para elecciones creíbles, inclusivas y transparentes” para el despliegue de una misión, dijo la portavoz. En todo caso, se prevé que cualquier observación electoral será, en gran medida, a través de la modalidad virtual.


Ni el chavismo ni la oposición que participa lograron perfecta unidad en sus alianzas

El Consejo Nacional Electoral anunció el 5 de septiembre que recibió “más de 3.300 postulaciones por parte de las organizaciones con fines políticos” y que igualmente fueron presentados los nombres de “más de 14.400 candidatos y candidatas” como opciones para que los venezolanos elijan el 6 de diciembre a los diputados a la Asamblea Nacional.

La actividad “Presentación de postulaciones” quedó fijada en el Cronograma Electoral entre el 10 y el 19 de agosto, pero el CNE la prorrogó 16 días más, hasta el 4 de septiembre. No fue informado de manera amplia ni oportuna en cuáles lapsos fueron reprogramadas actividades subsiguientes como la presentación y decisión de posibles recursos en contra de la admisión o rechazo de las postulaciones.

La Ley Orgánica de Procesos Electorales establece (artículo 65) que los interesados “podrán interponer recurso contra postulaciones ante el Consejo Nacional Electoral, dentro de los cinco días continuos siguientes a la publicación de la decisión en la cartelera electoral del respectivo organismo electoral”. Luego, (artículo 68) recibido el recurso contra postulaciones, la instancia sustanciadora del Consejo Nacional Electoral se pronunciará sobre su admisibilidad dentro de los cinco días continuos siguientes a su recepción.

El 9 de septiembre se efectuó en Caracas el acto de escogencia de posición en el instrumento de votación de los partidos políticos nacionales; por redes se conoció que el 11 de septiembre, en las oficinas regionales se cumplió el mismo procedimiento para los partidos políticos regionales.

Sin embargo, la primera versión del Cronograma Electoral (que no actualiza los ajustes necesarios derivados de las dos prórrogas dadas a la presentación de postulaciones), estableció que el lapso para la actividad “Acto de escogencia posición en la boleta electoral electrónica” era del 7 al 9 de septiembre.

boleta electoral
Así quedó la posición de las tarjetas de los partidos nacionales, de acuerdo con esta foto publicada en la cuenta de Twitter del rector José Luis Gutiérrez; el CNE hasta el domingo 13 no había publicado de manera oficial cómo quedó el instrumento.

¿Quiénes y cómo van a la cita electoral?

Tanto el oficialismo como los sectores de oposición que participan conformaron distintas alianzas que, a continuación, describimos:

Alianza Democrática: la conforman Acción Democrática (AD), con la mesa directiva ad hoc impuesta por el TSJ en junio de 2020, que encabeza Bernabé Gutiérrez; el ala del partido socialcristiano Copei que tiene como secretario general a Juan Carlos Alvarado, nombrado por el TSJ en diciembre de 2019; El Cambio, plataforma del ex candidato presidencial Javier Bertucci; Avanzada Progresista, cuyo líder es el ex candidato presidencial y ex gobernador de Lara Henri Falcón; y Cambiemos, la formación política de Timoteo Zambrano.

En rueda de prensa indicaron que inscribieron candidatos en todos los estados y en las 87 circunscripciones. Alianza Democrática no tiene tarjeta propia, pero Bertucci informó que lograron los mismos candidatos para ser votados en las tarjetas de estos cinco partidos.

Javier  Bertucci
La Alianza Democrática ofreció rueda de prensa el 8 de septiembre | Foto Twitter de Javier Bertucci

Alianza Venezuela Unida: la encabeza el diputado de la Asamblea Nacional Luis Parra, vinculado a Primero Justicia (PJ), quien declaró a los medios el 4 de septiembre luego de presentar sus postulaciones. Lo acompañan legisladores que lo apoyaron el 5 de enero en la constitución de su junta directiva, entre ellos José Gregorio Noriega, a quien el TSJ entregó la conducción del partido Voluntad Popular (VP) en julio de 2020.

La tarjeta de Primero Justicia no aparece luego de la escogencia de posición en el instrumento de votación. El 4 de septiembre, último día de postulaciones, la Sala Constitucional del TSJ, en sentencia Nº 0128, decidió suspender la medida cautelar de tutela constitucional contenida en el numeral 2 del dispositivo tercero de su sentencia N° 0072, de fecha 16 de junio de 2020.

La referida sentencia fue la que intervino judicialmente la dirección nacional de PJ. El dispositivo suspendido fue el que acordaba el nombramiento de una junta directiva ad hoc presidida por el diputado José Brito, como coordinador nacional.

Se conoció que esta alianza se expresa en la boleta con las tarjetas de Venezuela Unida (con un diseño azul, que se asemeja a la anulada tarjeta de la MUD), Primero Venezuela (en tipografía aurinegra, colores de Primero Justicia) y la tarjeta naranja de Voluntad Popular, que está bajo control de la directiva ad hoc nombrada por el TSJ en julio de 2020.

Venezuela Unida y Primero Venezuela no estaban en la lista de las 30 organizaciones políticas nacionales vigentes para estas elecciones, en la más reciente actualización al 3 de julio que ha sido publicada en la web del CNE.

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